La Constitución española de 1978 tiene ya 47 años y tres meses de vigencia. Semanas atrás, el Congreso de los Diputados celebró un frío y descafeinado homenaje a la Carta Magna que sin duda debió ser más convincente. Algo como si realmente nos creyésemos la vigencia de la Constitución y no ese apagado y retórico recordatorio de una simple fecha que careció deliberadamente del más mínimo lucimiento. Pareció más que nos avergonzamos de la ley de leyes que tanto y bueno ha regalado a los españoles y que renunciamos a exhibirla como lo que de verdad es, un trofeo del que sentir orgullo. Por suerte, aún viven dos de sus ponentes y muchos otros que contribuyeron con generosidad, visión estratégica, cesiones ideológicas y sentido común a consagrar exactamente lo que una España moderna iba a necesitar para reponerse de una dictadura de cuatro décadas. 

Sin embargo, algo falla. Sostiene la izquierda que la Constitución está desfasada, que no regula los derechos y libertades que debería -véase ahora la pretensión de incorporar por la puerta de atrás el aborto como derecho inalienable-, y que se trata de un texto heredero del franquismo incapaz de concitar un consenso lo suficientemente progresista. El argumento resulta inquietante. No basta con que el Tribunal Constitucional esté desmontando partes esenciales de su andamiaje por la vía de los hechos consumados y con la ideología imponiéndose sobre la lógica jurídica. Ahí está el sorprendente aval a la amnistía. Es que, como añadidura, es el propio Gobierno quien argumenta que se trata de un texto heredero del franquismo que impide el “acomodamiento” de autonomías como Cataluña o el País Vasco a un Estado semifederal y plurinacional con el reconocimiento de Estados propios.

Por suerte, aún viven dos de sus ponentes y muchos otros que contribuyeron con generosidad, visión estratégica, cesiones ideológicas y sentido común a consagrar exactamente lo que una España moderna iba a necesitar para reponerse de una dictadura de cuatro décadas

En este sentido, el viraje del PSOE durante los últimos veinte años lo ha convertido en un partido irreconocible, capaz de defender hoy exactamente lo contrario de lo que defendió en 1978. Es el modelo de Estado lo que se pretende poner en cuestión con esta fase ‘desconstituyente’, para después, y en cascada, imponer un revisionismo restrictivo de nuestra Monarquía parlamentaria, la financiación del propio Estado con el reconocimiento de ‘cupos’ insolidarios, o la aceptación de amnistías oportunistas. Ya se intentó en 2006 un primer ensayo con el Estatuto de Cataluña que posteriormente, en 2010, sufrió un varapalo del TC. En el texto original se atribuían a Cataluña competencias propias del Estado. Fue una primera embestida para una deconstrucción constitucional y la reforma encubierta de nuestra ley de mayor rango mediante una simple ley orgánica, como era ese Estatuto. La legalidad superó aquel primer envite cuando quiso ser sustituida por una falsa legitimidad amparada en un más que discutible “creativismo” jurídico. Se pretendió que la Constitución autorizase lo que no autoriza forzando sus costuras.

Hoy, el mensaje implícito de la izquierda y de los socios del Gobierno sigue siendo idéntico: que la Constitución se ha convertido en un texto inservible que debe ser reformado por lo civil o lo criminal. Y si ello no es posible, se opta por una constante reinterpretación legislativa y jurídica, de modo que pueda resultar admisible lo que su textualidad considera inadmisible. Invención jurídica, demagogia y populismo al servicio de una suerte de “Constitución social”… como si la vigente no lo fuese. Y esa es la naturaleza de la trampa: hacer creer que la Constitución está quedando invalidada y obsoleta por el paso del tiempo y la transformación de nuestra sociedad cuando en realidad sus bases no solo son muy sólidas, sino que siguen encerrando el enorme misterio de haber convertido a España en una potencia mundial. Nuestra democracia sin esta Constitución sería mucha menos democracia porque el tufo de la nueva que se pretendería imponer por la gatera apesta a intervencionismo, rencor, revanchismo y división social. Conclusión, una reforma constitucional bajo estos parámetros se parecería demasiado a un muro divisor. Y los muros, los construya quien los construya, no son buena cosa.

La izquierda, en sus distintas formulaciones políticas y con una táctica martilleante de gota a gota, se ha propuesto que España termine asumiendo con espontaneidad una suerte de alteración de la soberanía nacional y del modelo de Estado. Y todo, bajo la coartada de que la Carta Magna debe ser interpretada de un modo flexible, hasta el punto de que la excepcionalidad política y el interés general se imponen sobre cualquier otro argumento de legalidad. Y para lograrlo necesitan del bisturí de juristas sumisos convenientemente colocados al frente de las instituciones más relevantes. Ahora es cuando empezamos a conocer que si triunfasen estos argumentos, la Constitución correría el riesgo de perder su forma homogénea para convertirse en una masa moldeable hasta hacerle perder su sentido original sin que nadie se escandalice. Impedirlo es el desafío. Defenderla es el reto. Por eso la celebración de su récord de vigencia fue casi un sepelio de tanatorio. Y por eso algunos siguen empeñados en hacer sentir culpables a quienes defienden el texto constitucional con orgullo de pertenencia.

Manuel Marín