“España es el segundo país más beneficiado por los fondos europeos”
El secretario de Estado de Justicia aborda en esta entrevista las medidas que se están adoptando desde el ministerio para hacer de la Justicia un elemento capital en la recuperación social y económica que debe afrontar nuestro país. También hace una valoración de la gestión de los registradores durante el estado de alarma, destacando su “absoluta vocación de servicio público”.
El ministro de Justicia señaló como línea principal de su ministerio la implantación de Justicia 2030, para la transformación del servicio público. Tras la pandemia, en el escenario en que ahora nos encontramos, es evidente que esa transformación es si cabe más urgente. ¿En qué ha afectado el COVID-19 a la agenda del ministerio? ¿Han cambiado sus prioridades?
El COVID-19 nos ha hecho vivir una situación inesperada, dando lugar a la adopción de decisiones drásticas, como la declaración del estado de alarma por segunda vez en nuestra historia democrática.
La crisis nos ha mostrado, abruptamente, las carencias del sistema, pero hemos obtenido lecciones positivas de la gestión de la misma. Aunque ya habíamos empezado un ambicioso proceso de diagnóstico de tales carencias, la crisis ha permitido identificarlas con más celeridad, nitidez y claridad.
Para hacer frente a la misma, hemos puesto en marcha una hoja de ruta COVID-19 como el primer paso necesario para hacer de la justicia un elemento capital en la recuperación social y económica que debe afrontar nuestro país. Esta hoja de ruta es el Proyecto Cero, una de las iniciativas de Justicia 2030.
Debemos impulsar la transformación a pesar de las circunstancias o, precisamente, porque lo que antes era urgente ahora es exigencia necesaria. Nuestras prioridades no han cambiado tras la crisis generada por el COVID-19. La agenda del ministerio sigue vigente. La crisis nos ha mostrado que el camino es el consenso y el esfuerzo conjunto.
Me gustaría destacar la capacidad que han demostrado las instituciones y el conjunto de operadores jurídicos para aunar esfuerzos y trabajar en la misma dirección durante estos últimos meses. Pienso que estamos avanzando en la cogobernanza, tanto a nivel territorial entre Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, a nivel parlamentario llegando a grandes acuerdos con la mayoría de partidos políticos, incluso a nivel europeo, logrando el acuerdo más ambicioso alcanzado en el seno de la UE desde el Tratado de Maastricht. Es la primera vez que la Comisión Europea se endeuda para financiar programas y no solo préstamos.
No puedo dejar de mencionar que España es el segundo país más beneficiado por los fondos europeos. Recibirá 140.000 millones de euros para invertir en proyectos para la recuperación económica y social y la mayor parte de los fondos serán ejecutados entre 2020 y 2026. Una parte de esos recursos tendrá como destino a la administración de Justicia.
Esta inyección económica es fundamental para implementar los proyectos del Plan Justicia 2030 y hacer de la Justicia un verdadero servicio público.
“Creo firmemente que sin innovación y calidad no hay servicio a la ciudadanía, por muy buenas que sean las sentencias de nuestros tribunales”
¿En qué medida podemos los registradores cooperar en que dicha transformación sea una realidad?
Trabajando codo con codo como hasta ahora, con rigor, de manera leal y constructiva, porque si así lo hacemos, colegiando esfuerzos, habremos recorrido gran parte del camino para conseguirlo.
Se han iniciado los trámites que pretenden la aprobación de la Ley de medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias. ¿Cuáles son los problemas a los que pretende dar solución?
La hiperjudicialización de los conflictos y la congestión de las salas de justicia son una de las mayores cargas del sistema en nuestro país.
Tenemos que hacer un esfuerzo por desjudicializar conflictos en los que se ven inmersos los ciudadanos y que tienen, potencialmente, formas alternativas y adecuadas de resolución.
Nos gustaría trasladar un mensaje claro respecto a que a la justicia no solo se accede a través del órgano judicial. Una sociedad avanzada y moderna, que quiera ser más efectiva solucionando de forma adecuada sus diferencias, debe disponer también de recursos para complementar, que no para sustituir, a la jurisdicción.
Con ello no buscamos exclusivamente descongestionar las salas de justicia, sino adaptar los mecanismos resolutivos en cada caso a los diferentes tipos de controversias que pueden vivir los ciudadanos. Para dar la mejor respuesta posible a cada diferencia hay que contemplar todos los métodos de resolución existentes y que la ciudadanía pueda elegir, escoger, el más adecuado en cada caso concreto.
El esfuerzo realizado desde el ministerio para impulsar diversas actuaciones tecnológicas y hacer frente a la nueva realidad ha sido esencial durante este tiempo. De todas las medidas que se han tenido que tomar durante el estado de alarma, ¿cuáles considera que deben permanecer tras el fin de esta etapa? ¿En qué condiciones?
Creo firmemente que sin innovación y calidad no hay servicio a la ciudadanía, por muy buenas que sean las sentencias de nuestros tribunales.
El compromiso de convertir al sistema de justicia en un verdadero servicio público se ha visto reflejado en la nueva estructura del Ministerio de Justicia.
Hemos creado la Secretaría General para la Innovación y el Servicio Público de Justicia, de la que depende la Dirección General de Transformación Digital. Esta dirección será la encargada de crear economías de escala y evitar el gasto ineficiente de recursos públicos que produce la duplicidad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones digitales para la justicia. Tendrá la misión de mejorar la cooperación autonómica en el desarrollo y reutilización de herramientas de trabajo electrónicas, garantizando la interconexión de las unidades judiciales de todo el territorio del Estado para garantizar la fluidez del trabajo de los profesionales de la justicia.
Los objetivos mencionados iban a implementarse progresivamente a lo largo de la legislatura. Sin embargo, la gestión de la crisis nos ha llevado a realizar un despliegue tecnológico de gran envergadura en un corto espacio de tiempo. La respuesta ha sido satisfactoria teniendo en cuenta la situación previa, pero creo que la situación tecnológica de nuestra justicia es inaceptable en el siglo XXI.
La mayoría de las medidas adoptadas durante la crisis representan evidentes mejoras técnicas que redundan en ventajas para los ciudadanos, por lo que creo que “han venido para quedarse” y terminarán por encontrar acomodo en nuestra legislación procesal de manera permanente.
Realidades como el teletrabajo de los funcionarios, el acceso remoto al expediente de los profesionales designados, la identificación a distancia de intervinientes, las comparecencias telemáticas, etc., deben pasar a formar parte de manera permanente de nuestra realidad judicial. Inmediación digital, seguridad jurídica digital, fe pública judicial, acceso de los profesionales a aplicaciones y trabajo en remoto son políticas prioritarias para justicia en este mandato.
“Estamos trabajando en la trasposición de la Directiva sobre digitalización, en el acceso telemático al Registro suprimiendo el fax, en una resolución conjunta con el Catastro, en la posibilidad de la jubilación a los 72 años…”
Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles fueron declarados durante el estado de alarma servicio público esencial, por lo que su funcionamiento no se interrumpió en ningún momento. Ahora, terminado este periodo, ¿cómo valora nuestra gestión? ¿Qué nos pide para esta nueva normalidad?
La respuesta ha sido excepcional. En esta profesión hay una vocación de servicio público absoluta. El esfuerzo que muchos registradores han hecho también con sus plantillas manteniendo el trabajo a pesar de que no ha habido ingresos en estos meses es digno de elogio.
En el corto y en el medio plazo esperamos contar con su apoyo a la hora de retomar proyectos aparcados durante la pandemia: estamos trabajando en la trasposición de la Directiva sobre digitalización, en el acceso telemático al Registro suprimiendo el fax, en una resolución conjunta con el Catastro, en la posibilidad de la jubilación a los 72 años, entre otros muchos aspectos necesarios.
En el largo plazo, estamos impulsando un proyecto mayor centrado en seguir mejorando progresivamente la seguridad jurídica en España, y en particular la seguridad jurídica digital. En el mundo actual, que opera en red y de forma cada vez más interconectada, es una política pública esencial para proteger de forma efectiva los derechos y libertades de la ciudadanía.
Nos consta la preocupación por la posible aparición de numerosas solicitudes de concurso de acreedores al finalizar el año. Muchos registradores son mediadores y por ley tenemos encomendada la función de conciliar, junto a otros fedatarios públicos. ¿Cree conveniente potenciar la resolución extrajudicial de los conflictos derivados de la insolvencia?
Creo que todos somos conscientes de que se va a incrementar el volumen de trabajo en los juzgados y todos debemos contribuir a que no se produzca un colapso en determinadas jurisdicciones. Para ello hay que buscar, como mencionaba anteriormente, métodos alternativos al proceso, métodos alternativos de resolución de conflictos. Se trata de buscar la solución más adecuada ante cada situación, lo que incluye los casos de insolvencia y los concursos de acreedores.
Los registradores hemos seguido tramitando expedientes de nacionalidad por residencia durante el estado de alarma. ¿Qué valoración realiza de este esfuerzo conjunto de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y el Colegio de Registradores por reconocer los derechos a aquellos ciudadanos que así lo han demandado?
Sólo tengo palabras de agradecimiento por la ayuda dispensada y por su compromiso con el servicio público. Podemos decir con orgullo que el servicio registral no se ha detenido durante el confinamiento, como servicio público de interés general que debe ser y es.
Durante la jornada que el Colegio de Registradores organizó sobre la modernización del lenguaje jurídico, el ministro de Justicia mostró su compromiso por reanudar los trabajos de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, un órgano que impulsó en su anterior etapa como secretario de Estado en 2011 y del que usted fue el encargado de dirigir los informes. ¿Por dónde pasa el futuro de su modernización?
La modernización del lenguaje jurídico es una prioridad para este Ministerio.
La claridad de la expresión oral y escrita de los profesionales del derecho aumenta la seguridad jurídica, permite que las personas conozcan sus derechos y obligaciones, sepan cómo y ante quién hacerlos valer e incrementa la confianza y la participación en las instituciones. Es fundamental para la accesibilidad y la calidad de la justicia.
Somos conscientes de que la modernización de la justicia requiere una adaptación del lenguaje jurídico. Por eso tenemos que derribar el muro que separa a las instituciones de los ciudadanos. El lenguaje no puede ser un límite.
No hay que negar los avances que se han producido en los últimos años, como la creación de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, la Guía breve del prontuario del estilo para el Tribunal Supremo 2016, el Diccionario del Español Jurídico, libro de estilo de la justicia, además de cambios legislativos que van incorporando ese lenguaje más actual, pero aún queda mucho camino por recorrer.
Lo decía recientemente el ministro en la jornada que organizasteis: una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de entender.
Por ello, queremos darle a este tema la importancia que se merece, potenciando el papel de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico.
“La crisis nos ha mostrado que el camino es el consenso y el esfuerzo conjunto”
Usted presidió recientemente la primera reunión de la comisión de expertos que participará en la elaboración del anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa. Según el presidente de la comisión, el jurista Antonio Garrigues Walker, uno de sus principios rectores deberá ser su orientación al ciudadano. ¿Qué espera de esta norma?
No podemos hablar de derechos y garantías si no hablamos del derecho de defensa. Sin defensa efectiva no puede haber justicia para nadie. Los profesionales de la abogacía llevan tiempo reclamando, con razón, cerrando el círculo de garantías constitucionales con una ley orgánica del derecho de defensa. Para proteger y defender de modo efectivo a la ciudadanía es importante desarrollar este derecho constitucional básico.
La comisión que preside Antonio Garrigues Walker, y de la que forman parte ilustres juristas, como Miquel Roca o la propia presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, está ya trabajando para lograr un texto legal que esperamos poder presentar lo antes posible. En él se recogerá un nuevo marco legal básico para el ejercicio del derecho de defensa en el proceso, centrado estructuralmente en la ciudadanía.
La ONU ha hecho entrega al Ministerio de Justicia del Premio al Servicio Público 2020. Se trata del mayor reconocimiento mundial por la excelencia en el servicio público a instituciones que contribuyen a una administración pública más efectiva y receptiva, y que avanzan hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué supone este premio para todos los que componen el equipo ministerial?
Una gran satisfacción. Este equipo ministerial está firmemente comprometido con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Compartimos su visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Muchos de los que formamos el equipo ministerial en estos momentos estuvimos en el Ministerio en el gobierno del presidente Zapatero. Durante aquella etapa aprobamos el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2011. El Plan Justicia 2030 pretende enlazar con él, adecuándolo a las nuevas realidades.
El reconocimiento de Naciones Unidas nos anima a perseverar en nuestro empeño de lograr un servicio público de justicia eficaz y de calidad, que es lo que exige la ciudadanía.
Los registradores nos ofrecemos para colaborar en todo aquello en lo que podamos ser útiles para la recuperación económica y social tras el fin del estado de alarma. ¿Qué espera de nosotros el secretario de Estado?
Esperamos mucho, dado que es un colectivo fundamental para la seguridad jurídica en España. Los registradores no sólo han mantenido un enorme compromiso con el servicio público antes y durante la pandemia, tan necesario en estos tiempos difíciles. Al tiempo, están promoviendo importantes sinergias estructurales en materia de seguridad jurídica con otros profesionales. Sin duda, es la forma eficiente de hacer las cosas, para que la ciudadanía acceda a un servicio público de gran calidad. Por ello, para nosotros, es muy importante seguir colaborando tan estrechamente como hasta ahora, impulsando proyectos de seguridad jurídica incluyentes y consensuados, con una visión de futuro sostenible en su ADN. Sólo de esta forma aseguraremos que los profesionales de la seguridad jurídica están, todos a una, en la mejor posición para prestar un servicio público de futuro, en un mundo en el que cada vez tiene más peso relativo el factor o elemento digital. Ese es el desafío y seguro que trabajando juntos, y escuchándonos más unos a otros, entre todos podemos hacerlo realidad.
