«Es preciso crear e interiorizar una cultura pública de transparencia”
María José de la Fuente y de la Calle es, desde el 24 de julio de 2018, la presidenta del Tribunal de Cuentas, un órgano constitucional al que la presidenta ha dedicado toda su vida profesional, desde que ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados.
El artículo 136 de la Constitución Española en su párrafo primero afirma: “El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.” Una gran responsabilidad dirigir esta Institución, que constituye un índice claro de la calidad democrática de nuestro país.
Acabamos de celebrar el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978, en la que se funda la institución que presides. ¿Qué valoración te merece? ¿Cómo ha contribuido el Tribunal de Cuentas a consolidar la democracia en España?
El año 1978 supuso un hito trascendental en nuestra historia. Las Cortes Generales aprobaron y el pueblo español, en el ejercicio de su soberanía, ratificó la Constitución Española. Fue el resultado de un gran acuerdo de convivencia y concordia, que trajo la democracia y forjó un sólido marco para la estabilidad política, el progreso social, el bienestar y la modernidad, bajo los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, que garantizan la convivencia y la protección a sus ciudadanos. Cuarenta años a su amparo así lo avalan.
El establecimiento de mecanismos de control, la búsqueda de pesos y contrapesos al ejercicio del poder, es una regla esencial para el adecuado funcionamiento de los Estados democráticos, una garantía del Estado de Derecho. En este contexto, el artículo 136 de la Norma Fundamental configuró al Tribunal de Cuentas como institución constitucional, y le dotó de las funciones fiscalizadora y de enjuiciamiento contable.
La realidad económica y social y las demandas de los ciudadanos requieren de las entidades públicas comportamientos ajustados a la normativa, pero también gestiones más eficaces, mayor eficiencia en la consecución de los objetivos y el cumplimiento de los programas, transparencia, alto rigor técnico y más economía en la actuación, además de un comportamiento ético de los gestores, debiendo rendir cuentas de su actuación y asumir responsabilidades.
Estas demandas hacen del Tribunal de Cuentas una pieza clave del sistema. Desde el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por la Constitución, contribuye a que estas exigencias se hagan efectivas en el ámbito económico-financiero público, y reclama las responsabilidades contables en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, exigiendo el reintegro de los perjuicios ocasionados.
Por ello, tenemos el firme compromiso de reforzar los controles, buscar nuevas soluciones y recomendar medidas que, desde el ámbito de la normativa y de las prácticas de gestión, redunden en el buen gobierno. Sabemos la alta responsabilidad que asumimos, en la medida en que la fortaleza y solvencia de nuestra actuación tienen un impacto inmediato en el reforzamiento de la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos, desde la certeza de que están controlados.
En tu discurso de toma de posesión señalaste tres principios como guía de actuación: la transparencia, la modernización y el buen gobierno.
La transparencia un valor demandado hoy por la ciudadanía a quienes gestionan los recursos públicos. ¿Qué aporta a este valor el Tribunal de Cuentas?
Ciertamente, hoy más que nunca la sociedad reclama organizaciones modelo en su gestión interna y en su actuación, en las que, mediante la transparencia, los gestores públicos ofrezcan información de su funcionamiento y se sujeten al escrutinio público y, a través de la rendición de cuentas, se responsabilicen de sus actos ante terceros.
La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de diciembre de 2013, supuso un gran paso en esta línea, en la medida en que abordó esta exigencia de modo global. Pero para garantizar la transparencia no es suficiente contar con legislación al efecto y observarla escrupulosamente, sino que es preciso también crear e interiorizar una cultura pública de transparencia.
El control constituye un elemento esencial para garantizar la transparencia. La base para la fiscalización que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas es la rendición de cuentas por las entidades obligadas legalmente a ello; lo cual, no solo es una obligación legal, sino la más clara exigencia de transparencia en la gestión. El Tribunal ha de verificar, entre otros aspectos, el sometimiento de la actividad económico-financiera al principio de transparencia, como dispone su Ley Orgánica; aspecto que integra como objetivo horizontal en todas sus fiscalizaciones. Con todo ello, no solamente supervisa el debido cumplimiento de la normativa, sino que además impulsa que la cultura de la transparencia se asiente en las entidades públicas como principio inspirador de su actividad y elemento constitutivo de las mismas. Así lo reconoce la propia exposición de motivos de la Ley de Transparencia, que señala que “permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico”.
También es una exigencia para el propio Tribunal buscar y practicar la máxima transparencia en su funcionamiento y en la difusión de los resultados, lo que representa una prioridad en su actuación, contribuyendo así a favorecer un entorno de certidumbre y credibilidad institucional.
La transparencia ¿puede erradicar conductas indeseadas como la corrupción o el blanqueo de capitales?
Ciertamente, resulta preciso que las instituciones actúen con la necesaria transparencia, como principio que contribuye a la economía, al rigor presupuestario y a un control más eficaz de las cuentas y de la actuación pública. Ello constituye un límite importante para actuaciones irregulares y fraudulentas al exigir a los gestores exponer y someter su gestión al conocimiento y contraste público y asumir responsabilidades. La transparencia incide directamente en el comportamiento ético de los gestores.
El Tribunal de Cuentas es plenamente consciente de la preocupación ciudadana por la gestión de los fondos públicos y por la corrupción, y por ello dirige sus esfuerzos, con toda intensidad, al cumplimiento de las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas. Si bien no tiene la naturaleza, la configuración, las atribuciones y los instrumentos de un órgano anticorrupción, el Tribunal lleva a cabo una labor de verificación de las cuentas y de la gestión económico-financiera pública, de la que pueden resultar prácticas fraudulentas, y propone las medidas que estima convenientes para la mejora de la misma. Cuando de los controles se advierten hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones jurídicas de cualquier naturaleza, se trasladan a la jurisdicción competente o a los órganos especializados; y si las eventuales responsabilidades fueran contables, es la Sección de Enjuiciamiento del propio Tribunal de Cuentas la que conoce de ellas.
En cuanto a la modernización, se ha constituido una comisión dirigida a impulsar la Administración Electrónica. ¿Cómo afronta el Tribunal de Cuentas el reto de las nuevas tecnologías?
En los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha impulsado grandes cambios en su propia organización y operativa interna. En este proceso se ha apostado por la modernización y puesta al día de los procedimientos, la mejora de la transparencia y de la excelencia, una comunicación más directa con el exterior, así como por el fortalecimiento de su posición institucional y reconocimiento social; proceso que sigue en marcha, como se pone de manifiesto en el Plan Estratégico del Tribunal 2018-2021.
En este contexto, resulta fundamental la transformación y el avance realizado en la incorporación de las tecnologías de la información, no sólo aplicadas al desarrollo de los procedimientos fiscalizadores y jurisdiccionales del Tribunal, sino también al ejercicio de su propia actuación interna y al funcionamiento de sus órganos.
En efecto, para favorecer este proceso, el Tribunal de Cuentas constituyó una Comisión. Además, en 2018 creó una Comisión conjunta con los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, consciente de que este valor compartido redundará en una mejora de la eficiencia del control a nivel global.
En el Tribunal de Cuentas se ha generalizado el uso de herramientas tecnológicas y la aplicación de procedimientos telemáticos, en un proceso en permanente avance. Su implantación repercute inmediatamente en una mayor eficiencia, rapidez y transparencia en la gestión de los procedimientos, y, a la vez, genera un efecto reflejo en las entidades controladas, en la medida en que estas han de adaptar sus sistemas internos para dar cumplimiento a las obligaciones con aquel.
“Hoy más que nunca la sociedad reclama organizaciones modelo en su gestión interna y en su actuación, en las que los gestores públicos ofrezcan información de su funcionamiento y se sujeten al escrutinio público”
El buen gobierno. Mirando hacia el Tribunal, siempre destacas la formación y dedicación de su personal que enjuicia y fiscaliza las cuentas públicas. ¿Qué pasos debieran darse para reforzar aún más su cualificación y su independencia?
En efecto, quiero destacar el papel del personal del Tribunal de Cuentas, profesionales comprometidos y de elevada cualificación y capacitación, que constituyen un valor clave en el desarrollo de nuestras funciones y aportan altos estándares de calidad en los trabajos.
La normativa reguladora de la función pública les impone la obligación de mantener la objetividad, la imparcialidad y la independencia en el desarrollo de sus funciones y establece mecanismos de salvaguarda; lo que también se recoge en las normas internas del Tribunal de Cuentas.
En los últimos años, nuestra institución viene realizando un esfuerzo de incorporación de nuevos efectivos, que debe mantenerse para afrontar con garantía la necesaria renovación generacional, así como para responder a las demandas crecientes del Parlamento y de los ciudadanos y hacer frente al incremento de tareas que se nos vienen atribuyendo.
También queremos seguir avanzando en los programas de formación continua, de modo que permitan mantener y actualizar la alta cualificación del personal.
¿En qué medida va a marcar tu condición femenina esta etapa de gobierno?
La designación de mujeres al frente de las organizaciones pone de manifiesto una evidencia rotunda: mujeres y hombres somos igualmente profesionales, competentes, responsables y capaces de dirigirlas con éxito. Estimo que el mayor triunfo de la igualdad consiste, precisamente, en que ello se interiorice como práctica habitual y se asuma, entienda y aplique con la más absoluta normalidad, y no como un hecho especial o extraordinario.
Es cierto que cada vez somos más las mujeres que dirigimos y desempeñamos puestos relevantes en instituciones públicas, y ello es reflejo de la evidencia a la que me acabo de referir. Pero también resulta de un trabajo comprometido, permanente, esforzado y activo por materializarlo, en un proceso ascendente que hay que seguir impulsando con intensidad para evitar que exista resistencia o reserva alguna hacia esta realidad.
Yo, por mi parte, como mujer profesional seguiré dedicando todo mi esfuerzo, saber e iniciativa, a impulsar que el Tribunal de Cuentas desarrolle sus funciones constitucionales con los más altos estándares y al servicio de los ciudadanos, y con la voluntad de seguir haciendo camino en el reconocimiento del valor que aporta la igualdad.
Desde el conocimiento que te da el fiscalizar las cuentas públicas de las instituciones del Estado, del sector público en general, ¿qué recomendaciones les harías?
Los informes de fiscalización y las mociones del Tribunal de Cuentas contienen un buen número de recomendaciones, resultado de los controles efectuados, constituyendo el mejor exponente de las pautas que propone para contribuir a la mejora de la gestión. En la medida en que las entidades públicas evolucionen hacia parámetros de legalidad, de buen gobierno y de transparencia como consecuencia de la fiscalización y al amparo de las recomendaciones ofrecidas en dichos informes, el control habrá alcanzado su plena dimensión y el máximo impacto en su actuación.
El Tribunal de Cuentas está poniendo especial énfasis en el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones, desarrollando controles específicos a dicho fin.
Desde siempre has apostado por la coordinación de los distintos órganos de fiscalización de los países de nuestro entorno, de Europa. Tu trayectoria profesional tiene un claro componente internacional que culmina en la Secretaría General de la Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EUROSAI), que ostentas en la actualidad. ¿Cuál es la relación con las instituciones homólogas de los distintos países?
Efectivamente, de mis veintiséis años de carrera profesional en el Tribunal de Cuentas, la mitad los he dedicado al ámbito internacional, lo que me ha permitido conocerlo y apreciar el gran valor que aporta.
Resulta evidente que en un contexto globalizado, las soluciones meramente individuales no son suficientes. La práctica de cada una de las instituciones fiscalizadoras constituye una importante fuente de información y experiencias para las demás. Por ello, la cooperación y la colaboración se presentan como piezas clave que añaden un valor exponencial al conjunto.
La actividad internacional del Tribunal de Cuentas es muy intensa. Participamos muy activamente es el Comité de Contacto de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Unión Europea. Se trata de un foro para debatir y abordar, tanto a nivel de presidentes de las instituciones, como a través de redes de técnicos y grupos de trabajo, cuestiones de interés compartido relacionadas específicamente con la UE, fomentando la cooperación y las auditorías coordinadas, como, por ejemplo, la que estamos desarrollando actualmente en materia de resolución bancaria.
Nuestra intervención resulta muy comprometida en el ámbito de EUROSAI, Organización en la que nuestra institución desempeña el cargo de Secretaría General, con carácter permanente desde su creación en 1990, y a cuyos grupos de trabajo contribuimos, lo que nos permite compartir buenas prácticas y avanzar conjuntamente hacia la mejora del control.
Además, el Tribunal de Cuentas es miembro asociado de la Organización Latinoamericana y del Caribe de EFS (OLACEFS), lo que impulsa la interactuación con la comunidad auditora de dicha región y la participación en las iniciativas puestas en marcha en el seno de la misma, como es el caso de las auditorías coordinadas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
El Tribunal de Cuentas es asimismo miembro de la Organización Internacional de EFS (INTOSAI), marco global bajo el cual cooperamos con más de 190 Instituciones homólogas de todo el mundo. Esta organización trabaja intensamente en la elaboración de normas para la auditoría del sector público, en el desarrollo de capacidades en las EFS y en la continua mejora de su rendimiento.
¿Y con el Tribunal de Cuentas Europeo?
Nuestra relación bilateral con el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) tiene como líneas directrices la colaboración en el marco del Tratado de Funcionamiento de la Unión y el reforzamiento de la cooperación, así como la coordinación del sistema de control externo en España. El Tribunal de Cuentas presta apoyo al TCE en aquellos controles que desarrolla en instituciones nacionales; además, toma en consideración su programa anual y los resultados de sus informes a la hora de programar la actividad fiscalizadora propia. También se pone especial interés en contribuir a la difusión de los resultados de los informes del TCE, habiéndose institucionalizado, entre otras iniciativas, la presentación conjunta en España del Informe Anual de la Institución comunitaria.
Los registradores, cuyo símbolo es un libro abierto también apuestan por la transparencia, ejerciendo su labor de control de la legalidad con independencia. ¿Qué nos puedes aconsejar? ¿Cómo se ve nuestra función desde el Tribunal de Cuentas?
Concurren algunos elementos análogos en las funciones de los registradores y del Tribunal de Cuentas. Los primeros contribuyen, en el ejercicio de su actuación, a la realización práctica del principio de seguridad jurídica. Por su parte, el Tribunal de Cuentas verifica en sus fiscalizaciones la adecuación de la actividad económico-financiera al principio de legalidad, por lo que también participa de la vigilancia de la observancia de dicho principio.
Como se desprende de la Ley Hipotecaria, los registradores, al calificar la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud se solicitan las inscripciones, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, están interviniendo de forma directa en la vigilancia y aplicación del Derecho, y comparten, desde otro ángulo y con distinto alcance, ese carácter de órgano de control con que también cuenta el Tribunal de Cuentas.
Es de destacar el valor del Registro de la Propiedad como institución pública destinada a proteger el tráfico jurídico y la fe pública que otorga a las situaciones jurídicas sobre los bienes inmuebles. Además, los registradores han desarrollado valiosas herramientas e instrumentos que ofrecen un conocimiento directo e inmediato sobre aquellas, lo que aporta información que puede resultar muy relevante para el control y para el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, tanto en la fase de actuaciones previas como para la ejecución de sentencias.
