Tal y como nos enseña la llamada economía institucional, resulta muy difícil exagerar la relevancia que tiene un adecuado marco institucional sobre el desarrollo socioeconómico de una región. Dentro de estas instituciones, una de las fundamentales, por su naturaleza y sus implicaciones, es la de la propiedad privada, es decir, su adecuada definición, respeto, garantía y protección frente a terceros. Cuando se garantizan los derechos de propiedad, se generan los incentivos adecuados al desarrollo de la actividad económica y empresarial, mientras que cuando existe incertidumbre acerca de la posible vulneración de estos derechos, se bloquea la inversión, la innovación, y, en definitiva, los procesos de creación de riqueza y empleo.
El Registro de la Propiedad es uno de los principales garantes de estos derechos de propiedad, ya que mediante su labor (operaciones de inscripción o anotación de los actos, contratos y resoluciones judiciales o administrativas que afecten a la propiedad y a otros derechos sobre bienes inmuebles) aporta seguridad jurídica, transparencia en la información y facilidad de transmisión de la propiedad. El Registro de la Propiedad contribuye a generar confianza en los agentes económicos al reducir los riesgos de los contratos, y como consecuencia de ello, se favorece el tráfico jurídico y se reducen los costes de transacción. De este modo, el Registro de la Propiedad contribuye a facilitar las gestiones administrativas de los ciudadanos, los juristas, las autoridades, las empresas y otros interesados relacionadas con bienes inmuebles y derechos reales.
En el apartado correspondiente al Registro de la Propiedad dentro del Índice de Derechos de Propiedad que elabora la Property Rights Alliance, España se encuentra entre las primeras posiciones del ranking, superando tanto a la media de la OCDE, como al promedio de la UE, en 3,3 puntos porcentuales, y 5,6 puntos porcentuales respectivamente
A pesar de que, cuando se compara con los países de nuestro entorno, la protección de la propiedad privada en España es mejorable en muchos aspectos, no es menos cierto que nuestro país cuenta con una de las mejores prácticas a nivel internacional en el ámbito concreto del sistema registral. Así, en el apartado correspondiente al Registro de la Propiedad dentro del Índice de Derechos de Propiedad que elabora la Property Rights Alliance, España se encuentra entre las primeras posiciones del ranking. En concreto España supera tanto a la media de la OCDE, como al promedio de la UE, en 3,3 puntos porcentuales, y 5,6 puntos porcentuales respectivamente.
La solidez que muestra España en este indicador viene a poner de manifiesto la calidad, la eficacia y el buen funcionamiento de nuestro sistema registral. Además, en la medida en que la institución registral es clave para el buen funcionamiento de los derechos de propiedad, un Registro de la Propiedad plenamente fiable y garante como es el caso del español, contribuye también al desarrollo económico de una sociedad, al favorecer la inversión y la actividad económica.
Por su naturaleza, los sistemas registrales han de evolucionar conforme lo hace la realidad económica y social, por lo que deben reaccionar de manera dinámica para adaptarse a los cambios constantes. Incluso en España, donde el sistema registral ofrece protección plena y suficiente seguridad jurídica, se han abordado en los últimos años multitud de innovaciones que le han permitido mejorar el nivel de protección de la seguridad jurídica, avanzando en materias tan relevantes como el urbanismo, el medio ambiente, la digitalización o la protección de los consumidores, y, además, convirtiéndose en un válido instrumento de colaboración con las administraciones públicas.
En este sentido, las mejoras encaminadas a modernizar la institución registral han de continuar, apoyadas en las ventajas que brindan las nuevas tecnologías. Entre estas potenciales mejoras, destaca la conveniencia de avanzar en la armonización de la publicidad registral in-mobiliaria de los Estados miembros, creando así un modelo de nota simple europea. Una publicidad inmobiliaria similar en toda la Unión Europea contribuiría a fortalecer e impulsar el mercado interior y el ecosistema jurídico que se está desarrollando.
Gregorio Izquierdo
