“La transición digital ofrece grandes beneficios para los consumidores, pero también crea nuevos riesgos”
La directora general de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, Ana Gallego, nos habla de los principales objetivos que se ha marcado al frente de su departamento, y resalta el importante papel que desempeñará España durante la presidencia rotatoria del Consejo en el proceso legislativo de diferentes iniciativas.
Llevas más de un año como directora general de Justicia de la Comisión en una de las legislaturas más complicadas de la historia europea. ¿Puedes, por favor, darnos una descripción general de las actividades y competencias de tu Dirección General?
La cartera de la DG Justicia y Consumidores es tremendamente amplia y abarca una enorme variedad de temas, todos vinculados al desarrollo de un espacio europeo de justicia, libertad y seguridad asentado sobre el respeto a los valores sobre los que se funda la UE. Este amplio abanico competencial incluye no sólo las políticas de justicia, civil y penal, y los derechos de los consumidores europeos, sino también la defensa del Estado de Derecho, la promoción y seguimiento de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, incluida la protección de datos personales, los derechos vinculados a la ciudadanía europea y la defensa de la democracia, así como las políticas de igualdad y no discriminación. Ello hace que su gestión sea un enorme reto, pero al mismo tiempo, sumamente interesante y gratificante.
Mi primer año como directora general ha sido muy intenso. Cuando me incorporé a la DG JUST, el mandato de la actual Comisión se encontraba en plena velocidad de crucero, con numerosos proyectos en marcha, en distintas fases de preparación, negociación y adopción. Por enumerar sólo algunos de los más relevantes, el año pasado la DG JUST culminó la propuesta de directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, la de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, los estándares mínimos para los organismos de igualdad, la propuesta sobre digitalización de la justicia, la digitalización del derecho de sociedades, la de responsabilidad en materia de inteligencia artificial, la propuesta de directiva de insolvencia, diversas iniciativas sobre derechos de los consumidores en la transición ecológica, o la propuesta sobre litigación estratégica contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).
Además de este extenso trabajo legislativo, la DG JUST lleva a cabo una intensa labor en materia de políticas públicas. Tal vez una de las líneas de más actualidad en este ámbito es la promoción y protección del Estado de Derecho, a través del mecanismo anual del Estado de Derecho, que evalúa la situación en cada Estado miembro y presenta las conclusiones en un informe anual con recomendaciones a los Estados miembros. Pero existe además un enorme trabajo en materia de derechos individuales y promoción de la igualdad y la no discriminación, a través de la implementación de las distintas estrategias y planes de acción adoptados por la Comisión en diversos ámbitos, que incorporan medidas para la igualdad de género, contra la discriminación contra el colectivo LGTBIQ, contra el racismo, para la promoción de los derechos de la infancia, el plan de acción para la democracia, etc.
Además de todas estas medidas, incluidas en el programa de trabajo de la Comisión, el pasado año tuvimos que hacer frente además a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Cuando ya vislumbrábamos el final de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, esta guerra contra la esencia de nuestros valores y nuestra democracia vino a sacudir nuevamente los cimientos de la construcción europea, y exigía sin duda una respuesta inmediata y coordinada por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros. La respuesta liderada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, requirió la implicación prácticamente de todos los servicios de la Comisión, incluida, desde luego, la DG JUST.
En las primeras semanas desde la agresión, el Comisario Ryenders impulsó la creación del grupo de trabajo “Freeze & Seize” para asistir a los Estados miembros en la aplicación de las sanciones y medidas restrictivas de la UE. Asimismo, para facilitar la obtención de pruebas de la comisión de crímenes de guerra y permitir su almacenamiento y tratamiento por parte de Eurojust, se elaboró en tiempo récord y adoptó una modificación del Reglamento de dicha Agencia, ampliando su mandato en ese sentido. De manera igualmente expeditiva, se consiguió por primera vez un acuerdo unánime para la ampliación de la lista de los delitos del artículo 83 que incluyera el delito de incumplimiento de medidas restrictivas, y se elaboró simultáneamente una propuesta para armonizar la definición y las penas relacionadas con la violación de las sanciones en toda la UE, que se negocia en estos momentos por los colegisladores. En paralelo, se están acompañando los esfuerzos de todos los actores internacionales para acordar un mecanismo judicial para la rendición de cuentas por parte de los agresores, incluido por el delito de agresión.
Por supuesto, dejo en el tintero gran parte del trabajo diario que realizan mis compañeros de la DG JUST, pero valga esta descripción como muestra de nuestras competencias.
En tu último destino en España, fuiste directora general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia. ¿Qué recuerdo guardas de esa época?
El Ministerio de Justicia y, en concreto, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, han sido y serán siempre mi “casa administrativa”, pues ahí empecé mi carrera y ocupé mi primer destino en la Administración española. Estar al frente de la Dirección General durante estos últimos años fue una experiencia sumamente gratificante, además de un gran honor y un motivo de agradecimiento por la confianza depositada en mí.
Mi recuerdo más preciado es sin duda para mis compañeros y compañeras de la Dirección General con quienes tuve el privilegio de trabajar, y que son su principal activo y su recurso más valioso. Asimismo, la relación con los interlocutores institucionales y profesionales de la Dirección General, como el Colegio de Registradores, entre otros, fue siempre sumamente gratificante y atesoro lazos forjados a lo largo de estos años.
Si tuviera que citar uno o dos proyectos a los que guardo un particular cariño, destacaría quizá el fortalecimiento institucional de la COMJIB y el apoyo a su secretario general, Enrique Gil, en mi calidad de secretaria general adjunta, así como el haber colocado la política de derechos humanos en el ámbito competencial de la Dirección General y del Ministerio de Justicia.
“La Comisión Europea ha fijado un ambicioso Itinerario hacia la Década Digital, destinado a capacitar a las empresas y personas en un futuro digital centrado en el ser humano, sostenible y más próspero”
El plan estratégico de la Comisión Europea descansa en varios pilares, entre ellos y de manera especial, en la digitalización. ¿Con carácter general, cómo estáis enfocando esta labor y, de manera especial, como están reaccionando los Estados miembros a las innovaciones de la digitalización en justicia?
La Comisión Europea ha fijado un ambicioso Itinerario hacia la Década Digital, destinado a capacitar a las empresas y personas en un futuro digital centrado en el ser humano, sostenible y más próspero. Aquí es donde entran nuestros jueces, registradores, abogados, notarios, agentes judiciales y muchas organizaciones destinadas a proteger a los ciudadanos y los consumidores, ya que el ámbito de la justicia debe seguir el ritmo de la rápida evolución del panorama tecnológico.
La Comisión expuso su visión sobre el futuro de la digitalización de la justicia en la Comunicación sobre la digitalización de la justicia en la UE, que constituyen un conjunto de herramientas financieras, informáticas y legislativas que acompañan este proceso de transformación. Se ha garantizado que el apoyo financiero a la digitalización de la justicia esté disponible en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como en el marco de los nuevos instrumentos de la política de cohesión y los programas Justicia y Digital.
Pero aún hay muchos retos por delante y debemos tener en cuenta cuestiones como la posible ampliación de la brecha digital, el riesgo de exclusión y la necesidad de reforzar las competencias digitales de profesionales y ciudadanos europeos, así como el respeto de los derechos fundamentales y procesales en el uso de estas nuevas herramientas. Todo ello, garantizando un alto nivel de ciberseguridad y protección de datos personales.
Durante los últimos meses hemos asistido tristes y preocupados a la injusta invasión de Ucrania. Dentro de la admirable reacción europea, una de las vías de actuación es la confiscación de activos de personas y entidades vinculadas con la oligarquía rusa y, para conseguirlo, todos arrimamos el hombro. ¿Consideras que se están cumpliendo los objetivos de la Unión en este ámbito o todavía queda mucho por hacer?
La Comisión se ha comprometido a garantizar que Rusia pague los daños causados en Ucrania. Es de suma importancia definir una vía para que este compromiso se convierta en una realidad, respetando al mismo tiempo las normas más estrictas del Derecho internacional.
Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la UE ha adoptado una serie de paquetes de sanciones, que han añadido a las listas de sanciones de la UE cada vez más personas y entidades que tienen una conexión con el régimen ruso. Esas personas y entidades tienen sus activos en la UE inmovilizados, lo que significa que no pueden disponer de ellos directa o indirectamente. Además, se han bloqueado las transacciones relacionadas con la gestión de reservas o activos del Banco Central de Rusia.
La Comisión se ha comprometido plenamente a estudiar si, y en qué medida, estos activos pueden ser confiscados y utilizados en beneficio de Ucrania y de su pueblo, respetando plenamente el Derecho internacional y de la UE. En particular, la Comisión ha puesto en marcha varias iniciativas que podrían permitir la confiscación de activos privados rusos vinculados a un delito penal y ha propiciado una reflexión sobre el uso de activos rusos inmovilizados en beneficio de Ucrania.
En cuanto a la primera serie de iniciativas, como adelantaba al principio, la Comisión adoptó en diciembre del año pasado una propuesta de Directiva para armonizar los tipos penales y las sanciones por incumplimiento de las sanciones. En paralelo, se está negociando una propuesta para la revisión de la Directiva de embargo y decomiso, que introducirá reglas más eficaces para atacar los beneficios generados por la comisión de delitos. Este paquete, una vez adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo, aumentará las posibilidades de decomiso de activos rusos en la UE, siempre, naturalmente, que pueda establecerse un vínculo entre dichos activos y la actividad delictiva. Los debates sobre las dos propuestas avanzan a un ritmo rápido y el objetivo es que los colegisladores adopten formalmente ambas propuestas a finales de año.
En cuanto al segundo conjunto de iniciativas, en noviembre del año pasado, la Comisión presentó también algunas opciones para utilizar los activos públicos rusos actualmente inmovilizados con vistas a generar ingresos que puedan utilizarse para apoyar la reconstrucción de Ucrania, en particular la opción de la gestión temporal de los activos públicos inmovilizados. El Consejo continúa debatiéndolo y la Comisión está consultando a socios internacionales, como Estados Unidos, Japón, Canadá y Reino Unido, para saber más sobre su posición al respecto. Los Estados miembros parecen compartir la voluntad de la Comisión de avanzar en los debates, pero es una cuestión nueva y compleja, que requiere análisis en profundidad dentro de la Unión y con la comunidad internacional. Si todas las cuestiones jurídicas y políticas pendientes pueden abordarse de manera satisfactoria, la Comisión está dispuesta a presentar las propuestas necesarias.
Otra medida a largo plazo podría consistir en vincular el levantamiento de las restricciones impuestas a estos activos a la celebración de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que resolviera al mismo tiempo la cuestión de la reparación de los daños causados por la agresión.
“El derecho de los consumidores de la UE nos ha ofrecido una «red de seguridad» de protección que ha resistido la prueba del tiempo”
Otra de las misiones de tu Dirección General es la adaptación de la legislación europea de protección del consumidor a la transformación digital. En este contexto, ¿consideras que el consumidor está protegido o la innovación tecnológica va por delante y debemos ir adaptando la regulación?
El objetivo de la legislación de la UE en materia de consumo es permitir que los consumidores y los comerciantes compren y vendan a través de nuestras fronteras con la confianza de que sus derechos y obligaciones son prácticamente los mismos en todo el mercado único, tanto si compra en línea como si no.
El derecho de los consumidores de la UE nos ha ofrecido una «red de seguridad» de protección que ha resistido la prueba del tiempo. A través de cambios legislativos recientes, por ejemplo, con la Directiva de Modernización, nuestras leyes del consumidor han seguido desarrollándose para enfrentar los desafíos del auge del comercio electrónico.
Pero está claro que, especialmente en el entorno digital actual que cambia rápidamente, debemos seguir trabajando para encontrar soluciones nuevas e innovadoras para proteger a los consumidores. Esta es precisamente la razón por la que lanzamos el «Fitness Check» para verificar si las Directivas clave de derecho del consumidor siguen siendo adecuadas. Nos centramos en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre derechos del consumidor y la Directiva sobre cláusulas contractuales desleales.
La transición digital ofrece grandes beneficios para los consumidores, pero también crea nuevos riesgos. Por ejemplo, uno de ellos es la manipulación del consumidor a través de los llamados “patrones oscuros”, interfaces de diseño manipulador que animan al consumidor a tomar una decisión que de otro modo no hubiera tomado, como falsos temporizadores de cuenta regresiva que lo presionan. Tales prácticas son injustas y necesitamos leyes claras para abordarlas.
Otro ejemplo es que hoy por hoy no existe una legislación específica sobre la publicidad por parte de los influencers en la UE. Tenemos un amplio marco legislativo que establece requisitos de transparencia y equidad en todas las fases del viaje del consumidor desde que empieza a informarse hasta que compra un producto o servicio, pero ¿es esto suficiente?
Recientemente, concluimos una consulta pública sobre este control de adecuación. Estamos analizando los resultados, incluidos los numerosos documentos con opiniones que nos han llegado por escrito.
Con respecto a examinar cómo funciona la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores en el entorno digital, el 52 % cree que sigue habiendo algunas lagunas o incertidumbres jurídicas. Los consumidores señalaron varios problemas; por ejemplo, el 75 % cree que falta divulgación en relación con las promociones remuneradas por parte de influencers en las redes sociales. Y un 89 % observó diseños de sitios web o aplicaciones confusos o engañosos.
Estas cifras son muy preocupantes y sugieren que los problemas persisten, a pesar de la existencia de una sólida legislación de la UE en materia de protección de los consumidores que establece las «reglas generales del juego». Es evidente que una respuesta eficaz a estos problemas incluye muchos elementos, como una mayor sensibilización y una mejor aplicación de la normativa. Está previsto que el control de adecuación de la equidad digital concluya en el segundo trimestre de 2024. Y a partir de ahí y dependiendo del resultado, decidiremos si hay que legislar más sobre estos temas y en qué sentido.
Durante el segundo semestre de este año, España ocupará la presidencia rotatoria del Consejo. ¿Crees que está llamada a tener un protagonismo especial al preceder unas nuevas elecciones al Parlamento Europeo?
Esta será la quinta vez que España presida el Consejo, de nuevo en trío con Bélgica y Hungría. Todas las presidencias tienen lugar en momentos relevantes e importantes del mandato de la Comisión, pero lo cierto es que la de España será la última presidencia completa antes de las elecciones europeas del próximo año y, por lo tanto, crucial para concluir el mayor número posible de expedientes sobre la mesa y ofrecer resultados a los ciudadanos europeos. De modo que España desempeñará un papel clave en el proceso legislativo de diferentes iniciativas, tanto nuevas como en curso. El programa de trabajo de España estará relacionado con los pilares verde, social y digital, todos ellos vinculados a las políticas de la DG.
Durante la preparación del semestre, la Presidencia española nos ha hecho saber su intención de avanzar en los proyectos legislativos en curso con la intención de concluir las negociaciones sobre el mayor número posible de expedientes, como por ejemplo, en la violación de las medidas restrictivas de la UE, la lucha contra las SLAPP, la Directiva contra los delitos contra el medio ambiente, la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad o la digitalización de la justicia, entre otros.
Estamos deseando comenzar la colaboración y estamos seguros de que va a ser una presidencia muy fructífera.
“Una de nuestras prioridades este año es el paquete de Defensa de la Democracia, que sacará a la luz la influencia extranjera encubierta y las fuentes turbias de financiación”
Por último, ¿podrías darnos por favor tu visión sobre los objetivos a corto y medio plazo de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea?
Hemos pasado ya el ecuador del mandato de esta Comisión, por lo que mi principal objetivo este año es garantizar que cumplamos las prioridades anunciadas al inicio del mandato; sobre todo teniendo en cuenta que cada vez tenemos menos tiempo para finalizar este trabajo.
Una de nuestras prioridades este año es el paquete de Defensa de la Democracia, anunciado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión, que sacará a la luz la influencia extranjera encubierta y las fuentes turbias de financiación.
También estamos trabajando en legislación en materia de protección de los consumidores. Esto incluye una propuesta legislativa para introducir modificaciones específicas en el Reglamento sobre cooperación en materia de protección de los consumidores y una mejora en el marco de la UE para la resolución alternativa de litigios de consumo (ADR).
En materia de igualdad, seguiremos apoyando las negociaciones con los colegisladores sobre la propuesta legislativa sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y la de estándares de los organismos de igualdad, y adoptaremos una nueva iniciativa sobre la protección de los adultos vulnerables en situaciones transfronterizas, así como una revisión de la Directiva sobre los derechos de las víctimas.
Por supuesto, también seguiremos trabajando con los colegisladores para llegar a acuerdos sobre las propuestas pendientes, como el Reglamento sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos y la legislación contra las SLAPP.
Una cooperación sólida con el Parlamento Europeo y el Consejo es crucial para garantizar una legislación preparada para el futuro que defienda los derechos de los ciudadanos de la UE. Me alegra que podamos contar los unos con otros para construir una legislación sólida.
Enrique Maside
