La transparencia debería ser una característica real y efectiva en toda la Administración. ¿Pero es así? Por desgracia -y aunque el grado de cumplimiento de las exigencias legales de transparencia avanza paso a paso en España-, lo cierto, es que su aplicación práctica va por barrios.
Los datos de la última memoria del Consejo de Transparencia revelan que dependiendo del sujeto obligado, el cumplimiento aumenta o disminuye.
Así, en el caso de los Órganos Constitucionales y Autoridades Administrativas Independientes su grado de cumplimiento es más que considerable, tanto en materia de publicidad activa, como en la incorporación voluntaria de contenidos adicionales de información: agenda institucional, remuneraciones, gastos de viaje, gastos superiores a 1.000 euros, etc.
La conclusión coincide al hablar, por ejemplo, de la Administración General del Estado. En materia de publicidad activa refleja un más que significativo incremento del 25% de las páginas visitadas por los usuarios del Portal AGE. E, incluso, el número de datos incorporados al portal se dispara -un 101,6% con respecto al año previo-. También el acceso a la información mejora: a ritmos de un 21%.
Pero ahí acaban las buenas noticias. El sector público institucional estatal, por el contrario, mantiene un grado de cumplimiento de las exigencias de transparencia manifiestamente mejorable. Y los defectos afectan, además, y según el Consejo, a materias muy sensibles: por ejemplo, a las retribuciones de sus altos cargos y máximos responsables. Únicamente 63 de los 81 organismos o entidades evaluadas -en términos porcentuales el 77,77%- han publicado la totalidad o parte de la información exigida. Es más, la publicación no se ha realizado en los soportes previstos en la Ley de Transparencia sino en el Portal AGE, en cuyo ámbito no están propiamente comprendidos los organismos vinculados y dependientes. Y, además, en 46 organismos la información se restringe a los altos cargos de la organización y no incluye a los máximos responsables. Por si fuera poco, es habitual la falta de información sobre el volumen presupuestario del gasto de los contratos, desglosado por procedimientos de adjudicación.
Resulta llamativo este incumplimiento, incluso comparado con las comunidades autónomas, y es que, en contra de lo que se pudiera pensar, no son estas instituciones las más incumplidoras en asuntos de transparencia. De hecho, las CCAA han cumplido de forma adecuada las obligaciones establecidas por las leyes aplicables. Y es así, aunque el número de solicitudes de información resueltas por silencio administrativo siga siendo excesivo, al igual que resulta demasiado elevado el tiempo medio de resolución de expedientes -30,82 días-.
Las Entidades Locales españolas vuelven a dejar una sensación de incumplimiento en materia de transparencia: y es que en el 44,61% de los casos comprobados por el Consejo, los niveles de cumplimiento de las exigencias no llegan al 50%. De hecho, el grado de cumplimiento en materia de información contractual -una de las áreas más sensibles- sólo alcanza el 63,71%.
Traducido: que todo lo que no se encuentra a niveles de cumplimiento cercanos al 100% significa que hay opacidad. Y, casualmente, esa opacidad, tal y como se ha explicado, afecta a partidas presupuestarias, gastos contractuales y retribuciones. Una coincidencia un tanto llamativa por las sospechas obvias que despiertan los ocultamientos u olvidos de información en estas materias.
Es más, España no ha sido un país puntero en el desarrollo de los esquemas de exigencia legal de transparencia. Y eso significa que todo el proceso de implantación de luz y taquígrafos sobre la vida pública parte de una inferioridad comparativa con respecto a nuestras economías competidoras. De ese modo, el remoloneo en el cumplimiento se convierte en un segundo lastre.
La transparencia significa seguridad jurídica y estabilidad. Significa atracción de empresas y generación de riqueza. Porque ningún inversor quiere jugar con unas reglas que desconoce. Y en una economía global y altamente competitiva, la ocultación de esas reglas puede convertirse en un muy caro problema.
Carlos Cuesta
