“Me preocupa extraordinariamente la necesaria consolidación de un servicio público de Justicia sostenible”
El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, pone de manifiesto en esta entrevista su compromiso para impulsar iniciativas y programas que garanticen la prestación de un servicio público de Justicia “que atienda a la ciudadanía, satisfaga sus necesidades y sea capaz de enfrentarse a los problemas del siglo XXI”.
Desde que ingresó en la carrera judicial en el año 2002, en su trayectoria profesional se observa una clara preocupación por la necesaria modernización de la Justicia. Ahora, como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, ¿cuál es su prioridad?
He asumido el compromiso y el desafío de garantizar la prestación de un servicio público orientado a la ciudadanía, necesitado como está de una transformación estructural que potencie la calidad y la agilidad en los tiempos de respuesta para conseguir la máxima protección de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que medien dilaciones indebidas ni dificultades que mermen su derecho a la tutela judicial efectiva.
Se trata de afianzar que el acceso a la Justicia suponga la consolidación de derechos y garantías de los litigantes; que su funcionamiento como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa; y que la transformación digital de nuestra sociedad reciba traslado correlativo en la Administración de Justicia.
Al mismo tiempo, me preocupa extraordinariamente la necesaria consolidación de un servicio público de Justicia sostenible, en el que los ciudadanos se sientan protagonistas de sus propios problemas y asuman de forma responsable la solución más adecuada de los mismos.
La Administración de Justicia también ha de contribuir a garantizar en lo posible la paz social y la convivencia y, desde luego, a proporcionar la seguridad jurídica necesaria para impulsar la actividad económica del país.
Innovación y calidad, dos palabras muy sugerentes cuando hablamos de Justicia y que aparecen por primera vez unidas a su cargo. ¿Qué significado programático encierran?
Si bien la crisis del COVID-19 exigió analizar y atender en condiciones muy difíciles las carencias de la Administración de Justicia, maximizando especialmente el impulso de la transformación digital del servicio público de Justicia, y con ello su innovación y calidad, es cierto que desde el Ministerio de Justicia ya habíamos iniciado al comienzo de la legislatura dicha labor transformadora.
Cuando valoramos cómo realizar dicha transformación o cambio, pensamos que la clave era hacerlo de la mano de la innovación, sin entender que dicha palabra esté vacía de contenido, aunque pueda parecer que hoy en día todo es innovación.
Creo que hay que distinguir las herramientas o conocimientos para innovar, que han de ser adquiridas y desarrolladas, de la forma de pensar y actuar en las instituciones públicas: el mindset, esto es, la mentalidad de lo posible, la mentalidad de creer que se puede mejorar.
Así que no se trata únicamente de incorporar mejoras tecnológicas, puesto que nos enfrentamos a desafíos mucho más complejos que requieren de una transformación más amplia.
Y todo ello ¿para qué? Para mejorar la vida de la ciudadanía y contribuir a la productividad de nuestro país, lo que, tal y como se contempla en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, exige respetar en la actuación pública el servicio efectivo a los ciudadanos, que ha de ser ágil, eficaz, eficiente y responsable.
Así entiendo la calidad, como el imprescindible compromiso para el impulso, desarrollo, seguimiento y control de iniciativas y programas que garanticen la prestación de un servicio público de Justicia que atienda a la ciudadanía, satisfaga sus necesidades y sea capaz de enfrentarse a los problemas del siglo XXI.
“La Administración de Justicia ha de contribuir a garantizar en lo posible la paz social y la convivencia y, desde luego, a proporcionar la seguridad jurídica necesaria para impulsar la actividad económica del país”
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha pasado a depender de la Secretaría General que usted ocupa. ¿Podría señalarnos cuál es la razón de este cambio? ¿Qué aspectos de la agenda 2030 son prioritarios para usted?
La nueva estructura organizativa de la Secretaría de Estado de Justicia y, en particular, de las unidades dependientes de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, responde al compromiso de dotar de mayor seguridad jurídica a la organización y funcionamiento del ministerio, tal y como se señala en el Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica.
De este modo, la actual arquitectura organizativa del Departamento es fiel reflejo de los nuevos proyectos a acometer para la plena transformación estructural, procedimental y funcional de la Administración de Justicia, comprendiendo que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública debe formar parte ineludible de dicha transformación de la acción de la Justicia.
Ruego que me permitan que comprenda la pregunta relativa a la agenda 2030 desde el ámbito del servicio público de Justicia y, por ello, la traslade a los tres ejes del proyecto Justicia 2030: Acceso a la Justicia, consolidación de garantías y derechos; promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia; y La transformación digital, incrementando la cohesión y la coordinación territorial.
En este sentido, y dado que la Secretaría General que dirijo trabaja en cada uno de dichos ejes, fácilmente entenderán que no puedo decantarme únicamente por una prioridad y que dedico mi esfuerzo al desarrollo de los tres ejes.
Los registradores, durante la pandemia, hemos potenciado los procedimientos telemáticos, especialmente en los registros mercantiles y de bienes muebles sin descuidar ni interrumpir la atención presencial. ¿Cómo valora este compromiso con las tecnologías al servicio de la seguridad jurídica?
Sin duda, el papel de los registradores debe ser valorado positivamente y aprovechar este compromiso con las tecnologías para formar parte de la solución a los problemas de los ciudadanos. Su respuesta, y capacidad de adaptación, han sido excepcionales.
Por parte del ministerio se trabaja desde hace meses en el proyecto Justicia 2030, no solo para la digitalización de la Administración de Justicia, sino también para la digitalización de registros y notarías. En este marco de inmediación digital, se podrá dotar a notarios y registradores de la capacidad para realizar actuaciones con ciudadanos utilizando sistemas de videoconferencia, identificación y firma digital. Progresivamente se irá eliminando el papel en las comunicaciones con la Administración, permitiendo el acceso de notarios y registradores al sistema de intercambio de registros.
En materia de innovación, durante el estado de alarma se puso en marcha una App que permite identificar los inmuebles y solicitar información registral de los mismos desde el móvil, así como un sistema de alertas al titular registral. ¿Cómo valora estas iniciativas?
Creo que suponen un importante paso en el camino que nos ha impuesto la crisis provocada por la pandemia y la adaptación a la nueva situación.
En concreto, y en cuanto al desarrollo por el Colegio de Registradores del aplicativo Sistema de Alertas a titulares registrales, permitirá algo de una enorme utilidad para los ciudadanos: que cualquier persona física titular registral de una finca o derecho inscrito sea avisada si se ha presentado o despachado en el Registro de la Propiedad un documento que pueda afectar a la finca o a su derecho inscrito.
El hecho de que este servicio sea de carácter gratuito demuestra el interés de los registradores en desarrollar y ofrecer herramientas que simplifican y flexibilizan los trámites registrales.
Desde su responsabilidad actual, ¿qué nos pide a los registradores?
Lo primero que quiero hacer, aprovechando esta ocasión, es agradecer, tanto a los registradores como al personal que trabaja en los registros, el enorme esfuerzo realizado desde el inicio de la pandemia. Por ello, lo único que les puedo pedir es que continúen haciendo todo lo que está en su mano, como hasta ahora, para que el servicio registral, como servicio público de interés general que es, haga la vida más fácil a todos los ciudadanos en un contexto complicado como el que vivimos.
Proyecto Justicia 2030
La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, donde se analizaron algunos proyectos de colaboración entre ambas instituciones en el marco del proyecto Justicia 2030, con el objetivo de promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia. En el encuentro también participaron, por parte del Colegio de Registradores, el director del Servicio de Coordinación de Oficinas Liquidadoras, Conciliación y Mediación Registral, José Ramón Martín Marco y, por parte del ministerio, Lourdes Menéndez.
