En primer lugar, permítanme que les exprese la gran satisfacción que siento de encontrarme entre todos ustedes en este magnífico Hotel Villa Magna con ocasión de la novena edición de la entrega del Premio Gumersindo de Azcárate, instituido por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y el Decanato Autonómico de ese mismo Colegio en Madrid.
Este premio, como saben, busca reconocer a aquellas personas o entidades que promueven el Estado social y democrático de derecho, y que, este año, recae sobre el Tribunal Constitucional que me honro en presidir.
Esta satisfacción que experimento se extiende, como no puede ser de otra manera, a todos los Magistrados del Pleno del Tribunal que nos acompañan, así como a los Presidentes y Magistrados Eméritos que nos distinguen con su presencia.
Es obligado, en tal sentido, que mis primeras palabras sean expresión de nuestro más sincero y profundo agradecimiento al Colegio y al Decanato, encabezados en este acto por doña María Emilia Adán y doña Belén Merino, por la concesión de este importante reconocimiento, que resulta, sin lugar a dudas, un acicate para continuar trabajando con la mayor dedicación y esfuerzo al servicio del Tribunal. También aprovecho este momento para expresar mi sincero agradecimiento a las palabras efectuadas por la Ministra de Justicia.
En muy poco tiempo el Premio Gumersindo de Azcárate ha alcanzado un enorme prestigio, convirtiéndose en un referente por el rigor en la selección de las personas e instituciones galardonadas en las ediciones anteriores.
En este punto permítanme dedicar un especial recuerdo a uno de los premiados de la edición de 2013, al recientemente fallecido don José Pedro Pérez-Llorca, jurista, político, diplomático y persona ejemplar en tantos sentidos, que, junto a los también ponentes constitucionales Miquel Roca Junyent y Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, recogieron este mismo busto, coincidiendo con el trigésimo quinto aniversario de la Constitución española.
“El Tribunal Constitucional se ha posicionado históricamente como uno de los grandes valedores del proceso de descentralización política y administrativa de nuestro Estado de las Autonomías, dentro del respeto a la indisoluble unidad de la Nación española recogida en el artículo 2 de la Constitución”
Por otro lado, me gustaría felicitar a los organizadores no sólo por la estupenda celebración de un evento tan prestigiado, sino también por la amistad y colaboración que tradicionalmente han brindado al Tribunal Constitucional y sobre este punto, debo mencionar la edición del documental Un Tribunal para la Constitución y del libro homónimo, ambos impulsados y publicados por el Colegio de Registradores de España.
Esta obra, que presentamos en su formato gráfico y literario en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, recoge con gran acierto testimonios orales de algunos de los grandes protagonistas de la historia del Tribunal en los comienzos de su misión.
Se trata sin duda de un instrumento de gran valor para dar a conocer, desde dentro, nuestra jurisdicción constitucional, que igualmente agradezco al Colegio de Registradores de toda España.
Como es bien sabido, don Gumersindo de Azcárate fue un ilustre catedrático, un político, un ideólogo, y también uno de los fundadores de la célebre Institución Libre de Enseñanza. Brevemente, en 1873, año del advenimiento de la Primera República, pasó a estar al frente de la Dirección de los Registros, Civil y de la Propiedad y del Notariado, a requerimiento de su amigo don Nicolás Salmerón, en ese momento Ministro de Gracia y Justicia.
Fue Azcárate un pensador convencido de que la transformación de las leyes y de la política debía ir precedida de la evolución paulatina y progresiva del pensamiento moral y social. Él mismo dejó escrito que tres cosas son necesarias: libertad, leyes justas inspiradas en la libre opinión del pueblo y cumplimiento exacto y honrado de estas leyes.
En este sentido, siendo diputado en las Cortes, sus ideas quedaron reflejadas en algunas iniciativas que se transformarían en realidad legislativa, como la ley reguladora de la usura, también llamada Ley Azcárate.
Gumersindo de Azcárate representa, por tanto, un modelo de persona íntegra y de jurista comprometido por la cosa pública que defendió sus ideas tanto desde la Universidad y la Administración, como desde el Congreso de los Diputados.
En atención a estas cualidades, resulta muy apropiado que el pasado año, coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de nuestra Constitución, el premio que hoy lleva su nombre se concediese a las Cortes Generales, en reconocimiento a los 40 años de libertad, democracia y Estado de Derecho que la misma ha posibilitado.
En esta edición, que coincide con el cuarenta aniversario de nuestra Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se ha querido distinguir a nuestra institución, que a través de su jurisprudencia, como intérprete supremo de la Constitución, asegura la relevancia y legitimidad de ésta y, con ello, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político en España.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 3 de octubre de 1979, precisa hoy con tanto rigor como ayer el régimen legal en cuyo marco ha de operar nuestro Tribunal y pensando en mis compañeros, y también en quienes nos precedieron, Presidentes y Magistrados eméritos aquí presentes y recordando a los ya fallecidos, dieron ejemplo con su preparación y su trabajo, por lo que no puedo dejar de reconocer la labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional para coadyuvar al cumplimiento de los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico que recoge el artículo 1 de la Constitución.
Ante todo, el Tribunal es un órgano que aspira a la integración y por ello está llamado a actualizar, sentencia tras sentencia, el significado de nuestra norma básica, interpretando y aplicando las orientaciones marcadas por el poder constituyente.
De tal forma, como ha dejado dicho en una de sus más conocidas sentencias, el Tribunal Constitucional entiende que la Constitución a través de una interpretación evolutiva, se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar su relevancia y legitimidad.
Pero además de interpretar, el Tribunal cumple el cometido primordial y de garantizar y de defender la Constitución: de tal forma, si por un lado garantiza ordinariamente la supremacía del texto constitucional sobre cualesquiera leyes y sobre el resto de poderes públicos, situándola como origen, cúspide y frontera de nuestro sistema jurídico, por otro lado, la defiende cuando es necesario frente a las disposiciones, actos o comportamientos que buscan desafiar su contenido y el ordenamiento jurídico que sobre ella se levanta.
En este sentido, como he tenido ocasión de decir antes, y reitero ahora, dentro de la Constitución, con pleno acatamiento de su sustancia y de sus procedimientos, caben las libres y legítimas aspiraciones de todos. Dentro de la Constitución reside nuestra convivencia y nuestra prosperidad como españoles y como europeos. De manera igualmente relevante, nuestra jurisdicción se ha esmerado por crear las condiciones de goce efectivo de nuestros derechos y nuestras libertades, eje definitorio de todo el ordenamiento español, contribuyendo así a convertir a España en una de las más consolidadas democracias del mundo, y uno de los países que mejor aplican la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. Además, en respeto de su diversidad constitutiva, el Tribunal Constitucional se ha posicionado históricamente como uno de los grandes valedores del proceso de descentralización política y administrativa de nuestro Estado de las Autonomías, dentro del respeto a la indisoluble unidad de la Nación española recogida en el artículo 2 de la Constitución.
Para cumplir todos estos objetivos, es necesario percatarse de que, como escribió don Manuel García-Pelayo, nuestro primer Presidente, el Tribunal se mueve en un eje cuyos polos son el Derecho y la política, razón por la que su misión se ciñe a considerar el Derecho como medida de legitimidad de los actos de poder, como el orden que establece los límites y que disciplina constitucionalmente a la acción política.
“Defender nuestra Constitución, y ello sólo se puede hacer desde la recuperación de la concordia, es defender nuestra pluralidad, nuestros logros, nuestro presente y en definitiva todo lo que conseguimos cuando lo hacemos juntos”
Este norte que marca el Derecho frente a la política resulta el rasgo distintivo fundamental de nuestra jurisdicción, pero a su vez, a la hora de aplicarlo, se hacen necesarias cualidades humanas, tales como la prudencia, la rectitud, la solidez, la mesura, o la búsqueda constante del mayor acuerdo entre sus miembros, especialmente en aquellos asuntos que inciden de forma directa sobre la convivencia en común de todos los españoles.
Es por ello que, de forma particular, agradezco a mis compañeros Magistrados su altura de miras para apostar por la cultura de pactar y de converger en un consenso jurídico que siempre, en última instancia, puede revelarse posible.
En atención a estas reflexiones, les anuncio que el Tribunal celebrará en julio del año que viene, el cuadragésimo aniversario de la Institución.
S.M. el Rey Felipe VI, durante el solemne discurso que pronunció el 6 de diciembre del pasado año en el Congreso de los Diputados, nos recordó que bajo la vigencia de nuestra Constitución, España ha vivido, sin duda, el cambio político, territorial, internacional, económico y social más profundo y radical de su historia y haciendo mías sus palabras aprovecho esta ocasión para manifestarles que “tenemos el deber de pensar en el futuro; de seguir construyendo, desde nuestras respectivas responsabilidades, una España en vanguardia, moderna y renovada; una España abierta a los cambios que nuestra sociedad, y especialmente las jóvenes generaciones, merece”.
Nuestra Carta Magna, la más estable y la más consensuada que ha tenido España, nos ha proporcionado el mayor periodo de paz y prosperidad que hayamos disfrutado, al tiempo que nos ha permitido devolver a nuestro país al lugar que le corresponde en Europa y en el mundo.
Como sabemos, un resultado excelente como éste halla su razón de ser en su propio origen y las condiciones que le dieron forma, esto es, en el clima que moldeó la transición hacia la democracia así como en el pacto que supimos alcanzar entre todos, sin excluyentes ni excluidos, y que sirvió para erigir nuestra convivencia sobre un proyecto de diálogo, consenso y concordia.
Déjenme que me detenga brevemente en esa última palabra, la concordia que es siempre necesaria y que hoy es imprescindible más que en cualquier otro periodo de nuestra época reciente, pues hablar de concordia es subrayar que para el adecuado crecimiento, paulatino y sin sobresaltos, de un cuerpo social y político, la avenencia entre sus miembros resulta imprescindible.
Así, en cualquier pacto de convivencia entre personas, aceptado como justo por ellas, hay una fuerza legitimadora de primer orden, que debe ser mantenida y renovada con mucho esfuerzo día tras día.
Ello es tanto más necesario si se trata de una comunidad diversa, que comparte historia, culturas y lenguas, como resulta el caso de España.
Defender nuestra Constitución, y ello sólo se puede hacer desde la recuperación de la concordia, es defender nuestra pluralidad, nuestros logros, nuestro presente y en definitiva todo lo que conseguimos cuando lo hacemos juntos.
Como dejó dicho el Presidente Adolfo Suárez, con la Constitución es posible lograr una concordia civil llamada España, donde convivan ciudadanos que, por tener diferentes opiniones, creencias o convicciones, se complementen entre sí. Esta afirmación posee una marcada actualidad, pues la concordia garantiza la unidad del imperio de la ley democrática, de los derechos y libertades de los ciudadanos y del propio principio democrático, desde el respeto y la lealtad institucional y constitucional.
Termino ya, no sin antes solicitarles que me permitan reiterar la satisfacción que supone recibir este Premio Gumersindo de Azcárate en el día de hoy, otorgado por el Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad de España, dignísimos profesionales del mundo jurídico que, con su quehacer diario, fortalecen los principios de certeza y seguridad jurídica contenidos en el artículo 9.3 de nuestra Constitución.
Tras casi cuatro décadas de trabajo ininterrumpido, el Tribunal Constitucional persevera con rigor y con esfuerzo, día a día, en las altas tareas que le han sido encomendadas.
Por ello, en nombre del Pleno del Tribunal, así como del conjunto de su personal, que merecen mi mayor respeto y admiración, les reitero nuestro agradecimiento más cordial.
