Las mujeres que estamos en política, que servimos con nuestro trabajo a la ciudadanía, tenemos la obligación de poner la mayor de las disposiciones y nuestro saber hacer en aquellas áreas que se nos encomienda gestionar, pero también estamos obligadas a hacer visible nuestro trabajo y valía como género, para que otras muchas se animen a llegar allá donde quieran hacerlo, sin miedo, sin complejos y sin condicionantes.
La representatividad de las mujeres en espacios públicos y privados no es una cuestión banal, es la normalización de situaciones hasta hace bien poco irracionalmente inusuales. La tradición patriarcal de proyección del género masculino en los ámbitos públicos ha relegado, durante mucho tiempo, a las mujeres al trabajo en sus hogares y a carreras laborales de escala baja, mermando nuestras cotas de independencia e invisibilizando nuestra visión y nuestras necesidades.
Por eso, porque únicamente se trata de una cuestión cultural, arraigada, pero cultural, desde la esfera pública tenemos que garantizar la posibilidad de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, tenemos que garantizar la posibilidad de que podamos ejercer los puestos para los que estamos preparadas, sin más condicionantes que nuestras propias capacidades para el cargo.
La representatividad de las mujeres en espacios públicos y privados no es una cuestión banal, es la normalización de situaciones hasta hace bien poco irracionalmente inusuales
No es una tarea sencilla porque, como digo, luchamos contra una tradición arraigada que se sigue perpetuando sin ningún sentido ya en el siglo XXI. No podemos permitirnos perder la valía y aportación de la mitad de la población. Parece absurdo pensar que una empresa, por ejemplo, prescindiera o limitara la capacidad de trabajo de la mitad de su plantilla, sin embargo, es lo que hacemos como sociedad.
Tenemos que seguir trabajando por romper las barreras de acceso a puestos de responsabilidad que aún existen, y tenemos que hacerlo como garantía de representación y atención del total de la población. Hombres y mujeres juntos, con visiones, percepciones y necesidades complementarias somos la salvaguarda de una asistencia universal en la esfera de lo público, y de una gestión integral en lo privado. Unos y otras, codo con codo, hacemos más rica nuestra sociedad.
De sobra es conocida La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta norma prevé la elaboración de planes de igualdad en la Administración Pública y en las empresas, encaminados a alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres, así como a combatir decididamente todas las manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.
A modo de reflexión puedo decir que, aunque puede que en el imaginario colectivo el mundo jurídico está más asociado al sexo masculino, en muchos aspectos no es así y es el sexo femenino el que se está imponiendo. Evidentemente, el Gobierno de Cantabria, vela y debe de velar porque el impacto de las políticas públicas que emprende atienda al principio de igualdad y provoquen estímulos correctores encaminados a erradicar cualquier discriminación que se detecte por el hecho de ser mujer, cumpliendo así con los objetivos de las políticas de igualdad que afortunadamente cada vez están más presentes en la sociedad.
Nos queda aún mucho trabajo por hacer y, desde el puesto representativo que ostento, me comprometo a continuar llevando la visión de género a cada acción política. Tratar igual a desiguales fomenta la desigualdad, por lo que mi empeño va a continuar siendo llegar a esa línea de salida de la que partamos juntos.
Paula Fernández
