María Paz García Rubio

“La influencia del Derecho de la Unión Europea en nuestro Derecho privado es enorme”

La entrevista con la catedrática de Derecho civil, María Paz García Rubio, gira en torno a tres ejes: la Universidad, la Comisión General de Codificación y Jubilare, ejes que a su vez agrupan sus principales inquietudes como jurista: la docencia y la investigación, por un lado, la modernización de la legislación civil para adaptarla a la sociedad de nuestros días, por otro; y, finalmente, lo que pueden hacer los juristas por mejorar la sociedad en la que vivimos, más allá de su deber y su estricta dedicación profesional.

Con una larga carrera docente y una entrega al Derecho civil, ¿cómo ve el futuro de la Universidad en este siglo XXI? ¿Cómo debe enfrentarse a la IA? 

En efecto, llevo cuatro décadas como profesora de Derecho civil, primero en la Universidad de León y desde 1989 en la de Santiago de Compostela, donde soy catedrática desde el año 2000. 

Como docente, son muchas las generaciones de estudiantes de licenciatura, grado, postgrado y doctorado que han pasado por mis manos, o por mis clases o tutorías, para ser más precisa. En estas cuatro décadas la docencia universitaria ha cambiado de modo notable. Por poner un ejemplo, comparativamente, hay menos estudiantes en las aulas que hace años. Las razones son varias y no puedo desgranar aquí todas, pero sí diré que una de ellas, y una de las que más preocupa a los docentes vocacionales, es el absentismo: muchos alumnos y alumnas no asisten a clase y no lo hacen porque piensan que, en realidad, estas no aportan nada, o al menos, no aportan lo suficiente como para que merezca la pena madrugar o trasladarse hasta la facultad. Y esto es muy preocupante, cuestiona nuestros métodos y nuestra función, pero también obliga a que nos preguntemos por los valores de los jóvenes de hoy y por la falta de coordinación entre estos y aquellos con los que nosotros hemos crecido y que habríamos creído que eran los correctos, como la autorresponsabilidad o la relación con los compañeros de clase.

Como investigadora creo que, en materias como el Derecho, la Universidad, y en concreto la Universidad pública, tiene un papel esencial, porque lo cierto es que cuesta pensar en empresas privadas dispuestas a invertir dinero para que se comprendan mejor determinadas instituciones jurídicas o se construyan otras más idóneas para solucionar nuevos problemas. Tampoco es fácil imaginar que el sector privado invierta en formar a nuevos investigadores en el ámbito del Derecho.

Pero no soy particularmente optimista. Mi percepción es que la Universidad está muy centrada en sí misma, perdida en la burocracia y en los asuntos internos, muchas veces creando problemas que no existían, para luego dedicar un tiempo inmenso a buscarles solución. Desde luego, la veo cada vez más alejada de la sociedad de la que trae su causa y a la que debería servir.

Parafraseando a Ortega, la misión de la Universidad en mi opinión es doble: por una parte, la formación de personas con capacidad crítica, algo que va más allá de la preparación de los profesionales que las concretas empresas de un determinado momento demanden. Por otra, la creación de conocimiento a través de la investigación, conocimiento e investigación cuyo único fin sensato ha de ser la mejora del ser humano y de la sociedad en la que vivimos. Dudo de que ambas misiones se estén cumplimento cabalmente en la actualidad. Más bien al contrario, me temo que la burocracia y el pragmatismo ganan cada vez mayor espacio en la Universidad contemporánea.

Y respecto a la IA no tengo ni el suficiente conocimiento ni la adecuada experiencia como para dar una respuesta definitiva. En cualquier caso, estoy convencida de que tanto en el aspecto docente como en el investigador está llamada a producir un impacto que intuyo que puede ser revolucionario. Más allá de la utilización por los estudiantes del ChatGPT y similares para hacer trabajos o para copiar de esta u otra manera, lo cierto es que la IAG puede llegar a sustituir, al menos en teoría, la función del profesor o profesora; si no queremos que ocurra, tal vez lo óptimo sea aprender a utilizarla y hacerlo sin miedo para que nos auxilie en nuestra función docente. Por lo que respecta a la labor investigadora, sobre todo en la fase de búsqueda de material y de ordenación de este, su impacto ya está siendo notable; no me cabe duda de que ese impacto se incrementará mucho en un muy próximo futuro.

“Mi percepción es que la Universidad está muy centrada en sí misma, perdida en la burocracia y en los asuntos internos, muchas veces creando problemas que no existían, para luego dedicar un tiempo inmenso a buscarles solución. Desde luego, la veo cada vez más alejada de la sociedad de la que trae su causa y a la que debería servir”

El Colegio de Registradores, consciente del papel fundamental de la Universidad en la formación de los futuros juristas, mantiene convenios con diferentes universidades a lo largo de todo el territorio nacional. ¿En qué dirección debemos trabajar para lograr las adecuadas sinergias y, en su caso, la excelencia?

Siempre me ha parecido que, en España, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en algunos países anglosajones, cuando los estudiantes de la carrera de Derecho finalizan sus estudios o finalizan los correspondientes másteres, rompen prácticamente los lazos con la facultad. Preparan sus oposiciones, hacen sus prácticas en empresas, comienzan sus trabajos como juristas o en otras profesiones y, casi sin excepción, olvidan la que fue durante años su casa. Pienso que es un gran error y una pérdida recíproca, tanto para la Universidad como para los distintos profesionales dedicados al trabajo jurídico o parajurídico.

Hoy, más que nunca, el aprendizaje es una labor de vida y el aprendizaje del Derecho también lo es. El mundo cambia de modo progresivamente acelerado y con ese cambio aparecen nuevos problemas que exigen nuevas soluciones, también desde el punto de vista del Derecho. La sinergia entre la academia, que dedica buena parte de su tiempo al estudio, y la práctica de las distintas profesiones jurídicas que lo aplica, no solo es necesaria, es imprescindible; para aprovechar mejor los recursos personales, para trabajar de modo conjunto y para lograr, otra vez más, la mejora y el progreso social Universidad y sociedad deben seguir yendo de la mano.

La iniciativa de cooperación entre los Colegios de Registradores y la Universidad, por ejemplo, a través de los convenios que mencionas, es, desde luego, un camino a seguir; pero estoy convencida de que se puede hacer mucho más y que el esfuerzo tiene que ser por ambas partes.

También me preocupa la desconexión que hay entre la formación jurídica universitaria y el sistema de oposición para acceder a los cuerpos jurídicos más relevantes, como el de registradores, pero también jueces, notarios, abogados del estado, etc. Parecen dos mundos distintos y opuestos, cuando el fin último es idéntico: formar a los mejores juristas y hacerlo de la mejor manera posible; es algo de lo que se habla desde hace mucho tiempo, pero para el que no se acierta a dar con la tecla adecuada para paliar esa desconexión y actuar, de nuevo, de modo coordinado.

Como vocal permanente de la Sección Primera (Civil) de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, ¿cómo valora la función de la Comisión General de Codificación en la modernización del Derecho civil?

La CGC es una institución dependiente del Ministerio de Justicia muy poco conocida por el público, incluso por el avezado en temas jurídicos. Sus miembros se nombran de manera discrecional entre juristas de trayectoria consolidada y de variadas procedencias; no es una labor profesionalmente autónoma y, por tanto, sus miembros, que no reciben remuneración por este trabajo, deben compatibilizar su labor con su profesión o, en su caso, dedicarse a ello una vez jubilados.

Entre sus funciones, que son más amplias, está la de preparar los borradores y otros textos preliminares sobre las reformas que precisan los códigos o las otras grandes leyes estructurales de nuestro ordenamiento; también sobre nuevas leyes que atiendan a nuevas necesidades o a exigencias derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea, por ejemplo. 

En mi caso soy vocal de la Sección Primera, la de Derecho civil, desde 2015. En esta condición he trabajado, entre otros, en los textos que estuvieron en el origen de la Ley 8/2021 de reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, dando un giro que yo misma he calificado de copernicano, y que venía exigido por una convención internacional, al concepto de discapacidad previamente existente en el Código; también en los que dieron lugar a Ley 17/2021, sobre régimen jurídico de los animales y en otras muchas propuestas de reforma que todavía no han tenido una plasmación legal, al no haber llegado a la fase parlamentaria. Entre estas quiero destacar la Propuesta de Modernización del Código civil en materia de obligaciones y contratos, publicada por el Ministerio de Justicia en 2023, y que pretende poner al día nuestro Código civil, homologándolo así con los de nuestro entorno; pocos son conscientes de que somos el país europeo con un Código civil más desfasado en esta materia, pues todos los de nuestro entorno, o son muy posteriores al nuestro, o han sido convenientemente adaptados a los nuevos tiempos; incluso los paradigmáticos francés y alemán. Esto nos sitúa en una posición de debilidad en el mercado de ordenamientos y hace que nuestros tribunales, y en especial el Tribunal Supremo, tengan que hacer una labor, más que de interpretación de las viejas normas para adaptarlas a los nuevos tiempos, de encaje de bolillos para hacerles decir lo que dicen en otros lugares, pues al fin y al cabo las soluciones del mercado a las que atiende este sector del Derecho privado son bastante similares y están uniformadas por la práctica y la influencia de los textos internacionales. 

En este momento en la Sección Civil estamos trabajando en otra reforma de máximo calado social: la del sistema de legítimas presente en el Código civil, sobre el cual una mayoría de juristas y una buena parte de la sociedad reclama, o bien, su reforma para adaptarla a los nuevos tiempos y las nuevas estructuras familiares o, incluso, su supresión como mejor ajuste posible; estamos preparando sendos textos para su pronta remisión al Ministerio.

En fin, creo que con lo que he dicho se pone de manifiesto la importancia de la labor de la CGC y la conveniencia de que se conozca, se refuerce y se valore la función que cumple en la mejora y modernización de nuestro sistema jurídico.

“En materia patrimonial, aparte de la necesidad de aprobar la modernización de la parte general de las obligaciones y contratos, ya referida, urge también modernizar y unificar el régimen jurídico de la compraventa y crear una normativa del contrato de servicios acorde con los nuevos tiempos”

¿Qué reformas quedan por acometer en nuestra legislación civil? ¿Qué figuras hay que modernizar?

Aparte de las mencionadas en la respuesta anterior, y limitándome a la Sección Civil, diría que es preciso abordar con prontitud la reforma del Código civil en materia de Derecho de familia, tanto para dar entrada a las nuevas formas familiares, en especial, pero no solo, a la convivencia en pareja sin matrimonio, como para poner al día la regulación de la filiación, muy desfasada e incompleta en el Código civil actual. 

En materia patrimonial, aparte de la necesidad de aprobar la modernización de la parte general de las obligaciones y contratos, ya referida, urge también modernizar y unificar el régimen jurídico de la compraventa y crear una normativa del contrato de servicios acorde con los nuevos tiempos. 

También la propiedad y la responsabilidad civil están necesitados de reformas que adapten las normas codificadas a las nuevas realidades que ya no son, ni mucho menos, las que eran en 1889. 

En fin, una labor inagotable.

En este sentido, no podemos olvidar el impacto de la normativa europea en nuestras propias instituciones. ¿Cómo valora esta influencia?

La influencia del Derecho de la Unión Europea en nuestro Derecho privado es enorme. No solo en los aspectos transnacionales (nuestro Derecho internacional privado es hoy, mayoritariamente, Derecho europeo), sino también en el Derecho estrictamente nacional; baste pensar en la normativa sobre condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, en las que una semana sí y otra también, nuestros tribunales tienen que hacer un esfuerzo notable para seguir los dictados del TJUE; lo mismo ocurre con otros aspectos de los contratos de consumo o de la responsabilidad civil por bienes y servicios defectuosos.

Pero también en materia de familia, persona y sucesiones la influencia del Derecho de la Unión (y de la jurisprudencia del TEDH, también muy importante) es enorme y progresivamente creciente. Nuestras complejas sociedades exigen respuestas cada vez más elaboradas. Además, la creación del Derecho ya no es monopolio del Estado, y mucho menos en Europa, donde los Estados han cedido parte de su soberanía, también en el aspecto legislativo. 

Es cierto que el Derecho civil es el derecho del ciudadano y ciudadana común y, en este sentido, el más arraigado a los afectos y la tradición secular de cada pueblo; más todavía en España, prácticamente el único país de la Unión en el que existen Derechos civiles diferenciados. 

Conjugar todos estos factores y dar la mejor respuesta a toda esta complejidad es uno de nuestros grandes retos como juristas. 

En septiembre del 2022 nace la Comisión Científica JUBILARE. Tras una andadura de más de dos años, en su calidad de presidenta, ¿qué balance puede hacer de su actividad? ¿Qué aporta esta comisión a la sociedad?

Lo primero que tengo que decir es que para mí resulta un inmerecido honor ostentar la presidencia de Jubilare. Estuve presente en el momento en que nació la idea y estoy encantada de seguir su singladura subida al barco de todos quienes formamos la Comisión y de todos quienes nos ayudan. Tengo que dar unas sinceras gracias por ello.

Sin lugar a duda, la situación de las personas mayores, de los ancianos, es, en una sociedad tan envejecida como la actual, una de las preocupaciones mayores que a todos nos ha de incumbir.

Progresivamente estamos dejando de ser una sociedad de niños, jóvenes y adultos en plena producción, para pasar a conformar una sociedad de personas mayores, muchas y muy heterogéneas. Algunas quieren seguir siendo productivas, otras aspiran al merecido descanso tras muchos años de trabajo y dedicación a otros, muchas están solas, no pocas enfermas, todas necesitan cuidados, porque, al fin y al cabo, cuidado y ayuda lo necesitamos todos los seres humanos y lo necesitamos siempre; cierto es que esta necesidad se acrecienta en los primeros y en los últimos años de la vida. 

Hasta hace relativamente poco esos cuidados y esas especiales necesidades los proporcionaba la familia y, en particular, las mujeres; hoy las familias han cambiado y sus miembros no siempre pueden o quieren hacerlo. Nuestra Constitución y nuestras sociedades democráticas de corte social exigen que su cobertura sea una tarea de todas y todos, pero, incluso en el mejor de los escenarios posibles, la cobertura pública no es suficiente. Y no solo porque falten medios económicos, la soledad o el abandono emocional no se cubren con dinero. 

En fin, esta situación es muy conocida y tratada, como evidencia la proliferación de iniciativas destinadas, desde distintas perspectivas, a las personas mayores. Lo que trata de aportar Jubilare, como signo distintivo, es la visión más positiva, la que enseña que los mayores también son un activo social, que pueden mantenerse saludables o atenderse en sus vulnerabilidades, que pueden ayudar a los más jóvenes, que pueden dar y recibir cuidados, que no son una carga, sino una fuente de experiencia y de vida. 

Estos dos años de Jubilare nos han mostrado que así puede ser y en ese empeño seguimos trabajando.

“Sin lugar a duda, la situación de las personas mayores, de los ancianos, es, en una sociedad tan envejecida como la actual, una de las preocupaciones mayores que a todos nos ha de incumbir”

En una próxima sesión del webinar a celebrar en Santiago de Compostela, se va a analizar la situación de la mujer mayor y su régimen de pensiones. ¿Por qué ve necesario afrontar esta cuestión?

Desde hace mucho tiempo me ha parecido una injusticia la situación en la que se encuentran muchas mujeres viudas, que reciben una pensión por esa condición, pensión que no es, ni mucho menos, la que recibiría su marido si la situación de viudedad hubiera sido inversa. Sé que hay razones técnicas, pero no se me puede negar que las viudas son uno de los colectivos más empobrecidos del país y que la mayor parte de ellas, personas de edad avanzada, trabajaron toda su vida, en el hogar, en la empresa familiar o en otras funciones, tanto y más que sus colegas varones. 

A partir de ahí, el magisterio de M.ª Emilia Casas Bahamonde, que no necesita presentación entre los juristas e Iñaki Ortega Cachón, nos darán mucha más información sobre la situación de estas mujeres, sus problemas jurídicos y sociales y las soluciones que se pueden proponer.

La actividad se realizará, además, en la cinco veces centenaria Universidad de Santiago de Compostela, lo que no solo le da un tinte singular en el concierto de los actos de Jubilare, sino que es una muestra más de este necesario acercamiento entre Universidad y sociedad del que venimos hablando. 

¿Qué preocupa a la profesora García Rubio?

Pues muchas cosas, en lo personal y en lo social o colectivo.

En lo personal me preocupa sobre todo la salud y el bienestar de quienes me rodean, y en especial de mis familiares y amigos. Estoy ya en ese momento de la vida en el que continuamente tienes que afrontar despedidas definitivas y atención a personas muy próximas que necesitan cuidados muy importantes. 

Me preocupan también los jóvenes, no solo mis hijos y el presente y futuro que les espera; también los alumnos y los que han sido alumnos durante estos últimos años. Creo que no tienen un horizonte fácil y que, en muchos aspectos, es probable que vayan a tener una vida peor que la que tuvimos generaciones anteriores; espero equivocarme.

En lo colectivo creo que vivimos en un momento especialmente preocupante. Las sociedades democráticas, en buena medida opulentas, en las que hemos vivido en las décadas pasadas están sumidas en una profunda crisis de la que otros pueden hablar mucho mejor que yo. Sí quiero aportar una idea que incide en esta situación de crisis y que tiene que ver con mi condición de jurista: creo que en el momento actual el Derecho, construido sobre las revolucionarias ideas de la división de poderes y el papel esencial de los derechos humanos, está siendo minusvalorado, cuando no denostado o visto como un obstáculo para alcanzar los fines pretendidamente adecuados. Creo que es un gran error que estamos pagando y que pagaremos a un precio aún más caro si seguimos esta senda. El Derecho nos ha traído hasta aquí, ha hecho posible un entramado social y unos mecanismos de resolución de los inevitables conflictos que, con sus debilidades, han sido los mejores de la historia de la humanidad; perder ese legado o despreciar su valor solo puede traer consecuencias nefastas.

Dulce Calvo