En 1978, tras casi cuatro décadas de dictadura, los españoles y españolas sellamos el cambio que abrió nuestro país a un régimen estable de libertad y convivencia democrática. Con la aprobación de la Constitución se cimentó la estructura jurídico-política del nuevo Estado y se reconocieron y garantizaron el conjunto de derechos y libertades que, inspirados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, han dado forma a esta democracia que pronto cumplirá cuarenta años. Un cambio que se llevó a cabo gracias a la voluntad conciliadora de las diferentes fuerzas políticas, y eso a pesar de las dificultades y tensiones lógicas que se vivieron en aquel momento de gran complejidad e incertidumbre. Un momento histórico que ha sido calificado en muchas ocasiones de modélico, sirviendo como ejemplo más allá de nuestras fronteras. Si ello es así, es gracias al consenso político que lo caracterizó; un consenso a la postre vital para nuestra vida en común y en el que radica fundamentalmente el éxito tantas veces aducido de la construcción de nuestro Estado constitucional.
Especialmente relevante ha resultado durante estos años el avance de las mujeres en derechos y autonomía. El artículo 14 de la Constitución supuso un importante instrumento en el camino de la igualdad que tan dificultoso ha resultado para nuestro país, en general para el conjunto de la ciudadanía pero especialmente para la mitad de la población, para las mujeres. No hace falta recordar la fragilidad de nuestras Constituciones históricas y su corta vida para poner en valor la primera Constitución que resiste cuatro décadas los embates de la sinrazón y el autoritarismo y que, además, apuntala la igualdad jurídica de las mujeres ante cualquier tipo de discriminación por el mero hecho de serlo. No obstante ello, queda mucho por hacer para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, como apunta desiderativamente el artículo 9 de la Constitución. Y entre lo que queda por hacer, resulta imprescindible repensar el pacto constituyente dando voz a las mujeres.
Si una piensa en los protagonistas de la transición aparece una foto fija que no es otra que la factura masculina del pacto constituyente. Desde la Jefatura del Estado, actor esencial en aquel momento de la política española, pasando por los líderes de las principales fuerzas políticas –Adolfo Suárez (UCD), Felipe González (PSOE), Santiago Carrillo (PCE), Manuel Fraga Iribarne (AP), Jordi Pujol (PDC) y Xavier Arzalluz (PNV)– y terminando en los llamados padres de la Constitución por conformar la ponencia constitucional –Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (UCD), Manuel Fraga Iribarne (AP), Jordi Solé Turá (PSUC), Miquel Roca i Junyet (PDC) y Gregorio Peces-Barba (PSOE)–, todos ellos son figuras masculinas.
El artículo 14 de la Constitución supuso un importante instrumento en el camino de la igualdad que tan dificultoso ha resultado para nuestro país, en general para el conjunto de la ciudadanía pero especialmente para la mitad de la población, para las mujeres
Resulta inevitable resaltar la ausencia en la memoria colectiva de la participación de las mujeres en el proceso constituyente; una participación escasa, 27 parlamentarias, -21 diputadas y 6 senadoras-, que son nuestras madres de la constitución y de cuya importante, aunque poco recordada labor se da cuenta en el libro “Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente” coordinado por la profesora Julia Sevilla.
Es evidente que veníamos de sufrir un largo período de dictadura, no sólo caracterizado por la ausencia de libertades sino también por la imposición de una visión patriarcal de las relaciones sociales. Durante ese largo periodo, la sociedad española se configuró bajo unos parámetros que, de iure y en la práctica, anulaban a las mujeres –especialmente, en el ámbito público–, relegándolas al papel de esposas, madres y amas de casa. La transición y muy especialmente la Constitución, aun a pesar de su escasa participación y presencia en el poder político, fue vivida por las mujeres como una conquista de ciudadanía y una puerta a la esperanza de mayores cotas de libertad, bienestar y autonomía.
Por eso, el reconocimiento de la igualdad que hace el texto constitucional en su artículo 14, tan valorable por lo que supone, es insuficiente en términos de consecución de una sociedad igualitaria en términos reales. Hay un déficit en nuestra Constitución por lo que se refiere al reconocimiento de derechos que permitan esa igualdad efectiva. Desde el reconocimiento expreso como sujeto político, que implica el derecho a una vida libre de violencia pasando por el uso de un lenguaje inclusivo, nuestro texto constitucional debe dar pasos para lograr una sociedad en la que las mujeres no solo seamos libres formalmente, sino que, además, podamos ejercer la libertad sin tener que pedir permiso, sin tener miedo, siendo protagonistas en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos.
Cierto que el legislador ha ido adaptando nuestro ordenamiento jurídico legislando en materia de igualdad. Así, normas como la Ley de igualdad o la Ley Contra la Violencia de Género han venido mejorando nuestra capacidad de respuesta en pos de la igualdad, pero las carencias de origen, la falta de perspectiva de género en la construcción de las relaciones jurídico-políticas, han dejado múltiples huellas y disfunciones que repercuten negativamente en la configuración de nuestra sociedad; huellas y disfunciones que solo una futura reforma de la Carta Magna podría corregir.
Actualmente, cuando la Constitución se encuentra a punto de cumplir cuarenta años, nos encontramos en un momento político y social en el que el debate sobre la reforma de la misma está en la agenda política. No deberíamos dejar pasar la oportunidad de abrir el debate sobre la reforma constitucional desde la perspectiva feminista –que no es otra que la de la igualdad–, con la ambición de hacer de nuestra Norma Fundamental el eje vertebrador sobre el cual construir una sociedad igualitaria y libre de violencia hacia las mujeres. Una reforma de la que las mujeres participemos activamente, formando parte de ese nuevo texto en todos los sentidos. Una reforma para una sociedad más igualitaria, más libre, más justa y por ello, más democrática.
Margarita Soler
