La Declaración de Emergencia Climática y Ambiental en España ha sido una de las primeras decisiones de calado con las que el nuevo ejecutivo ha marcado desde el inicio cuál será uno de sus ejes prioritarios de actuación. En la misma línea se inscribe la creación de una vicepresidencia verde, tras el éxito de organización de la COP25 celebrada en Madrid.
La lucha contra el cambio climático figura en todas las agendas como uno de los grandes desafíos a los que los estados modernos han de hacer frente de manera inmediata en este cambio de época que estamos viviendo y que en nuestro país conviven con problemas que tradicionalmente han centrado la preocupación de los españoles, como el desempleo o la cuestión territorial. Retos de primera magnitud, como lo son también la globalización, el desarrollo sostenible, la transformación digital inclusiva, el envejecimiento de la población o la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Fenómenos que suponen un cambio disruptivo no solo en la forma de entender el mundo sino también en la vida cotidiana, en el día a día de los ciudadanos, administraciones y empresas.
Son desafíos que competen en primer lugar a los gobiernos pero no solo a ellos sino también a todas las instituciones y a la sociedad civil en general, cuya colaboración es fundamental para lograr el objetivo colectivo. En este marco se inscribe el compromiso de los registradores en la lucha contra el cambio climático y el papel destacado de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles como soporte estructural para la defensa y protección del medioambiente, del dominio público, los espacios naturales, la biodiversidad o la ordenación sostenible del territorio. Se trata de nuevos cometidos con los que la institución registral puede ensanchar el elevado grado de seguridad jurídica que ha conseguido consolidar en nuestro país; nuevas atribuciones con las que seguir contribuyendo a la paz social y al progreso económico, como ya lo han hecho en el pasado al posibilitar que España sea un país en el que el 80% de los hogares reside en una vivienda de su propiedad, gracias a un instrumento tan adecuado como la hipoteca.
Y si el Registro y los registradores se han erigido en grandes aliados en la defensa de los derechos patrimoniales, otro tanto se puede decir de la protección de los datos personales de los usuarios. Hemos trabajado por cohonestar la normativa registral con las prescripciones derivadas de la legislación de protección de datos, creando un cuerpo sólido en el que apoyarnos ante el debate que se abre en torno al “capitalismo cognitivo” y la propiedad de los datos personales que circulan por Internet.
Es una prueba más de la prontitud con la que los registradores han sido capaces de introducir la revolución digital a nuestro quehacer cotidiano, siendo pioneros en la aplicación de herramientas como la firma electrónica, la digitalización de documentos o el procedimiento de inscripción de las titularidades reales de las sociedades. Son solo algunos ejemplos que evidencian la importancia que los registros han dado siempre a las nuevas tecnologías para ofrecer el mejor servicio público a los ciudadanos pero sin perder nunca de vista que la seguridad jurídica, que exige control de legalidad, no podrá sustituirse por la seguridad tecnológica.
La institución registral ha demostrado, por tanto, en sus cerca de 160 años de existencia, diligencia y eficacia en todas las labores que le han sido encomendadas. Así lo seguirá haciendo, con vocación de servicio público, ante los nuevos retos que el Estado tiene ahora por delante. Para afrontarlos, el nuevo Gobierno podrá seguir contando en beneficio del interés general con el trabajo leal y riguroso del cuerpo de registradores. Es lo que la decana María Emilia Adán trasladó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en su reciente visita a la sede colegial: la plena disposición de todos los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles para seguir trabajando en el mantenimiento de la seguridad jurídica y colaborar en todos aquellos proyectos en los que sean requeridos por el Ejecutivo.
