El 30 de enero de 2020, como consecuencia del RD 161/2020, de 29 de enero, Sofía Puente Santiago llega a la recién redenominada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
Los registradores tuvimos ocasión de conocerla en el solemne acto de entrega de las medallas de honor del CORPME, que tuvo lugar, por avatares del destino, la mañana del día en que tomó posesión de su cargo en el Ministerio de Justicia, el 11 de febrero, y que ha ejercido ininterrumpidamente hasta que mediante el RD 948/2023, de 28 de noviembre, se acordó su cese, para a continuación, en virtud del RD 951/2023, de la misma fecha encomendarle nuevas responsabilidades, esta vez como secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. Una trayectoria que se inició en el Colegio de Registradores, y que se cerró con la Resolución de 28 de noviembre sobre, entre otras materias, el modelo de oficina registral en ejecución de la ley 11/2023, de 8 de mayo.
Han sido cuatro años de gran intensidad, en los que, al día a día de una Dirección General de gran responsabilidad, se han sumado momentos “estelares para la Institución Registral”, tomando prestada la terminología de Stefan Zweig. Esto es, momentos que a lo largo de la historia han supuesto un punto de inflexión, que modifica o refuerza el curso de los acontecimientos que redefinen a una sociedad.
Entre otros, procede destacar tres momentos en los que la decisión final de la directora general, de Sofía Puente, ha dejado una impronta muy relevante. En esos momentos, la decisión a adoptar no era la única posible, pero optó por una de ellas, y para hacerlo escuchó con atención a los registradores. Gracias por habernos dado la oportunidad de exponer nuestra perspectiva.
La pandemia: ser o no ser un servicio esencial para nuestra sociedad
Los registradores, somos conscientes de la trascendencia de la función que ejercemos, aunque no siempre sabemos visibilizarlo ante la sociedad. Recién llegada a la Dirección un mes después de su toma de posesión, el 14 de marzo, el Gobierno español, decretó el estado de alarma. De la Dirección General, sin apenas tiempo para asentarse, salieron las normas que permitieron mantener el pulso registral durante las largas semanas que estuvimos aislados. Normas preventivas, como el plan de continuidad del servicio público registral, con el que afrontar la crisis sanitaria que se avistaba. Y, tras el estado de alarma, resoluciones como la de 15 de marzo de 2020 por la que se acuerdan medidas tras la declaración del estado de alarma, relativas a la asistencia al público del registrador y al horario de atención al público, o instrucciones como la de 30 de marzo de 2020, sobre fijación de servicios mínimos registrales. Todo ello permitió que un servicio esencial, como el registral, pudiera seguir estando a disposición de quien lo necesitara sin riesgos para la salud de los ciudadanos, y minimizando los de quienes atendíamos las oficinas. Su rapidez y agilidad, anticipándose a las situaciones que se iban produciendo, quedan como ejemplo de mantenimiento del servicio registral contra “viento y marea”.
Procede destacar tres momentos en los que la decisión final de la directora general, de Sofía Puente, ha dejado una impronta muy relevante: la pandemia, las catástrofes naturales y la transformación digital. En esos momentos, la decisión a adoptar no era la única posible, pero optó por una de ellas, y para hacerlo escuchó con atención a los registradores
Posteriormente hubo que acometer la desescalada, especialmente importante era la recuperación de los plazos de caducidad de los asientos registrales. Todo ello aparece hoy como un mal sueño, pero queda para el futuro como ejemplo de herramientas con las que hacer frente a situaciones de crisis, que deseamos que no sea necesario rescatar.
¿Qué hubiera pasado si los registros hubieran cerrado?, ¿si no se hubieran suministrado gratuitamente las notas para las moratorias?, ¿si las anotaciones preventivas hubieran caducado ante la imposibilidad de prorrogarlas?, ¿si no se hubieran buscado soluciones para las PYMES?, ¿si las convocatorias de juntas generales no se hubieran facilitado?…
Las catástrofes naturales:
la información al afectado
Si el año 2020 fue el año de la catástrofe sanitaria, el año 2021 fue el de las catástrofes naturales. Empezamos el año, el 8 de enero, con la borrasca Filomena. De nuevo hubo que organizar, con celeridad, un sistema que nos permitiera que sin cerrar las oficinas registrales se pudiera atender a los ciudadanos en el libre ejercicio de sus derechos. Bajo la coordinación de la directora, de Sofía, y con la responsabilidad y buen hacer del personal de las distintas oficinas con sus registradores al frente, se hizo frente a las fuertes nevadas que asolaron diversas Comunidades Autónomas, impidiendo la circulación de vehículos y ciudadanos.
Si empezamos con nieve, terminamos el año con la erupción del volcán de La Palma. El mismo domingo 19 de septiembre, al atardecer, la directora, junto al decano territorial de Tenerife, estuvimos diseñando las medidas que, teniendo cobertura legal, se pudieran poner en marcha, en el Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de Santa Cruz de La Palma, ese mismo lunes.
El RD-ley 20/2021, de 5 de octubre, sancionó posteriormente, el sistema ya implantado de Portal Registral de Emergencias, que durante esos días iba advirtiendo a los palmeros del avance de la colada de lava sobre sus propiedades. Hoy es un instrumento decisivo en cualquier catástrofe natural, como incendios o inundaciones; al servicio de la ciudadanía ante las catástrofes naturales que pueden visualizar en tiempo real la situación de sus inmuebles.
La transformación digital de la Institución Registral
La digitalización de las actuaciones registrales, conforme al modelo que establece la ley 11/2023, de 8 de mayo. Prestar el servicio público conforme a las necesidades y exigencias del momento histórico en que se vive, es un deber de las Instituciones ante la ciudadanía. Acometer la transformación digital de una Institución tan sólida como la registral, que tantos beneficios ha proporcionado a la sociedad es una gran responsabilidad. Este es el desafío en el que estamos inmersos, mantener los principios hipotecarios que han acreditado su eficacia, y transformar el modo tecnológico de prestarlos. Un sistema que encripta los datos en origen, que se sujeta al ENS, y que lleva la fe pública al folio electrónico. Rechazando un sistema que se deja guiar por los cantos de sirena de la celeridad, que considera que la racionalidad y el control de legalidad son trabas burocráticas, y no lo que realmente son: garantías de la ciudadanía.
Han sido cuatro años de gran intensidad, en los que, al día a día de una Dirección General de gran responsabilidad, se han sumado momentos “estelares para la Institución Registral”, tomando prestada la terminología de Stefan Zweig. Esto es, momentos que a lo largo de la historia han supuesto un punto de inflexión, que modifica o refuerza el curso de los acontecimientos que redefinen a una sociedad
La directora general ha ido firmando, en los últimos meses, las resoluciones de desarrollo, previstas en la ley, nada se ha dejado a la improvisación. Las bases están puestas por el Parlamento, inspiradas por una Dirección General consciente de la solvencia jurídica de nuestro sistema registral, y los registradores, una vez más, asumimos este gran desafío con sentido del deber y de la responsabilidad. Todos trabajamos para que el 9 de mayo asistamos a otro momento estelar de nuestra centenaria historia, del que los ciudadanos se sientan orgullosos.
En todos estos momentos estelares al frente de la Dirección General estuvo Sofía Puente, con su impronta, con su atenta escucha, estos hitos en la Institución Registral la han fortalecido, lo que es un beneficio para la ciudadanía, y una gran satisfacción para los que creemos en ella. Gracias Sofía.
