Dolores Delgado en un momento de su discurso.

Es un auténtico placer asistir a este acto de entrega de la novena edición del Premio Gumersindo de Azcárate que organiza el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Y lo es más para concedérselo al Tribunal Constitucional, en la persona de su presidente, Juan José González Rivas, y estando rodeada de tantos amigos.

Muchas gracias María Emilia por invitarme nuevamente a participar en este acto.

Además, personalmente guardo mucho cariño a este evento ya que fue el primer acto al que acudí tras ser nombrada Ministra de Justicia. Y, ahora, será uno de los últimos de esta legislatura antes de que empiece oficialmente la campaña electoral. Por lo que puedo decir que, de momento, mi ejercicio como ministra ha estado marcado por los registradores y Gumersindo de Azcárate.

Para aquellos que no lo conozcan, la persona que da nombre a estos premios, Gumersindo de Azcárate Menéndez, fue un jurista, pensador, historiador, catedrático y político que vivió a caballo entre el siglo XIX y XX.

Curiosamente, se licenció en Derecho el mismo año en que se aprobó la primera Ley Hipotecaria (1861), la ley que creó la profesión de registrador de la propiedad, constituyéndose al mismo tiempo la Dirección General de los Registros y del Notariado, de la que sería letrado ese mismo año.

Pero, además, debido a su pensamiento krausista, participó en la creación de la Institución Libre de Enseñanza junto a Francisco Giner de los Ríos y sería expulsado de la universidad por sus ideas progresistas.

Dolores Delgado felicitó al Colegio de Registradores por esta iniciativa y por el acierto en reconocer este año al Tribunal Constitucional.

Como presidente del recién creado Instituto de Reformas Sociales, organismo que fue el verdadero impulsor de la reforma social en España, se planteó unos objetivos ambiciosos y totalmente progresistas.

Algo que también llevaría a cabo en su faceta como político, ya que fue el impulsor de la conocida como Ley Azcárate o “Ley de Represión de la Usura”, aún vigente en España. La idea fundamental de dicha norma era evitar las condiciones leoninas que los usureros imponían, y lograr una mayor protección del usuario.

Relacionando ese ámbito de protección con el galardonado de esta edición, no puedo estar más de acuerdo con la decisión final.

“Podemos afirmar rotundamente que el Tribunal Constitucional es una de las piedras angulares que sostienen la arquitectura de nuestro Estado social y democrático de Derecho”

En los últimos meses hemos hablado mucho de nuestra querida Constitución con motivo de su 40º aniversario. Y hablar de Constitución es hacerlo del Tribunal Constitucional, su intérprete supremo.

Jean Monnet, uno de los padres fundadores de lo que hoy es la Unión Europea, decía que “los hombres pasan, pero las instituciones quedan; nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin instituciones”.

Traigo esta reflexión a colación porque sería difícil imaginar la España que conocemos hoy, la España moderna y ejemplo de derechos y libertades, sin lo que ha aportado a su definición y desarrollo el Tribunal Constitucional.

Desde su constitución, en 1980, a través de sus diferentes composiciones y de sus sucesivos presidentes, el Tribunal Constitucional ha contribuido de forma decisiva a la conformación de España como un Estado social y democrático de Derecho que, tal y como recoge el artículo 1 de la Constitución, tiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Esta institución ha ensanchado y fortalecido la España de las libertades. Gracias al Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales se constituyen en una categoría real y efectiva, pues presta amparo y protección frente a toda acción que limite o dificulte el ejercicio de los mismos.

El acto se convirtió en un reconocimiento por parte de distintos sectores de la sociedad española y de todo el ámbito jurídico.

La Constitución de 1931 ya estableció la existencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales de efímera existencia. Por cierto, su primera sede fue el Palacio de Parcent, hoy una de las dependencias del Ministerio de Justicia. Afortunadamente, el actual Tribunal Constitucional, como la propia Constitución de 1978, no han sido un paréntesis en la Historia de España, sino todo lo contrario: su actividad se ha consolidado.

Durante sus casi cuatro décadas de existencia, el Tribunal Constitucional ha recibido más de 220.000 demandas de Justicia constitucional de todo tipo y ha dictado casi 200.000 resoluciones definitivas, de las cuales diez mil en forma de Sentencia.

De esta forma, el Tribunal Constitucional participa en la tarea colectiva de la construcción del Estado, a la par que ejerce sus competencias de control de constitucionalidad de las leyes, de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos y de solución de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Por tanto, podemos afirmar rotundamente que este Tribunal es una de las piedras angulares que sostienen la arquitectura de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

A lo largo de sus 39 años de existencia, el desempeño de esa responsabilidad no ha sido ni fácil ni gratuita. Ni la acción directa del terrorismo ni cualquier otra amenaza ha conseguido que este Tribunal ni ninguno de sus presidentes claudicaran ante los numerosos desafíos a los que a lo largo de estos años se ha enfrentado el Estado de Derecho.

Esa fortaleza de nuestras instituciones es hoy la mejor garantía de futuro con que cuenta España. Y que dispone de los instrumentos necesarios para defender, desde el más estricto respeto a la propia Constitución y a los derechos que en ella se reconocen, la soberanía nacional que reside en el conjunto de sus ciudadanos.

“El reconocimiento que hoy le hemos entregado a través de este premio, expresa una gratitud por haber hecho posible una España democrática que, superando pesimismos históricos, ha demostrado ser capaz de sobreponerse a la adversidad”

Por tanto, el reconocimiento que hoy le hemos entregado a través de este premio, expresa una gratitud por haber hecho posible una España democrática que, superando pesimismos históricos, ha demostrado ser capaz de sobreponerse a la adversidad.

Estimados amigos, concluyo ya agradeciendo una vez más al Colegio de Registradores su invitación a participar en este acto, felicitándoos por esta iniciativa y por el acierto en reconocer este año al Tribunal Constitucional.

Y, por supuesto, al Tribunal Constitucional, en la persona de su presidente, por tan merecido homenaje. Muchas gracias.