Durante su intervención en la jornada organizada por el Colegio de Registradores, Juan Carlos Campo anunció su compromiso para retomar “con determinación e inmediatez” el trabajo realizado por la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico que impulsó durante su etapa al frente de la Secretaría de Estado de Justicia.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, presentó la jornada organizada por el Colegio de Registradores de España sobre Modernización del lenguaje jurídico, que contó con la participación de destacados especialistas en la materia y que reunió en el salón de actos de la calle de Alcalá a representantes del Ministerio de Justicia como Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; de la Administración como María Teresa Arcos, directora general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual; de la magistratura, como Juan María Díaz Fraile, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo; de los colegios profesionales como Juan Carlos Novoa, presidente del Consejo General de Procuradores de España; o del ámbito universitario como Juan Damián Moreno, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid o Jorge Pintó, presidente de ISDE.
El ministro de Justicia, que además de presentar la jornada participó como ponente especialista en la materia y que siempre se ha manifestado como un defensor de la necesidad de modernizar el lenguaje, insistió durante su intervención en que “la modernización de la Justicia exige una adaptación del lenguaje jurídico para romper los muros que la separan de la ciudadanía”. Durante mucho tiempo, dijo, “la oscuridad del lenguaje jurídico marcaba un muro infranqueable para distanciar a los ciudadanos de las estructuras de poder. Hoy, continuó, “la democracia exige transparencia, pero también exige claridad, así como argumentos entendibles y comprensibles, y por tanto susceptibles de ser criticados”.
Después de señalar que “la ciudadanía y la justicia forman un binomio inseparable e insuperable” ya que son dos principios que interaccionan y que se refuerzan mutuamente, Juan Carlos Campo destacó que “una justicia eficaz equivale a una ciudadanía convertida en protagonista y centro de la actividad económica y social”. Una ciudadanía fuerte, recalcó, “genera necesariamente una justicia cada vez más eficiente”.
ASIGNATURA PENDIENTE
Tras reconocer algunos avances más que significativos como la creación de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, la Guía breve del prontuario del estilo para el Tribunal Supremo 2016, el Diccionario del Español Jurídico, libro de estilo de la justicia, además de los cambios legislativos que de algún modo u otro van incorporando ese lenguaje más actual, el ministro afirmó que “algo hemos avanzado, pero esta sigue siendo una asignatura pendiente, una asignatura por superar”.
“El equilibrio entre precisión técnica y claridad es el que verdaderamente define a un excelente jurista”
Campo recurrió a una frase de Cicerón, el conocimiento sin elocuencia es inútil, pero la elocuencia sin conocimiento es bastante peligrosa, para reflexionar sobre la necesidad de la claridad en el lenguaje jurídico. En este sentido manifestó que “la claridad debe beber del conocimiento pero, tampoco lo olvidemos, debe beber de la elocuencia, ya que son dos caras de la misma moneda”. Ante la pregunta que se hacen muchos juristas de por qué no les entienden, el titular de Justicia quiso ofrecer una respuesta: “Si no nos entienden es porque nosotros no entendemos sus necesidades de comprender lo que está ocurriendo”.
Junto a la falta del conocimiento legal básico de los ciudadanos, el ministro reconoció que la incomunicación entre el mundo de la justicia y la sociedad se debía a otras causas muy diversas, como “la debilidad de la iniciativa en el ámbito institucional y el hecho de que algunos operadores jurídicos no sean capaces de verse como parte de la solución al problema y no entiendan como inadecuada su forma de expresarse en escritos jurídicos sea de la índole que sean”.
Para Juan Carlos Campo la modernización de la justicia depende de una cuestión nuclear: “una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de entender”. Lo que hemos hecho poco, dijo, “es mirar a la cara y a los ojos de los usuarios de la justicia”. Si el lenguaje jurídico debe de mejorar, continuó diciendo, “es por el bien del ciudadano, y el ciudadano unido en la sociedad. Y para ello es requisito ineludible que se produzca y articule un diálogo fluido entre la ciudadanía y la administración de justicia”.
Para Campo “la claridad oral y escrita de los profesionales del derecho incrementa la seguridad jurídica, ya que permite que las personas conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, y esto sin duda fortalecerá el ámbito en la confianza de las instituciones y el valor de la política”. Pero además de todo eso, señaló, “debe haber un componente ineludible de empatía y de respeto en relación al ciudadano, porque insisto, es el verdadero protagonista de este acto”.
La gran competencia que se requiere de los juristas, concluyó Juan Carlos Campo, “es que sean hábiles cambiando de registro en función del receptor, adaptando el lenguaje al interlocutor. No banalizarlo, no vulgarizarlo. Lo que digo es que construyamos un lenguaje eficaz. Ese equilibrio entre precisión técnica y claridad es el que verdaderamente define a un excelente jurista”.
DERECHO A COMPRENDER
Por su parte, la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, manifestó que en el ámbito registral “la claridad en el lenguaje ha sido siempre una inquietud”. Nos ha preocupado por ejemplo, dijo, “que el ciudadano que solicite una nota simple o una certificación antes de decidirse a realizar la compra que seguramente será la más importante de su vida, como es la adquisición de su vivienda habitual, pueda conocer la transcendencia de las cargas y gravámenes que se encuentran reflejadas en la nota simple o en la certificación”. En este sentido recordó que los registradores elaboraron en el año 2014 una guía de cargas y gravámenes en la que se pueden encontrar inscritas o relacionadas en estos términos jurídicos las notas simples y las certificaciones, con el objetivo de “facilitar al posible adquirente, lego en derecho, la comprensión del significado que pueden tener las diferentes cargas inscritas, pretendiendo que sea útil al ciudadano explicando con términos sencillos las situaciones jurídicas que pueden afectar a las viviendas”.
“Hemos de hacer efectivo el derecho a comprender”
Desde siempre, no solamente en el asesoramiento personalizado que se ofrece en los registros para hacer inteligible las instituciones, “hemos tratado en esforzarnos por dar claridad a nuestros escritos”, manifestó la decana de los registradores. Este compromiso, insistió, “persiste y debemos seguir trabajando en esta dirección para que el ciudadano acceda a los servicios públicos con plena consciencia de su alcance. Hemos de hacer efectivo el derecho a comprender”.
Intervino a continuación el catedrático de Lingüística General de la Universidad de León y miembro de la Real Academia Española, Salvador Gutiérrez Ordoñez, que disertó sobre lengua y Derecho. La preocupación por la claridad dentro de la teoría del Derecho, dijo, “no nace ahora, no es nueva, ya aparecía en el Derecho romano, en la Edad Media y a lo largo de toda la historia del Derecho”. En este sentido, explicó cómo en el lenguaje jurídico la lucha por la precisión lleva a la paradoja de la incomprensión por parte del destinatario, lo que definió como fracaso, y abogó por las expresiones más simples como mejor forma de comprensión, a la vez que insistió en la necesidad de huir del lenguaje farragoso, de los términos arcaicos y de los párrafos muy largos. “Se trata de llegar a un lenguaje claro porque es mucho más efectivo, la forma más simple es la que más llega”, señaló.
La jornada continuó con una mesa redonda sobre democratización del lenguaje jurídico, moderada por Carlos Berbell, director de Confilegal, quien señaló que “el derecho a comprender ha llegado para quedarse”.
La mesa contó con la participación de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España, que en su intervención manifestó que “los tecnicismos, el argot o las expresiones en latín, han contribuido a levantar un muro de incomprensión entre la Justicia y la sociedad que entre todos debemos derrumbar”. Aunque los ciudadanos en España confían en la justicia, dijo, “hay dos cosas que hacen que esa justicia no sea del todo efectiva: una su lentitud y otra su falta de claridad”. En este sentido señaló que en la relación de los juristas con los ciudadanos “cada vez tenemos más obligación de explicarles lo que hacemos, y lo de simplificar el discurso jurídico para que la gente lo entienda no es que sea necesario, sino que es imprescindible”.
Estrella Montolío Durán, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona y asesora de la Comisión Interministerial de Modernización del Discurso Jurídico, señaló que “la claridad de este discurso no solo es deseable, sino que también es posible” y relató como la experiencia demuestra que los juristas que redactan de un modo claro se sienten más satisfechos en su quehacer cotidiano. Un proceso solvente de clarificación del discurso jurídico, dijo, “en absoluto resta rigor, muy al contrario, un texto jurídico más claro lo que hace es añadir precisión, restar ambigüedad y restar vaguedad”. Montolío insistió en que “la claridad expositiva, la claridad lingüística, es el mejor reflejo de un profundo conocimiento del contenido”.
Jesús María García Calderón, vocal de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, habló de la necesidad de que el buen jurista tenga una formación humanística y lingüística para luchar contra la oscuridad del lenguaje jurídico. El problema de este lenguaje, manifestó, “no solo es que los ciudadanos no comprendan a los juristas, es que muchos juristas no comprenden a los ciudadanos”. García Calderón calificó la modernización y clarificación del lenguaje jurídico como “una cuestión de Estado” y señaló que “la importancia de España, por el peso que tiene la lengua española, va a ser decisiva si somos capaces de liderar este problema”.
María Jesús González-Espejo, directora del Instituto de Innovación Legal y experta en legal design thinking, subrayó que “el derecho comprensible exige primero gestión del cambio”, y que para lograr que los juristas hablen más claro primero es necesario cambiar la mentalidad de los propios juristas. Hoy en día, dijo, “no podemos pensar que vivimos en el mismo mundo en el que vivíamos, y nosotros tenemos una responsabilidad: nos tienen que entender”. González-Espejo concluyó su intervención señalando que “no solo es lenguaje, es mucho más: es metodología, es forma de ver el mundo, es poner en el centro a ese al que tenemos que servir”.
Carlos Berbell dio por concluida la mesa redonda destacando la coincidencia de todos los participantes en que “el derecho a comprender lleva a la claridad y la claridad no puede trivializarse”. Finalmente, Sebastián del Rey, vocal de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores y coordinador de la jornada, manifestó la voluntad de seguir trabajando para que esta importante materia se convierta en un tema recurrente entre las actuaciones que se llevan a cabo desde el Colegio.
