Un cierto desasosiego toma cuerpo en capas de la sociedad española ante el choque estruendoso de sus representantes y el tira y afloja entre instituciones y poderes del Estado. Acaba de celebrarse el 45º aniversario de la Constitución y algunos de sus principios están en peligro, a decir de quienes ven desigualdad de trato entre comunidades autónomas y deterioro de las instituciones. Ambos asuntos se relacionan en la controversia política diaria aunque la Ley Fundamental marcó pautas, límites y perímetros que sustentan con firmeza el armazón de la estructura del Estado.
Sin restar un ápice de preocupación por el alto voltaje de la disputa política e institucional el desarrollo de las leyes ha llevado a que España sea una nación con tan intensa descentralización que puede considerarse un Estado federal. No una confederación, modelo completamente diferente al que rige en el Estado de las autonomías.
La invocación del país como una nación cimentada en siglos de unidad, no puede ocultar que “el problema territorial” ha acompañado la historia de “las Españas”. Los nacionalismos de comunidades con una profunda identidad, por historia, por lengua, por tradiciones, por fueros propios, viven y conviven dentro de la nación con altibajos en su estado de acomodo. En la última década el distanciamiento de parte de la sociedad catalana con el resto de españoles, y dentro de la propia comunidad, ha ido en aumento.
A pesar del dramatismo de los acontecimientos entre Cataluña y el resto de España, en el que se pusieron en marcha instrumentos constitucionales nunca utilizados, la España de las autonomías, incluso con una pandemia que puso a prueba el funcionamiento del Estado, ha sido de absoluta normalidad y solvencia
Hay que remontarse cuatro años atrás, en 2010, cuando volvió a emerger el conflicto territorial. El Tribunal Constitucional declaró contrario a la ley de leyes el 11% del renovado Estatuto de Cataluña que habían aprobado las Cortes y los ciudadanos catalanes mediante referéndum.
No fue para tanto, puede afirmarse dado el exiguo número de artículos desechados, salvo que se aclare que algunos de ellos tocaron símbolos. Se echó, por ejemplo, abajo la mención de Cataluña “como nación”, aunque solo figurara en el preámbulo del texto, no en el articulado, a modo de declaración, sin más recorrido ni concreción.
A pesar del dramatismo de los acontecimientos entre Cataluña y el resto de España, en el que se pusieron en marcha instrumentos constitucionales nunca utilizados, la España de las autonomías, incluso con una pandemia que puso a prueba el funcionamiento del Estado, ha sido de absoluta normalidad y solvencia.
Sí, un éxito como país, aunque no resulte popular, e incluso puede antojarse estrambótico, tratar de explicar que, a pesar de los problemas, el país funciona. Hace falta no temer a las palabras y señalar que federalismo es sinónimo, en la práctica, del Estado autonómico. Tampoco se incurre en anatema si se afirma que en España hay asimetrías y siempre ha sido así. El punto de partida diferente no debe significar desigualdad.
Los mecanismos territoriales existentes pueden perfectamente asegurar la solidaridad entre comunidades, la compensación y las nivelaciones imprescindibles. Es posible siempre que haya voluntad de cooperación entre comunidades y de estas con el Estado y, por encima un gran epígrafe: Lealtad recíproca.
El conflicto territorial corre paralelo en este momento de España con el forcejeo desasosegante ente instituciones y poderes. No es la primera vez que ocurre en los últimos 45 años, pero hay interés en señalar que se vive una situación peligrosamente excepcional. No tendría por qué ser así. El enfrentamiento entre poderes, también los excesos y las actuaciones inéditas, son una realidad pero los contrapesos están en pleno funcionamiento y no hay datos ni evidencias, al menos por ahora, de que dejarán de funcionar si la situación lo requiere.
En países europeos con democracias consolidadas de larga data, el choque entre poderes no les es ajeno. El Reino Unido está incurso en un proceso de amnistía para Irlanda del Norte; tribunales italianos han evitado la entrada en vigor de leyes de este y del anterior gobierno; en Portugal, el Tribunal Constitucional ha parado leyes relevantes. Hay rasgos diferenciales entre países, pero a todos les une, voluntariamente, el proyecto hacia una Europa federal. Un camino abrupto pero que no impide el avance. Una Europa que puede ya garantizar el funcionamiento armónico de cada Estado y el respeto entre sus instituciones. Toda una garantía en momentos de zozobra.
Anabel Díez
