«El Consejo General del Poder Judicial es el reflejo de un país en el que impera sin concesiones el Estado de Derecho»

Cuál es su valoración de lo que han representado para España y los españoles los 40 años de vigencia de la Constitución?

La Constitución Española de 1978 ha permitido a nuestro país progresar como nunca antes lo había hecho a lo largo de la historia. Nos ha permitido, sin lugar a dudas, situarnos a la altura de las democracias más avanzadas, integrarnos de pleno derecho en las instituciones europeas e internacionales y consolidarnos, interna y externamente, como Estado Social y Democrático de Derecho en el que la convivencia se rige por valores y principios tan irrenunciables como la libertad, la justicia, la igualdad o el pluralismo político.

En 1978 el pueblo español reconquistó sus libertades. Y el significado de esa victoria debe estar siempre presente en la conciencia de todos, pues nunca antes una Norma Fundamental había brindado a nuestro país un periodo de estabilidad y progreso tan sólido y prolongado como lo ha hecho la Constitución que ahora cumple 40 años.

Más específicamente, ¿cuál es su balance de la actuación en estas cuatro décadas del Consejo General del Poder Judicial que usted preside?

El Consejo General del Poder Judicial es una institución plena y absolutamente identificada con la Constitución de 1978, pues es en ésta en donde se encuentra su propio origen.

Recuperada en España la democracia, los constituyentes de 1978 apostaron de manera clara y decidida por hacer realidad la independencia del Poder Judicial, estableciendo un mecanismo real para garantizar su autogobierno. Es en ese momento cuando nace el Consejo General del Poder Judicial, institución por entonces novedosa que, por un lado, vino a dar respuesta al déficit de independencia judicial real que caracterizó nuestra historia anterior y, por otro lado, vino a situar a nuestro país en la órbita de las democracias europeas ya consolidadas, tomando como ejemplo los Consejos de la Magistratura existentes en constituciones como la francesa, la italiana o la portuguesa.

Ciertamente, en estos 40 años el Consejo General del Poder Judicial ha sufrido a su vez no pocas reformas. Desde que apareciera mencionado en el artículo 122 de la Constitución, y dentro del margen de maniobra que permite la Norma Fundamental, el órgano de gobierno de los jueces ha experimentado su propia evolución. Mediante distintas reformas legales, todas ellas respetuosas con el marco general que establece la Constitución, se han ido modificando cuestiones trascendentales del Consejo como el sistema concreto de elección de los vocales, el régimen de mayorías para la toma de decisiones dentro del órgano o el elenco de competencias específicas atribuidas a la institución, pero creo que, en cualquiera de sus etapas y con independencia de cuál haya sido en cada momento su régimen concreto de funcionamiento, el Consejo General del Poder Judicial es el reflejo de un país en el que impera sin concesiones el Estado de Derecho.

“Mi principal objetivo como presidente ha sido el de preservar la independencia del Poder Judicial que consagra la Constitución Española y no dudo de que este era el mismo objetivo que persiguieron cuantos me precedieron”

La Constitución de 1978 y la Ley Orgánica del Poder Judicial garantizan, sin ambages, la independencia y el autogobierno del Poder Judicial. Se han ido modificando en este tiempo distintos aspectos del Consejo, pero siempre se ha mantenido en la Ley el respeto a las exigencias más elementales del autogobierno judicial. Por lo tanto, si algún balance podemos hacer, creo que es el de concluir que nuestro sistema es sólido, tiene ya hondas raíces y está plenamente consolidado en cuanto a sus valores y principios.

Mi principal objetivo como presidente ha sido el de preservar la independencia del Poder Judicial que consagra la Constitución Española y no dudo de que este era el mismo objetivo que persiguieron cuantos me precedieron en el cargo.

El artículo 117 de la Constitución consagra la independencia judicial. ¿Cuál cree que son las mayores amenazas a la misma? 

Obviamente, las principales amenazas a la independencia judicial son las que proceden de posibles presiones que puedan producirse sobre la actuación de los jueces y magistrados; presiones procedentes de agentes externos, como los poderes económicos, el poder político, determinados sectores sociales o los medios de comunicación, y también presiones a nivel interno que pudieran darse a través de órganos de gobierno, si bien esta última circunstancia, si se ha dado alguna vez, ha tenido una importancia mínima. 

Sin duda tienen más capacidad de injerencia los factores externos y creo, precisamente, que para hacer frente a las posibles presiones procedentes de estos ámbitos la función del Consejo General del Poder Judicial es absolutamente fundamental.

Usted ha planteado el peligro de colapso de algunos órganos judiciales y la necesidad de mejorar tanto los medios materiales como algunos procedimientos. ¿Podría concretar cuáles?

Creo que la Administración de Justicia española necesita mejorar su propia organización territorial y funcional. Asimismo, debe ser dotada de los recursos suficientes para que pueda abordar, en unos tiempos razonables de respuesta, la litigiosidad existente en nuestro país, que es muy alta. Y ello sin olvidar la perspectiva de la seguridad jurídica, que tan importante es para el progreso económico y la estabilidad.

Hacen falta, sin duda, más recursos, pero también un modelo nuevo, basado en una organización más eficiente. Me refiero a una reforma global de nuestra Administración de Justicia, tarea que todavía se encuentra pendiente. 

¿Cómo valora la actuación de los registradores de la propiedad mercantiles y de bienes muebles en la defensa de la seguridad jurídica preventiva que consagra la Constitución y la colaboración de los registradores con los juzgados y tribunales?

Creo que el sistema español del Registro de la Propiedad es uno de los mejores del mundo. Solo hay que observar cómo los registradores, en las últimas décadas, han cumplido eficaz y fielmente su función para propiciar seguridad jurídica. 

Aun siendo mejorable -como todas las organizaciones humanas- el Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles viene cumpliendo, con una altísima calificación, la función que tiene encomendada en defensa de la seguridad jurídica en el ámbito privado. 

Por lo demás, su colaboración con los tribunales es excelente, lo que de hecho nos ha llevado en esta etapa del Consejo a firmar un convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes muebles de España que, desde el año 2015, nos permite mantener unas estrechas y fructíferas relaciones, que espero puedan seguir siendo ampliadas en el futuro.

¿Qué aspectos positivos resaltaría de su gestión al frente del CGPJ?

Si tuviera que destacar algún aspecto especialmente positivo, no puedo dejar de mencionar que, en materia de transparencia de las instituciones públicas, hemos conseguido hacer del Consejo General del Poder Judicial un auténtico referente; el Portal de Transparencia del CGPJ “José Luis Terrero Chacón”, junto con los portales de transparencia del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de todos los Tribunales Superiores de Justicia, creados todos a lo largo de esta etapa, son la prueba tangible de nuestro compromiso con la transparencia. Asimismo, la implicación del Consejo en materia de lucha contra la corrupción ha sido por todos reconocida, viéndose reflejada en iniciativas concretas como la implantación, en el seno del Consejo, de la Unidad de Apoyo a las Causas por Corrupción o la creación y mantenimiento del Repositorio público de causas por corrupción.

Por otro lado, y manejando datos globales de las decisiones adoptadas por los órganos del Consejo a lo largo de estos cinco años, creo que hemos logrado que el consenso se convierta en una de nuestras señas de identidad, como también lo ha sido la racionalización en el uso de los recursos públicos. Hemos reducido nuestro presupuesto y nuestra estructura organizativa, pero no hemos reducido nuestro nivel de actividad. Ahorrando en lo superfluo y concentrando recursos en lo que verdaderamente aporta valor al cumplimiento de nuestra misión constitucional, creo que hemos conseguido hacer más con menos, ganando en agilidad, eficacia y eficiencia como organización pública.

Si algo ha centrado especialmente nuestra atención en estos años, ha sido el servicio al juez. Hemos tratado de ganar en cercanía con los miembros de la Carrera Judicial y hemos avanzado de manera muy considerable en aspectos tan importantes como la prevención de riesgos laborales, la adjudicación estable de plazas o el reforzamiento de la formación, tanto inicial como continua. Asimismo, en otras cuestiones de gran relevancia pero que quedan fuera del ámbito competencial del Consejo, como es el aspecto retributivo o la regulación de determinadas condiciones de trabajo, hemos mantenido en todo momento una posición de respaldo a las legítimas reivindicaciones de la Carrera Judicial.

Han sido sin duda muchos otros los temas que han concentrado nuestros esfuerzos: la lucha contra la violencia de género, los avances en materia de discapacidad, el impulso de la mediación, el reforzamiento de nuestra presencia internacional… Es difícil destacarlo todo en unas pocas líneas sin correr el riesgo de olvidar algo importante.

Por ello solo diré, a modo de conclusión, que gracias a la labor desarrollada por los vocales del Consejo y por todo el formidable equipo humano que integra esta institución, creo que hemos cumplido razonablemente con el mandato que recibimos hace cinco años. Sobre todo en los momentos especialmente complicados, el Consejo General del Poder Judicial ha respondido a lo que cabe esperar de él con la Constitución en la mano y para mí, como su presidente, ha sido un auténtico honor y un gran privilegio servir a mi país y a nuestra Justicia, aun sabiendo lo mucho que todavía queda por hacer.