La presencia en mi vida de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario ha sido casi una constante. Cuando vivía con mis padres, cada número llegaba a casa con periodicidad infalible, y aunque durante la infancia poco interés podía despertar en mí -lo contrario habría sido seriamente preocupante- y la juventud no fue un periodo que me animara especialmente a consultar la revista -tampoco me habría venido mal en algún momento de la carrera de Derecho-, algún poso debió de quedar porque, una vez iniciado en el oficio de juez, sí se convirtió, allí donde tuviera acceso a la revista, en elemento de consulta, aprendizaje y ayuda para casos difíciles.
Fue sin duda mi etapa como magistrado del Tribunal Supremo y presidente de su Sala de lo Civil la de contacto más asiduo con la revista: primero, por la facilidad para consultarla sin las trabas que suponía la falta de bibliotecas adecuadas en otros destinos judiciales; y segundo, por la alegría y el honor de entrar a formar parte de su consejo científico y de su comisión ejecutiva.
El paso de conocer cada nuevo número de la revista -con el consiguiente repaso al sumario y la selección de lo que reclamara una lectura o consulta más inmediata- a tener capacidad de decisión sobre el propio contenido de una publicación tan sobresaliente en nuestro panorama jurídico, es una experiencia impagable y de lo más gratificante para cualquiera que haya entregado una parte importante de su vida al estudio y aplicación del Derecho privado.
Si además, como es el caso de la Revista Crítica, se accede a la cúpula de una publicación ya centenaria, avalada por una trayectoria que demuestra haber logrado mantener su calidad a lo largo de tanto tiempo, y con un consejo científico que siempre ha venido incorporando a juristas del máximo nivel, mi sentimiento no puede ser otro que el de una inmensa gratitud, aunque no sin un importante grado de responsabilidad por la categoría de los nombres que aparecen en la lista de consejeros de la revista.
El sentido de responsabilidad se acentúa cuando periódicamente hay que decidir sobre el contenido del siguiente número de la revista, porque de algún modo uno mismo se siente heredero de una tradición que no ha lugar a defraudar y, al mismo tiempo, sabedor de la ilusión que en la mayoría de quienes envían sus trabajos genera la posibilidad de su aprobación para ser publicados.
No exagero nada si confieso que, convencido como he estado siempre de que si te gusta el Derecho nunca dejarás de estudiar, no es poco lo que he aprendido leyendo muchas de las evaluaciones que nos hacen llegar antes de cada reunión de la comisión
Sin embargo, el sentido de responsabilidad nunca llega a ser abrumador ni paralizante, porque el ambiente de la comisión ejecutiva, extremadamente amigable bajo la batuta de su director Javier Gómez Gálligo y la atención al detalle de su secretario Basilio Aguirre Fernández, hace que las reuniones, unas veces presenciales, otras en remoto, sean una auténtica delicia, tanto por el intercambio de opiniones sobre cada trabajo como por contribuir a mantenernos al tanto de lo que pasa en el mundo jurídico, y no necesariamente solo del jurídico.
Elemento fundamental para el prestigio de la revista son los evaluadores de los trabajos, cuya labor previa a cada reunión de la comisión ejecutiva tiene una enorme relevancia porque el contraste de dos opiniones -muchas veces coincidentes, otras veces no y en más de una ocasión diametralmente opuestas- sirve para encauzar el juicio sobre el destino de los trabajos presentados desde un punto de partida ya especialmente solvente. No exagero nada si confieso que, convencido como he estado siempre de que si te gusta el Derecho nunca dejarás de estudiar, no es poco lo que he aprendido leyendo muchas de las evaluaciones que nos hacen llegar antes de cada reunión de la comisión.
Inapreciable es también la labor de la secretaria administrativa Leonor Andrés, cuya diligencia y buen hacer es lo que permite que antes de cada reunión de la comisión se haya recibido toda la documentación necesaria con tiempo suficiente para estudiarla.
Como por razones de espacio no puedo extenderme mucho más, solo me queda expresar mi alegría por haber llegado a vivir el centenario de la revista y mi más profundo y sincero agradecimiento al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España por haberme incorporado en su día al consejo científico y a la comisión ejecutiva y poder seguir en ellos después de mi jubilación en la carrera judicial. Para mí es un auténtico privilegio al que espero seguir correspondiendo con la dedicación que merece, y solo me queda felicitar a todos los registradores de España por esta revista que ha conseguido cumplir cien años en el nivel más alto de las publicaciones jurídicas.
Francisco Marín Castán
