“Los expedientes de investigación patrimonial que elaboramos reciben la más alta valoración de sus destinatarios”
Manuel Hernández-Gil Mancha dirige desde hace más de dos años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que tiene como función principal la de intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Cuál cree usted que es el aspecto diferencial que aportan los registradores en su colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales?
La posibilidad de poner a disposición de la prevención eficaz del blanqueo toda la información disponible tanto de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles dispersos por toda la geografía nacional, como las bases de datos nacionales: FLEI, FLOTI y FLOMI.
Toda esa información, debidamente cruzada y tratada por profesionales especialmente capacitados en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT) desde el centro que dirijo, se traduce en unos expedientes de investigación patrimonial que reciben la más alta valoración de sus destinatarios.
Además, los registradores también colaboran desde otra perspectiva en la lucha contra esta lacra, ya que durante el año 2019 las peticiones de información procedentes de las autoridades implicadas en la persecución del blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo, y delitos conexos a los Servicios Centrales del Colegio de Registradores de España superaron las 130.000 solicitudes tramitadas por vía telemática, a las que evidentemente hay que sumar un gran número de peticiones de información realizadas directamente en los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
Numerosas instituciones han suscrito convenios de colaboración con el Colegio para acceder a la información del Registro de Titularidades Reales (RETIR). ¿Es este el mejor reconocimiento a la labor que los registradores están desarrollando en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
Sin duda. Téngase en cuenta, además, que el RETIR se ha puesto en marcha en tiempo récord. Desde la publicación de la Orden Ministerial de 21 de marzo de 2018 hasta hoy han pasado poco más de dos años y ya se ha consolidado de tal manera que no hay organismo o entidad vinculada a la lucha o a la prevención del blanqueo que no cuente con él para tratar de conocer el beneficiario último de las sociedades o las cadenas de control de las mismas.
Ahora bien, para que ello haya sido posible ha tenido que darse la coincidencia de que el creador del mismo, mi compañero José María de Pablos O´Mullony, actual director de nuestro Servicio de Sistemas de Información (SSI), sea también persona de grandes conocimientos informáticos y convencido de que la prevención del blanqueo nos incumbe a todos y más aún a nosotros como funcionarios públicos. Finalmente, el decidido apoyo de la decana nacional al proyecto y la preparación técnica de las personas que trabajan en el SSI, han hecho el resto.
¿Cómo se establece la formación de los registradores en una materia que está sometida a los continuos cambios normativos y reglamentarios?
Ha habido dos periodos. Hasta diciembre del año pasado estaba encomendada tal tarea a una casa externa. Para lo sucesivo y teniendo en cuenta que es una obligación legal y que la formación debe ser continua, hemos planteado un esquema de formación destinado tanto a los registradores como a los empleados haciendo uso de la plataforma APRENDA con la que contamos en el Centro de Formación Carlos Hernández Crespo. Ello nos permite llegar a todos los destinatarios al realizarse de forma online, lo que facilita la labor dada nuestra dispersión territorial y, además, al preparar los temarios y los casos prácticos en el propio Centro, la formación se adecua a la realidad de los registros y de quienes trabajan en ellos a la vez que podemos trasladar las novedades normativas tan pronto como se produzcan.
Esto se complementa con toda la documentación que se aloja en nuestra intranet, particularmente el Manual de Procedimientos, y con las jornadas, cursos y clases presenciales que se organizan en el marco del Aula de Prevención de Blanqueo que creamos el pasado año en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, punta de lanza entre las universidades españolas en esta materia.
Desde el centro que usted dirige se está realizando un importante trabajo de concienciación continua a los sujetos obligados. ¿En qué consiste esta labor?
Se trata de explicar a los compañeros, cara a cara, la importancia de la labor que realizamos y decirles que, a pesar de que a ellos pueda resultarles una labor ardua, hasta hace relativamente poco desconocida y encima no remunerada, sí tenemos un reconocimiento social importante que redunda en beneficio de todos y prestigia nuestra profesión. No pocas veces he tenido la suerte de escuchar a personas muy relevantes en este mundo que no se concibe una investigación patrimonial en España sin contar con los datos procedentes de los registros españoles sea directamente sea a través del CRAB.
“No hay organismo o entidad vinculada a la lucha o a la prevención del blanqueo que no cuente con el Registro de Titularidades Reales”
Para ello, durante el año pasado, planificamos unas visitas a los decanatos territoriales donde acudíamos la gerente del centro, Mónica Martínez Molina, y yo mismo para exponer nuestra actividad y tratar de responder a las dudas y preguntas de los compañeros. Por suerte tuvimos tiempo de visitar las zonas “más sensibles” al blanqueo.
¿Cuáles son los nuevos proyectos en los que se encuentra trabajando el CRAB para este año?
La verdad es que, después de la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos, no sé qué margen de actuación tendremos, aunque me temo que, por desgracia, habrá que reacondicionarlo todo. Algunos de esos proyectos se verán inalterados y de hecho se han podido poner en marcha en plena crisis. Me refiero, por ejemplo, al curso sobre Prevención del Blanqueo de Capitales para los registros de la propiedad que, dentro del nuevo esquema de la formación al que antes me refería, se puso en marcha a finales del pasado mes de abril después de haberlo “pilotado” en los registros de bienes muebles. Más tarde, lo implantaremos también para los registros mercantiles.
Queda, sin embargo, por concluir el plan de visitas a los decanatos al que me refería en la pregunta anterior. Veremos qué podemos hacer.
También teníamos mucha ilusión en haber organizado una jornada nacional de prevención en Málaga con presencia de registradores y de otros sujetos obligados pero me imagino que tendremos que reconsiderarlo, dadas las circunstancias.
Desde su punto de vista, ¿cómo puede repercutir la crisis provocada por el Covid-19 en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
Todavía es pronto para saber a ciencia cierta las consecuencias que pueda tener. De momento sí parece cierto que las limitaciones impuestas a la libre movilidad dificultará el traslado nacional e internacional de las grandes cantidades de efectivo que la gran delincuencia genera. Ahora bien, dadas las dificultades económicas en que se verán muchas empresas en el “postcoronavirus”, es fácil vaticinar que se convertirán en campo abonado para que las mafias del blanqueo traten de desembarcar en ellas bien mediante su compra directa o bien mediante su financiación, porque no hay que olvidar que cualquier negocio legal en crisis es interesante para su desbocado afán de dar apariencia legítima a los fondos de origen criminal.
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
¿Cómo valora el reciente convenio suscrito entre el Colegio de Registradores y la Secretaría de Estado de Seguridad en materia de prevención del blanqueo de capitales?
La firma del convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad para el uso del Registro Mercantil por parte de la Policía Nacional, para conocer el titular real de las entidades mercantiles, es muy importante para nosotros porque complementa el convenio de acceso a nuestras bases de datos y consolida la permanente colaboración que mantenemos también en la recíproca formación de nuestro personal. Asimismo, cierra el círculo de convenios suscritos con las instituciones del Estado vinculadas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: Guardia Civil, ORGA, CNI, CNMV, CGPJ, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Cuentas… con lo que, de manera incuestionable, se erige en un instrumento imprescindible para una eficaz lucha contra el blanqueo.
