“Estamos incorporando la perspectiva de género de manera transversal en todo el trabajo que desarrollamos”
Garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el servicio público de justicia es el objetivo que se han marcado desde el ministerio. Para ello se está elaborando un Plan de Igualdad del que nos habla Àngels García Vidal.
El ministerio apuesta decididamente por la igualdad como valor transformador en el desarrollo del servicio público justicia. ¿Cuáles son las principales acciones que se están llevando a cabo en esta materia?
En efecto, en el Ministerio de Justicia estamos incorporando la perspectiva de género de manera transversal en todo el trabajo que desarrollamos, en actuaciones como la sensibilización y formación de operadores jurídicos, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de violencia contra las mujeres, a través de la formación organizada por el CEJ para cuerpos funcionariales de la administración de justicia y carrera fiscal, y la celebración de las IV jornadas de justicia e igualdad con motivo del 8 de marzo.
Asimismo, estamos desarrollando el primer Plan de Igualdad específico para la administración de justicia, en el ámbito de la competencia del ministerio, y también trabajamos en la aplicación de protocolos de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Con estas medidas, el servicio público de justicia avanza en la transformación de los estereotipos de género que están en la base de la desigualdad entre mujeres y hombres, de comportamientos y acciones sexistas cuya expresión más cruel es la violencia contra las mujeres.
Avanzamos en la respuesta especializada a las víctimas de violencia de género con la creación de más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, para ofrecerles entornos con las mejores condiciones, como la separación de espacios para víctimas y denunciados, para que confíen en las instituciones y se animen a denunciar. Reforzamos la coordinación entre las Unidades de Valoración Forense Integral, las Fiscalías y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito en beneficio de la atención a las víctimas y a sus hijos e hijas.
Además, mejoramos la atención a las víctimas de violencias sexuales a través de la guía para la actuación forense ante las víctimas de sumisión química que elabora el INTCF, así como el desarrollo del kit para delitos contra la libertad sexual.
A su juicio, ¿cuáles son las medidas más destacadas del Plan de Igualdad que se está incorporando a la Administración de Justicia?
Para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el servicio público de justicia y la aplicación de la transversalidad de género en este, es necesario elaborar y aprobar un Plan de Igualdad de trato entre mujeres y hombres en la Administración de Justicia. Con este fin, estamos trabajando en cogobernanza con las CCAA, en un esquema/marco común propio sobre igualdad de trato y no discriminación entre hombres y mujeres en la Administración de Justicia. Paralelamente, estamos elaborando un diagnóstico sobre la situación de mujeres y hombres en la Administración de Justicia, en cuestiones como su representación en los diferentes cuerpos funcionariales, la formación de hombres y mujeres, la retribución, los permisos o excedencias disfrutados por cuidado de hijos o ascendentes a cargo, etc. Partiendo de estos indicadores, y con las conclusiones que obtengamos, elaboraremos el Plan de Igualdad para implementar las medidas más adecuadas. Pero puedo adelantar, que es evidente la feminización de la justicia, por tanto, entre otras medidas, promoveremos la corresponsabilidad y conciliación, la participación en cursos de formación que mejoren la capacitación profesional y, por tanto, la promoción profesional, de forma equitativa para todo el personal de Justicia.
La digitalización mejora la accesibilidad para la mayor parte de la sociedad, pero la reduce para una minoría más vulnerable, especialmente las personas mayores. ¿Qué soluciones se están adoptando para para paliar la brecha digital?
El Plan Justicia 2030 es una estrategia para la transformación del Servicio Público de Justicia que tiene como fin acercar la justicia a la ciudadanía y ofrecer una tutela judicial efectiva y una justicia accesible, eficaz y moderna. La digitalización mejora la accesibilidad a la justicia para la mayoría social, pues facilita el acceso individual al Servicio Público de Justicia. Así desde un dispositivo digital se pueden hacer trámites, gestiones, declarar, obtener certificados, etc. Además, estamos trabajando en la creación de nuevos modelos de resoluciones judiciales, para incorporarlos a los sistemas de gestión procesal, con un lenguaje más claro y compresible para toda la ciudadanía.
Pero somos conscientes de que existe una minoría vulnerable, en especial de personas mayores, que tienen dificultades para aproximarse al mundo digital, y para que nadie se quede atrás, vamos a poner en marcha las Oficinas de Justicia en el Municipio, para tener un punto de acceso físico a la justicia en cada pueblo, no importa lo pequeño que sea. Desde estas oficinas, con ayuda y atención personalizada de personal funcionario, cualquier persona podrá realizar sus trámites desde su propio municipio.
”La digitalización y las Oficinas de Justicia en el Municipio, sin duda mejorarán el acceso de toda la ciudadanía a la justicia, pero además para asegurar el acceso universal a la Justicia, queremos reforzar y ampliar el sistema de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio e impulsar su calidad”
Además de la digitalización, ¿qué otros instrumentos se están poniendo al servicio de la sociedad para asegurar el acceso universal a la Justicia?
La digitalización y las Oficinas de Justicia en el Municipio, sin duda mejorarán el acceso de toda la ciudadanía a la justicia, pero además para asegurar el acceso universal a la Justicia, queremos reforzar y ampliar el sistema de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio e impulsar su calidad.
Así, por ejemplo, actualmente estamos trabajando en una modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, para adaptarlo a las necesidades concretas que van surgiendo en una sociedad tan dinámica como la actual. Queremos implementar un modelo de calidad que mejore la prestación del servicio por parte de los profesionales, asegurando un sistema de formación, acceso y remuneración adecuado.
También se está trabajando en un proyecto de ley que regule el derecho fundamental de defensa que abarque todo el conjunto de garantías y facultades jurídicas que asisten a quien es parte en un proceso judicial. Se trata por tanto de un instrumento imprescindible para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
