Transparencia, en el sentido más amplio, es un concepto, pero sobre todo una práctica, que define la salud democrática de un país. Si se acepta la convención, avalada por los datos socioeconómicos, de que España es un país medio en todos los terrenos, lamentablemente no está en esa medianía en cuanto a favorecer la transparencia de la acción de las administraciones, de todas ellas, desde el gobierno central, hasta los ayuntamientos, pasando por los órganos del Estado y los partidos políticos. Este año 2019 puede ser un punto de referencia para abrir el debate sobre esta materia al estar aún inmersos en el quinto aniversario de la Ley de Transparencia que tantas expectativas despertó al llegar mucho más tarde que a cualquier país de nuestro entorno.
¿De quién es la información? ¿Por qué algunas instituciones consideran que es de su propiedad y, por tanto, la administran según su conveniencia? La información es de los ciudadanos y la obligación de quien la posee, gracias a los recursos públicos, es decir, de todos, es darla a conocer a sus propietarios.
En ese objetivo están los medios de comunicación, en absoluto ajenos a la ausencia de cultura de la transparencia e incluso a la falta de soltura para transitar sobre el proceloso mundo de los canales que ofrece el Consejo de la Transparencia.
Una polémica llamativa, vistosa y altamente interesante para grandes mayorías, y absolutamente vigente, nació por la resistencia del Gobierno, a dar cuenta del coste de los viajes del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con finalidades de ocio. No ha habido manera de saberlo al escudarse el Ejecutivo en un decreto de 1986, que a su vez remite a la vieja Ley de Secretos Oficiales de 1968, para echar un candado a cualquier información sobre desplazamientos por razones de seguridad.
El Gobierno, además, ha tratado, sin éxito, de zanjar el asunto con el argumento de que este presidente ha hecho lo que hicieron y harán todos los presidentes. La comisaria general de Policía, encargada de la seguridad del presidente, la vicepresidenta y sus familias, ha sido preguntada al respecto, al haber sido requerida por los medios de comunicación ante la novedad de ser la primera mujer en ostentar ese puesto policial.
Sin dar datos, con contención, y con la sobriedad que exige su cargo, la comisaria María Marcos ha asegurado que ella decide cuál debe ser el medio de desplazamiento que debe utilizar el presidente, que lo es las 24 horas del día; vaya a una boda, a un concierto o a una cumbre de OTAN. Bien, pero eso no exime que la administración ofrezca los datos del coste de esos viajes, si la oposición lo demanda como ha sido el caso. No altera la cuestión de fondo que esa exigencia se haga con este presidente y no con otros.
La casuística da para mucho. Solo cuando el gobierno de Cataluña ha considerado conveniente para sus intereses dar a conocer las exigencias al gobierno central, las ha hecho públicas: Han sido los 21 puntos más guardados de la historia contemporánea. Ese gobierno nacionalista, puso la miel en los labios al dar a conocer que había entregado al Gobierno de la nación ese listado. Ni de su lado, ni de Moncloa se tuvo a bien informar a la opinión pública de cuáles eran esas propuestas.
Al Gobierno central le parecieron tan inadmisibles que se parapetó en su rechazo frontal para no informar sobre ellas. El Ejecutivo catalán las sacó por sorpresa para que los suyos vieran la fortaleza de ánimo del mundo independentista y que iba a por todas en sus exigencias al Gobierno de Madrid. De informar a los ciudadanos, en tiempo y forma, nada.
Los ministerios se toman su tiempo para cumplir con el Reglamento del Congreso y del Senado para responder a las preguntas que los parlamentarios, formulan por escrito; en momentos de alta tensión con situaciones graves, los representantes del Gobierno y de los partidos usan y abusan de la “declaración institucional”, para no someterse a las preguntas de los informadores, además de directamente no responder a las peticiones de información. En el quinto aniversario de la tardía Ley de Transparencia aprovéchese para ser más exigente en el cumplimiento de la norma. Entre tanto, enhorabuena, a los organismos e instituciones que sí cumplen con su cometido y rozan la excelencia.
Anabel Díez
