Un estallido inesperado se produjo la última noche de febrero. Ferrovial, una de las empresas más emblemáticas del sector de la construcción español, anunció que trasladaba su sede social de Madrid a Ámsterdam (Países Bajos) mediante una fusión con su filial internacional, domiciliada ya en esa ciudad. La decisión descolocó al Gobierno español, que salió en tromba para arremeter contra el grupo que preside Rafael del Pino Calvo-Sotelo y rebatir los argumentos alegados por este. Según la empresa, el movimiento responde a la necesidad de contar con mayor seguridad jurídica que la que tiene en España y a que estar radicada en dicho país facilitará su objetivo de cotizar en el mercado bursátil de Estados Unidos sin posiciones intermedias.

Las razones esgrimidas por Ferrovial resultan poco convincentes y fáciles de refutar. Hay varias empresas españolas cotizando en Nueva York desde hace años, aunque sea de forma indirecta a través de los títulos ADR, y sobre seguridad jurídica es difícil sostener este argumento por mucho que Del Pino enarbole que las calificaciones crediticias internacionales que recibe el país noreuropeo son mejores que las de España cuando la inversión extranjera creció el año pasado un 50%. El caso es que algunas jornadas después de conocerse la decisión no ha quedado aclarada del todo la motivación real del cambio domiciliario, aunque para todos los iniciados en el proceloso universo empresarial parece radicar en la búsqueda de las ventajas fiscales que ofrecen los Países Bajos, cuya preferencia Del Pino nunca ha ocultado. De hecho, su participación en Ferrovial la tiene canalizada a través de una firma holandesa llamada Rijn Capital.

Sin embargo, el empresario madrileño se mueve en la legalidad. Es cierto, en aras a la libertad de movimiento de capitales, que un país de la Unión Europea no puede impedir que una sociedad nativa cambie de sede a otro país dentro de sus límites; pero, más allá de los ataques y contraataques que se han sucedido desde entonces, la disputa deja al descubierto la laguna que existe en la UE sobre la tan reclamada armonización fiscal. Son conocidas las excelencias fiscales que ofrecen países como Irlanda, Luxemburgo, Malta y Chipre con Países Bajos a la cabeza, y las resistencias constantes que ponen (sobre todo, el país neerlandés) a que se produzcan cambios porque les supone unos ingresos extraordinarios que retraen a sus socios comunitarios. Eso es lo que supuestamente quiere aprovechar la firma española, que curiosamente no tiene actividad alguna en ese territorio de todo su negocio internacional (el 85% del total), y eso es lo que urge arreglar en Bruselas, donde han llegado los ecos de este asunto español como una señal para reaccionar.

Algunas jornadas después de conocerse la decisión no ha quedado aclarada del todo la motivación real del cambio domiciliario

La polémica, que llega con dos procesos electorales a las puertas, se convirtió en la salsa de todos los debates. Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sobrino del expresidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo por parte de madre y considerado la tercera fortuna nacional (ranking Forbes), se convirtió en un traidor a la patria para la izquierda y casi en un héroe para la derecha, que enseguida quiso sacar rédito. Para el PP es la consecuencia de una situación a la que ha llevado el Gobierno de coalición que puede tener un peligroso efecto contagio; mientras que la izquierda considera inaceptable que se vaya de España una empresa que se ha beneficiado de los muchos contratos públicos que ha recibido desde que la fundara Rafael del Pino Moreno en 1952. 

Este ingeniero de caminos, que falleció en 2008, ideó la empresa para la renovación de vías ferroviarias (de ahí su nombre) y pronto dio el salto a la construcción de carreteras y otras obras públicas. La compañía prosperó con los contratos del Estado durante el franquismo y se consolidó en la Transición y los años siguientes, de mayor desarrollo por la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea. Considerado el patriarca de la denominada beautiful people, grupo de ilustrados entre los que había empresarios, políticos y profesionales de todo tipo relacionados con la progresía cultural, Del Pino padre mantuvo durante esa etapa una fluida relación con el Gobierno socialista de Felipe González y varios de sus ministros. 

En 1995 dio la gran campanada con la absorción de Agromán, un símbolo sectorial del franquismo perteneciente al grupo industrial de Banesto, con lo que aumentó su tamaño de forma considerable y le permitió ponerse de largo para salir a Bolsa en 1999. En 2000, con la empresa bien encauzada y musculada, dejó la presidencia, dedicándose a navegar, su gran pasión, y a la Fundación que lleva su nombre, dejando el cargo a su hijo mayor. Rafael del Pino junior había asumido las funciones de consejero delegado en 1992, el año de los grandes fastos (Juegos Olímpicos de Barcelona y Exposición Universal de Sevilla), que le reportaron a Ferrovial jugosos contratos, como la construcción de la infraestructura del AVE a la capital andaluza. Con un perfil más impenetrable que su padre, dio efectivos impulsos al grupo, que siguió creciendo y haciéndose fuerte en nuevos negocios como la gestión de aeropuertos, las infraestructuras energéticas y la movilidad y convirtiéndose en una de las banderas empresariales de la marca España. Hasta ahora. 

Miguel Ángel Noceda