La igualdad entre mujeres y hombres es una condición esencial para la libertad de todas las personas. Sin igualdad no hay democracia posible ni justicia social.
España es un país pionero en el reconocimiento legislativo del derecho a la igualdad, mediante la creación de marcos jurídicos que lo desarrollan, que abordan la violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad en el ámbito laboral. Además, España es un país progresista en la formación de gobiernos paritarios, que ocupa el sexto lugar en el índice europeo de igualdad de género, seis puntos por encima de la media europea.
A pesar de estos logros, de ser uno de los países con mayores índices de igualdad entre mujeres y hombres de la Unión Europea, la crisis motivada por la COVID-19 está teniendo consecuencias más severas sobre las mujeres y revela que la aparente igualdad que creíamos alcanzada no es tal. El aumento de la violencia en el contexto del confinamiento, los mayores esfuerzos realizados por las mujeres en la conciliación profesional y familiar, la feminización de los sectores más afectados por la crisis, ponen de manifiesto que las mujeres siguen enfrentando numerosos obstáculos para escoger su camino vital, tener las mismas oportunidades para recorrerlo y para participar de manera equilibrada en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente, en los espacios públicos de toma de decisión.
España es un país pionero en el reconocimiento legislativo del derecho a la igualdad, mediante la creación de marcos jurídicos que lo desarrollan
Por eso, como ministra de Justicia trabajo para que la igualdad de género sea un eje transversal en toda la acción del Ministerio; por convicción personal y, también, por obligación democrática. Con este propósito, desempeñan un papel fundamental la formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos, la adopción de planes de igualdad que promuevan la corresponsabilidad en los cuidados, la reducción de la brecha salarial, el aumento de la presencia de mujeres en los altos cargos de la judicatura y del servicio público de justicia, la adopción de un lenguaje igualitario, la prevención y la atención específica multidisciplinar de las situaciones de violencia y acoso por motivos de género, además de la mejora del acceso de las mujeres a la justicia.
La igualdad de género es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia y, además, es la base de una economía sólida y competitiva. Por eso, constituye uno de los cuatro ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigido a la implantación de medidas orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, a mejorar las condiciones laborales, a transformar el sistema de cuidados, a elevar el potencial educativo y a reducir la brecha digital.
En este ámbito, los registradores y las registradoras desempeñáis un papel imprescindible. Vuestra contribución a la transformación digital de los registros ayuda a reducir la desigualdad y favorecer la cohesión social, económica y territorial.
Este debe ser el siglo de las mujeres libres, lo que nos exige seguir trabajando con firmeza desde nuestras responsabilidades individuales para que la igualdad efectiva sea una realidad. Es de justicia que alcancemos la paridad entre hombres y mujeres en la representación en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en la política. Porque las mujeres tenemos que compartir el poder y la toma de decisiones.
La igualdad de género es el elemento vertebrador de las políticas públicas que estamos desarrollando para construir una sociedad más justa, para que la salida de la crisis no deje a nadie atrás, especialmente a las mujeres. Y necesitamos la complicidad de todas las personas para avanzar en esa senda. Contamos con vosotras y vosotros.
Pilar Llop
