De los dos grandes factores de producción -el capital y el trabajo-, los economistas suelen decir que la economía española es muy intensiva en el uso de capital y no tanto de mano de obra. Esta peculiaridad se ha reflejado en esta crisis en los dos indicadores más problemáticos: el enorme endeudamiento privado y público que se estima en unos 4,4 billones de euros y el desbocado índice de desempleo que supera el 26% de la población activa (5,8 millones de desempleados).
Paro y deuda, en definitiva, son nuestras mayores patologías. El asunto del uso intensivo de capital ha sido estudiado. Por ejemplo, Olivier Blanchard, actual economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó en 1997 un trabajo titulado The Medium Run (El medio plazo) donde lo analizaba. Blanchard notó que en la década de 1970 las economías de Europa continental sufrieron cambios adversos en la oferta de trabajo. Esto provocó fuertes caídas de los beneficios empresariales y de los dividendos. Las empresas reaccionaron intensificando la sustitución de trabajadores por máquinas (la mano de obra, el factor que se había vuelto más caro, por capital, bienes de equipo) lo que provocó un aumento del paro estructural que es la tasa de desempleo por defecto de una economía, independiente de si crece o no. No sucedió lo mismo en los países anglosajones, cuyos mercados laborales eran más flexibles.
La rigidez del mercado laboral ha sido una explicación clásica sobre los motivos por los que nuestra economía emplea más capital que otras. Pero hay aspectos de nuestra idiosincrasia que agravan el asunto. Uno de ellos, al margen de nuestra fuerte bancarización que induce un mayor empleo del capital o las distorsiones fiscales que favorecían endeudarse, es que desde el punto de vista empresarial somos muy malos pagadores y muy malos cobradores.
España, según el estudio de Intrum Iustitia, la empresa europea líder en gestión de cobros, es junto a Italia uno de los países donde peor se cobra y se paga. La Administración, por ejemplo, tarda un promedio de 155 días en pagar; las empresas, 55 días y los particulares, 58 días. Y esto cuando los plazos de pago acordados son de 80, 60 y 40 días respectivamente. Esos retrasos hay que financiarlos con capital.
El Rey abdicado exprimió su carisma y magnetismo, virtudes que –no inagotables como se ha demostrado- sustituyeron las pautas normativas y los comportamientos reglados que serán a los que se ciña Felipe VI
Los números son muy distintos en un país como Alemania, con una cultura de pago y cobro puntual. Ahí los plazos acordados para la Administración, las empresas y los consumidores son de 25, 25 y 15 días. Y el plazo de cumplimiento real es de 36, 34 y 24. A simple vista se ve que la economía alemana gasta mucho menos capital gracias a su disciplina. Ya no es que utilicemos más capital que trabajo, sino que además el capital lo usamos ineficientemente.
José Luis Suárez, profesor de Dirección Financiera del IESE, suele decir que “peor que suspender pagos es suspender cobros”. En sus clases, Suárez demuestra que las empresas de Alemania o Francia son mucho más eficientes en el uso de capital que España. Mientras la rentabilidad sobre fondos propios de las empresas españolas, según datos del Banco de España de 2011, es del 6,3%, la de Alemania y Francia es del 9,6%. Donde una empresa española acumula cuentas por cobrar equivalentes a 19,1 días, una alemana apenas tiene 6,2 días. También lo hacemos peor gestionando las existencias. Nuestras empresas tienen 16,3 días de stock mientras las alemanas sólo 9,7. Todo esto repercute en que los requerimiento de capital, es decir los recursos mínimos necesario que una firma necesita para efectuar sus negocios, sean mucho mayores en España (20,6) que en Francia (12,7) o Alemania (11,1).
Por esto, una de las medidas más acertadas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido el Fondo de Pago a Proveedores, en el que ha invertido unos 42.000 millones en dos años. Esta decisión permitió limpiar los cajones donde la Administración guardaba las facturas impagadas por bienes y servicios a particulares. Cristóbal Montoro asegura que dicho fondo permitió salvar 400.000 empleos en un contexto de grave restricción del crédito. El ministro atinó: aunque no haya, ha logrado domar la impuntualidad de la Administración.
El problema español, además, es fruto de la pura desorganización más que de la mala fe. Nuestros grandes retrasos no se traducen en mayores pérdidas por impago. En España éstas apenas son el 2,7% mientras que el promedio europeo fue del 3% en 2013. Rectificar nuestra falta de disciplina nos haría mucho más eficientes.
