La Constitución diseñó la cobertura legal de la prensa para permitir su entrada en colisión con el poder político y que pudiera aguantar el impacto. Para permitírselo, e incluso proteger su función en ese cometido.
Pero hoy, cuarenta años después de la aprobación de nuestra Constitución, se vuelve a oír hablar de regular la prensa para evitar supuestas informaciones fakes: noticias que albergarían un fin extraño y una supuesta estrategia política.
Lo cierto es que tanto el desarrollo legal como su matriz constitucional diseñaron ya todas las salvaguardas necesarias para evitar cualquier falsedad informativa. Y lo hicieron con el acierto y la conciencia de no beneficiar a ningún actor político. Sino, todo lo contrario, de favorecer la necesaria criba de las formaciones políticas a través de un contra poder múltiple, capaz de albergar todas las ideologías y puntos de vista.
El artículo 20 de la Constitución reguló con especial cuidado las libertades de expresión e información (párrafo 1, apartados a) y d), respectivamente). La libertad de expresión la protegió como libertad para comunicar pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio de difusión ya sea de carácter general -como la prensa- o más restringido -pasquines, propaganda política, etc.-. De este modo, los partidos que quieran limitar esta faceta deberán ser conscientes de que no se puede tocar lo uno sin lo otro. Es decir, que no se puede limitar la prensa, sin recortar su propia labor de propaganda e inducción al voto.
La libertad de información, por su parte, se plasmó como la comunicación de hechos mediante cualquier medio de difusión general. De esta forma, tanto la libertad de expresión -con su matiz subjetivo-, como la libertad de información -con su componente más objetivo- gozan de plena protección. Dicho de otra manera: que no es posible combatir una información por el hecho de contener una tendencia: porque esa tendencia también está protegida constitucionalmente. Tan sólo la falsedad es combatida.
Si el secretismo tuviese poder legal para coartar la investigación periodística, el ganador de esta pugna no sería el sistema democrático, sino la opacidad política
El precepto constitucional, de hecho, exige la veracidad en el caso de la información, una exigencia que se ha interpretado doctrinalmente como una necesidad de veracidad subjetiva, es decir una constatación de que el periodista ha actuado con la diligencia debida y ha contrastado la información de forma adecuada a los medios disponibles y la realidad de la noticia (SSTC 47/2002 y 75/2002). La Carta Magna lo hace de este modo, precisamente, para evitar que la exigencia pura de una verdad objetiva sin la más mínima tacha pudiese limitar en exceso el ejercicio libre de la prensa. Y es que, si el secretismo tuviese poder legal para coartar la investigación periodística, el ganador de esta pugna no sería el sistema democrático, sino la opacidad política.
Igualmente está ya regulado el derecho de rectificación cuando los afectados consideren que las informaciones difundidas son inexactas y pueden causarles perjuicios. Un derecho que cuenta con su desarrollo propio en la Ley Orgánica 2/1984 y con la maduración propia de sentencias del Tribunal Constitucional como las 6/1988 y 51/2007, que han dibujado este derecho con la característica de su agotamiento en la rectificación de la información publicada.
Como colofón, la Carta Magna desarrolla igualmente el derecho a crear medios de comunicación. El Tribunal Constitucional ha reafirmado esta extensión en su sentencia 12/1982 señalando que sólo una imposibilidad técnica insalvable puede limitarlo -como, por ejemplo, una limitación del espacio radioeléctrico-. Nunca por presiones políticas.
En resumen, que tanto la publicación, como la investigación periodística, y hasta la creación de nuevos medios, gozan de protección plena constitucional. Y quien desde los poderes políticos decida desafiar esta libertad, no podrá hacerlo sin una reforma constitucional, sin la defensa del Tribunal Constitucional, y, además, enfrentándose a un fuerte descrédito internacional.
Carlos Cuesta
