El desarrollo de una nación se mide por la calidad de su Administración. Un país que funcione, entre otros parámetros, tiene que contar con una Administración competente que se relacione y comunique eficazmente con sus administrados, que no son otros que los ciudadanos, las pymes, los autónomos y las empresas; es decir, el tejido productivo de un país.
España cuenta con unos competentes trabajadores públicos y excelentes funcionarios —en algunos casos, de los mejores preparados del mundo—pero tiene una Administración obsoleta dirigida por un Gobierno que, desgraciadamente, mantiene a España en el último puesto de la recuperación económica. Se está desaprovechando un capital humano muy importante, que se acelerará en los próximos años como consecuencia de la jubilación de entre el 35% y el 50% de los empleados públicos. Tenemos una ventana de oportunidad para reconducir y reorientar la administración como nunca, y hay que hacerlo cuanto antes.
Por eso, una de las primeras medidas que adoptaré si los españoles me dan su confianza será reducir en, al menos, un tercio los ministerios que hay actualmente, y plantearé, además, una auditoría de las cuentas públicas. Será el inicio de una reforma administrativa profunda, que tendrá como principal protagonista a las nuevas tecnologías y la digitalización.
En esa labor importante estamos en mi partido. Tenemos un déficit demasiado grande en el campo de la simplificación administrativa y la reducción de trabas burocráticas que está provocando que se esté perdiendo una enorme oportunidad por la mala gestión y la baja ejecución de los fondos europeos. En lugar de más papeles, más ventanillas y tratar de hacer responsables a las CCAA, hay que dotar de más agilidad y eficiencia las ayudas que nos llegan de Europa para que reviertan en empresas, pymes y autónomos.
Por eso, nada más acceder a la presidencia de mi partido, remitimos al Gobierno un completo plan económico sin siglas ni logos. Detallábamos medidas relacionadas con bajadas de impuestos, un rediseño de los fondos europeos, reformas estructurales, la racionalización del gasto burocrático del Ejecutivo y un conjunto de medidas para simplificar normas y facilitar la relación con la Administración.
Tenemos la obligación de escuchar las necesidades de nuestras empresas y favorecer su desarrollo con marcos normativos flexibles y adaptables a la realidad de nuestro tiempo, impulsar la unidad de mercado y garantizar la seguridad jurídica.
La independencia y despolitización de los reguladores, la recuperación de la confianza en las instituciones y la estabilidad normativa son esenciales para que España y por extensión sus empresas, sean percibidas como fiables, serias y puedan ser así receptoras de inversión extranjera.
El Gobierno central ha decidido aumentar la carga fiscal a ciudadanos y empresas en lugar de reducirla como hemos propuesto nosotros y que han seguido, curiosamente, la mayoría de las comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el PSOE y Podemos. Un contrasentido en un gobierno que antepone la ideología a la economía.
Las grandes políticas de un país —como nos ha demostrado la Historia-se han conseguido a través de diálogo y consensos. Estamos en un momento crucial que necesita de grandes pactos como los que fuimos capaces de realizar en la Transición. Y uno de esos pactos es el de la Administración. Nuestra mano está tendida.
Alberto Núñez Feijóo
Presidente del Partido Popular
