Aún se conserva la conferencia que impartió aquel 14 de febrero de 1924 el considerado uno de los padres de los seguros sociales en España, José Maluquer. Le escuchaban en la Casa del Pueblo de Madrid interesados en cómo evolucionaba una novedad no conocida en siglos anteriores: el Estado pagaría un llamado «retiro obrero». Maluquer dirigía entonces el Instituto Nacional de Previsión, hoy llamado de Instituto Nacional de la Seguridad Social, y elogió la medida que se había tomado años antes de crear, por primera vez, una pensión en España. Rememoró cómo «en el Congreso de Economía Nacional de Madrid del año 1917, que presidió con elevación patriótica, Don Antonio Maura, y al que se invitó a corporaciones económicas patronales, obreras y de todo orden», el entonces prometedor diputado José Calvo Sotelo fue el encargado de hacer la propuesta: «Presentó la ponencia que fue aprobada unánimemente en aquel Congreso de que se estableciera el seguro obligatorio de vejez y se encargara del mismo al Instituto Nacional de Previsión». Magnífico, por fin arrancaba en España esta conquista social.
Pero el propio Maluquer se corrigió ante el auditorio, porque la unanimidad no fue total. «Precisamente, el representante del Instituto fue el único que se opuso a esta proposición, no por su sentido, sino por los términos del acuerdo». Aconsejó cautela a tan enfervorizados políticos y agentes sociales presentes: «Es preciso que no adquiramos ningún compromiso que no creamos poder cumplir. Si ahora decimos al pueblo que vamos a implantar el seguro obligatorio, es materialmente imposible; lo que sí podemos ofrecerle es que vamos a estudiar la implantación del retiro obligatorio».
Sin embargo, desde entonces hasta hoy se adquieren compromisos que no está nada claro que se puedan cumplir y eso genera expectativas frustradas y convierte la reforma de las pensiones en interminable.
Desde entonces hasta hoy se adquieren compromisos que no está nada claro que se puedan cumplir y eso genera expectativas frustradas y convierte la reforma de las pensiones en interminable
La frase no falla en cada presidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero aseguró en febrero de 2011, tras un acuerdo en la mesa del diálogo social, que su reforma del sistema de pensiones que incluía el sacrificio de retrasar la edad de jubilación a los 67 años permitía «garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de Seguridad Social». No bastó. Dos años después, en septiembre de 2013, Mariano Rajoy afirmó que su nueva reforma era en realidad una «ley de estabilidad con el objetivo básico y capital de garantizar las pensiones en el futuro». Contemplaba un crecimiento anual de las pensiones del 0,25% mientras persistiera el déficit y la introducción de un llamado factor de sostenibilidad que limitaría el coste futuro del sistema. No fue suficiente.
Es más, el propio Rajoy tuvo que poner un paréntesis a su reforma en 2018 para intentar retener el apoyo parlamentario clave del Partido Nacionalista Vasco. Su sucesor, Pedro Sánchez, lleva ya dos reformas del sistema de pensiones con la grave dificultad de conciliar lo bonito -revalorizar las pensiones con la inflación y derogar el factor de sostenibilidad- con lo impopular -conseguir recursos suficientes- para financiar el modelo.
El envejecimiento de la población y el problema político para contener el gasto en pensiones lleva ahora a España al sistema más costoso de su historia. Tanto, que las pensiones absorberán durante décadas el grueso del gasto social del Estado y superará el 15% del Producto Interior Bruto en el período 2022-2050, casi el doble que hasta la década anterior. Eso la consolida como la gran partida del gasto social y hay que asumir que revalorizar las pensiones con la inflación implica una aspiradora creciente en los presupuestos que mermará otras partidas para intentar ser sostenible. Aguantar este esfuerzo económico hace imprescindible un incremento constante del crecimiento, el empleo y la productividad. Pero eso es imposible en los ciclos económicos y cualquier crisis hará imprescindible elevar el ya desbordado nivel de endeudamiento para poder taponar agujeros. No hay más remedio, según se ha visto en sucesivas reformas en España que tomar medidas impopulares y con efectos contraproducentes: o bien se introduce el llamado factor de sostenibilidad para contener automáticamente el gasto; o el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional para reforzar sí o sí los ingresos vía las cotizaciones sociales. Lo ideal sería combinar todo, pero un gran error de nuestro tiempo, y no sólo en España, es hacer política con las pensiones cuando es una de las políticas del Estado que más consenso suscita. «Llámenlo socialismo o lo que quieran», me da igual, dicen que respondió el entonces canciller alemán, el conservador Otto Von Bismarck, cuando hubo críticas en 1881 a la creación del primer sistema de pensiones. Es una grandiosa conquista social en la que, como en 1917, sólo hay que pedir gestión sensata y no prometer lo que no se pueda cumplir. No es casual que el único que se opuso a la ponencia fue el que hacía las cuentas.
Carlos Segovia
