El máximo órgano judicial reconoce su labor conjunta en los Premios a la Calidad de la Justicia, en la modalidad ‘Justicia más accesible’.

El máximo órgano judicial reconoce su labor conjunta en los Premios a la Calidad de la Justicia, en la modalidad “Justicia más accesible”.

El grupo de trabajo formado por registradores de la propiedad y letrados de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana recibió a mediados de julio uno de los premios Calidad de la Justicia otorgados anualmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en esta ocasión alcanzaban su octava edición. 

El órgano de gobierno del Poder Judicial en España ha valorado en su resolución la labor desarrollada por este grupo de trabajo, en especial la obtención de resultados que han garantizado el acceso a medios para atajar y afrontar los problemas procesales y sustantivos en las materias en las que intervienen letrados de la Administración de Justicia, registradores y magistrados. 

Se premia así un trabajo dirigido a prevenir posibles problemas que puedan retrasar los procedimientos y, con ello, los resultados que obtienen los ciudadanos. En último término, se persigue mejorar la administración de justicia a partir de un mayor consenso en criterios relacionados con los diferentes documentos judiciales que llegan a los registros, tales como anotaciones de embargo, adjudicaciones en subasta, mandamientos, procedimientos de adjudicaciones hipotecarias, certificaciones, procedimientos concursales y otros.

El galardón se inserta en la modalidad de “Justicia más accesible”, en la que ha resultado también reconocido el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba por su proyecto “Sistema de acumulación de procesos en los Juzgados de lo Social de Córdoba. Años 2007 a 2016”. El CGPJ ha otorgado además otros cuatro premios en diferentes modalidades y categorías.

Entrega de distinciones

El acto de entrega de premios, celebrado el 16 de julio en la sede del CGPJ de Madrid, fue presidido por Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, y contó con la participación de la fiscal general del Estado, María José Segarra, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, y la presidenta del TSJ de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, entre otras autoridades. Por parte de los registradores premiados estuvieron presentes Alicia de la Rúa y Begoña Longás, decana autonómica de los registradores de la Comunitat Valenciana. Junto a ellas los letrados Jaime Font de Mora, Pedro Moya y Vicente Miñana. El grupo de trabajo está formado además por la magistrada Carolina Castillo y el registrador Alejandro Bañón. 

“Se premia un trabajo dirigido a prevenir posibles problemas que puedan retrasar los procedimientos y, con ello, los resultados que obtienen los ciudadanos”

En busca de la excelencia

Los premios Calidad de la Justicia nacieron para reconocer y distinguir a los órganos jurisdiccionales y oficinas judiciales, así como a las entidades y organismos relacionados con la Administración de Justicia que hayan destacado por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión.

El jurado está presidido por el vocal del CGPJ Gerardo Martínez-Tristán, y lo forman la también vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabreras, el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, Ángel Tomás Ruano, el fiscal de Sala Francisco Moreno, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el presidente del Colegio de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez y el vocal del Consejo General de Graduados Sociales, Pedro Bonilla.



Pedro Moya: «La Administración de Justicia debe redundar en beneficio del ciudadano»

En representación de los integrantes del grupo de trabajo conjunto de registradores de la propiedad y letrados de la Administración de Justicia, Pedro Moya dirigió unas palabras tras la entrega del premio. En su discurso, el letrado agradeció a Maria Emilia Adán y José Miguel de Ángel, decana nacional de registradores y secretario de gobierno del TSJ en la Comunitat Valenciana, respectivamente, por su iniciativa a la hora de crear este grupo de trabajo. 

Moya puso en valor el ingente trabajo desarrollado por el grupo y los frutos obtenidos: tres extensas publicaciones en el diario La Ley, dos jornadas con ponentes de primer nivel, dos revistas recopilatorias de jurisprudencia y doctrina, y un libro (La adjudicación hipotecaria y su inscripción registral): “El grupo nació inicialmente con la finalidad de crear criterios que facilitaran el trabajo a letrados de la Administración de Justicia y a registradores de la propiedad en materias comunes, pero desde el diálogo, la generosidad, el esfuerzo desinteresado y la empatía de todos los participantes surgió todo este material”. 

Tal y como explicó Moya, la clave del éxito ha consistido en “ponerse en el lugar de los otros profesionales que intervienen”. Tras formular su deseo de que este germen de generosidad, empatía y entendimiento se contagie a la propia Administración de Justicia, Moya concluyó su intervención recordando que “la Administración de Justicia es un poder del Estado, pero es también un servicio público que tiene que redundar en beneficio del ciudadano”. El grupo trabaja ahora en otro libro sobre anotaciones de embargo.