“Situar a las personas en el centro de las políticas públicas es la piedra angular para construir una sociedad más igualitaria”
Lourdes Ciuró analiza las principales acciones que se están llevando a cabo desde la conselleria para ofrecer un servicio público de Justicia ágil, eficiente y próximo a la ciudadanía, y destaca la estrecha colaboración que mantienen con los registradores en numerosos proyectos.
¿Cuáles son los principales proyectos que desde la Consejería tiene previsto impulsar en el actual mandato?
Somos una Conselleria que lleva a cabo política social en mayúsculas porque incidimos en servicios públicos, y eso quiere decir que nuestras actuaciones sitúan a nuestros ciudadanos en el centro. Queremos una Administración sensible y adaptada a la realidad de nuestro país, que esté al lado de la ciudadanía. Y eso también significa que la Administración de Justicia, que constituye un servicio de primer orden, tenga el Derecho Civil Catalán como base de su praxis. Esta legislatura queremos aprobar la Ley de Actualización del Código Civil de Cataluña, con el objetivo de dar respuesta legal a los retos y a las necesidades sociales de hoy. En este sentido, trabajaremos para disponer de nuestra propia Ley Catalana de Arrendamientos Urbanos. Asimismo, nos hemos propuesto formalizar el Protocolo de Desahucios que estamos trabajado con los colegios profesionales, los operadores jurídicos, los ayuntamientos y las entidades sociales. Nuestra obligación es colaborar para dar respuestas reales a los problemas reales, protegiendo los derechos de los propietarios y de los inquilinos, muy especialmente, los de los más vulnerables. Siguiendo en el ámbito de la Justicia, queremos crear un Observatorio de Asuntos Legales y Derechos Humanos, con la finalidad de detectar carencias o ineficiencias en la actuación judicial –en el sentido amplio- y actuar en beneficio del ciudadano y sus derechos.
En el ámbito de la mediación haremos una apuesta decidida y transversal: prepararemos el Proyecto de Ley de Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos, elaboraremos un Plan para una política pública de impulso de los mecanismos de resolución de conflictos y consolidaremos el Plan de mediación en el ámbito contencioso administrativo. Buscaremos todas las vías de colaboración necesarias para hacer de la mediación una alternativa conocida y reconocida.
La Conselleria de Justicia tiene también competencias en políticas de memoria y, en este ámbito, uno de nuestros ejes será la lucha contra el fascismo. La investigación, localización, recuperación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura es una obligación para saldar una deuda democrática histórica. Esta legislatura presentaremos la Ley Catalana de Memoria Democrática, que será una ley integral, compleja, garantista, innovadora y que aglutinará el máximo consenso parlamentario.
Y no nos olvidemos de las prisiones y los centros de justicia juvenil, que son unos de los eslabones más débiles de nuestra sociedad. Tenemos competencias propias en ejecución penal, y el nuestro es un modelo basado en la reinserción, la rehabilitación y las segundas oportunidades. Finalizaremos la construcción de equipamientos que están en marcha, y avanzaremos en las gestiones para disponer de dos infraestructuras nuevas: una prisión de mujeres –que pondrá sus necesidades y especificidades en el centro de la intervención y el tratamiento- y un centro abierto –que nos permitirá potenciar los terceros grados penitenciarios.
¿Qué impacto ha tenido la pandemia en el ámbito judicial y cómo se han adaptado a la nueva realidad laboral que ha provocado la misma?
Desde el principio de la pandemia y hasta el día de hoy, en el ámbito de Administración de Justicia se han visto afectadas unas 2.700 personas, contabilizando personas diagnosticadas, en cuarentena o con síntomas no diagnosticados. De éstas, unas 1.400 han sido diagnosticadas como infectadas por Covid.
Las medidas que hemos adoptado en la Conselleria de Justicia desde el inicio han incidido tanto en la gestión de espacios -para adaptarlos a los requerimientos sanitarios y de prevención de riesgos laborales-, como en la gestión directa sobre los recursos humanos. Las medidas tomadas en este sentido van desde el establecimiento de turnos de mañana y tarde en los juzgados donde, por impedimento físico del espacio, no se podían respetar las distancias interpersonales; pasando por la adopción de programas de refuerzo en las jurisdicciones social y mercantil -especialmente afectadas por la declaración del estado de alarma y cese de la actividad económica a nivel global-; hasta el fomento e impulso del teletrabajo.
El fomento del teletrabajo en las jurisdicciones, que por disponer de la tecnificación de procedimientos ha sido posible, ha representado un punto imprescindible para minimizar el impacto de la incidencia de las incapacidades temporales y aislamientos del personal. Con el teletrabajo se ha parado la posibilidad de contagio entre el personal del juzgado y ha permitido compatibilizar aislamiento de familiares dependientes o del propio trabajador con la realización del trabajo.
En la última ola de contagios, el número más elevado de personas en situación de incapacidad por Covid ha sido de 227. Lo que comportó un 2,6% de la plantilla afectada por Covid. En aquel momento el porcentaje de incapacidades era del 9,3.
El porcentaje de incapacidades en el ámbito de Administración de justicia varía entre el 7 y el 8%.
“Si queremos una justicia con perspectiva de género, una justicia sensible con los colectivos más vulnerables, es imperativo garantizar la mirada, y, sobre todo, la voz de las mujeres”
¿Cuál cree que es la manera de acercarse a los ciudadanos por parte de las Administraciones y en concreto de la Administración de Justicia?
La Administración de Justicia debe estar siempre al servicio de los ciudadanos; es nuestra máxima. Y, además, tenemos como prioridad que este servicio sea ágil, eficiente, próximo, moderno, funcional y que no deje atrás a nadie. Es eso lo que nos guía como Administración y lo que nos acerca a la ciudadanía. Tenemos presupuestadas actuaciones concretas en este sentido: ampliaremos los servicios en la sede judicial electrónica, desplegaremos 3 nuevas oficinas judiciales, implementaremos el sistema de cita previa a 9 nuevos Registros Civiles, aceleraremos la transformación judicial con el apoyo de los fondos Next Generation, e iniciaremos las gestiones necesarias para tener foros judiciales que aglutinen los servicios de justicia en aquellos lugares donde la dispersión de los órganos complica la gestión a los ciudadanos. De hecho, con lo que llevamos de mandato, ya hemos podido anunciar el nuevo proyecto de foro judicial en la ciudad de Martorell, y no hace muchas semanas, anunciamos otro en Tarragona.
Aparte, hemos incrementado un 52% el presupuesto destinado a la mediación y a los métodos alternativos de resolución de conflictos. Creemos con la mediación como mecanismo para agilizar la justicia ya que da soluciones más rápidas que los procedimientos judiciales. Y creemos en la mediación como herramienta para fomentar la cultura del diálogo, la negociación, el pacto y la paz, que es lo que desde siempre nos ha definido como catalanes. Catalunya tiene competencias propias en materia de impulso de la mediación: las ejerceremos y exigiremos que sean respetadas.
Y como decía, la Administración de Justicia no puede dejar atrás a nadie. Tampoco a los más vulnerables, aquellos que no tienen recursos económicos para litigar. Seguiremos trabajando con los diferentes colegios de abogados para garantizar el servicio de justicia gratuita, una pieza clave para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los que menos tienen. Destinaremos 66’8 MEUR. Tampoco podemos dejar atrás a aquellos que en un momento dado necesitan poner el contador a cero y volver a empezar. Los mecanismos de segunda oportunidad no sólo favorecen la defensa de los derechos personales y la cohesión social, sino que también nos permite reactivar el tejido productivo y la economía.
Y no puedo acabar sin referirme a la realidad lingüística de Cataluña. La Justicia se debe poder prestar y recibir en catalán. Sólo el 7% de las sentencias en Cataluña se dictan en catalán, y el uso de la lengua catalana en el ámbito de la Justicia sigue siendo residual. Tenemos que trabajar, y lo haremos, para que los ciudadanos tengan garantizado su derecho a utilizar el catalán en sus relaciones con la Administración de Justicia. Pero no sólo eso, también para fomentar el uso del catalán entre los operadores jurídicos. Y lo queremos hacer despertando vocaciones de jueces y fiscales en Catalunya, porque eso evitará los prejuicios que genera la elevada movilidad en nuestros juzgados. Necesitamos tener jueces y juezas catalanes, que conozcan nuestra realidad y con un arraigo que contrarreste el alto nivel de rotación actual. Adicionalmente, no nos cansaremos de reclamar al Estado que el catalán sea un requisito para ejercer en Catalunya. Hablar catalán en la Justicia es un derecho fundamental que, de no utilizarse, lesiona los derechos de las personas a tener un juicio justo. Y eso también es una defensa del derecho a la tutela judicial efectiva.
Todo ello nos ocupa y nos preocupa, y por este motivo destinamos 558 MEUR del presupuesto de 2022 a la Administración de Justicia, una cifra que representa la mitad de todo el presupuesto de la Conselleria de Justicia.
¿Cuál es la relación con el actual Cuerpo de Registradores de Cataluña y cómo cree que se pueden impulsar las relaciones?
Tenemos una buena relación con el Cuerpo de los Registradores. Y les agradecemos que tengan tantas propuestas de colaboración con nosotros como Conselleria de Justicia. Propuestas como las relacionadas con la conciliación y la mediación a través del Registro de la Propiedad. Son grandes oportunidades de colaboración que estamos explorando, y que pueden comportar resultados muy buenos en el ámbito de la resolución alternativa de conflictos. Hemos puesto sobre la mesa propuestas para hacer jornadas conjuntas de difusión de iniciativas o como punto de encuentro de reflexión. A todas estas propuestas, quiero recordar que, desde hace mucho tiempo, el Colegio de Registradores ha estado participando en la Comisión de Codificación del Código Civil de Cataluña y el Observatorio de Derecho Privado de Cataluña, ayudándonos con sus conocimientos técnicos a hacer las mejores leyes posibles. Por lo tanto, la nuestra es una relación muy buena y estamos seguros que lo seguirá siéndolo.
¿Cómo valora la reunión que mantuvieron hace pocas semanas con ustedes y los proyectos que les presentaron, como el Registro de pisos turísticos?
En general, las reuniones que tenemos con los diferentes colegios suelen ser muy productivas, y lo fue especialmente la que mantuvimos hace unas semanas. Respecto al tema que plantea de la propuesta de un Registro de pisos turísticos, puede ser interesante, pero hay que estudiarlo a fondo porque aquí también intervienen otras Administraciones, cuyas valoraciones y aportaciones no podemos obviar. También hablamos de propuestas relacionadas con el impulso de la conciliación y la mediación, que valoramos muy positivamente. Asimismo, analizamos otros temas importantes, en los cuales la Conselleria tiene competencias y en los cuales ya estamos trabajando como, por ejemplo, cuestiones relacionadas con las inmatriculaciones y los censos, donde el Colegio nos puede ayudar puesto que son actores clave. En general, y después de haber intercambiado ideas y propuestas, podemos decir que vamos en la buena línea.
¿Cree que el cuerpo de Registradores tiene bastante reconocimiento social?
Los registradores son conocidos. Otra cuestión es si tienen el reconocimiento social que efectivamente se merecen como grandes profesionales que son. Tienen un nivel de conocimiento técnico muy elevado, y eso los hace unos actores muy preparados para poder ayudar a resolver muchos conflictos, muchas problemáticas. Eso es precisamente lo que mucha gente desconoce; esta tarea ingente a favor de resolver los problemas de la sociedad. He visto la Junta actual con muchas ganas de reivindicar esta tarea social tan importante que pueden hacer, y estoy segura de que lo conseguiremos entre todos. Porque es bueno que, a un colectivo tan preparado, tan potente y con tanta predisposición a ayudar, se le pueda sacar más provecho y, sobre todo, se le pueda dar más reconocimiento.
¿Cómo cree que se puede acercar a la sociedad en general la tarea que desarrollan?
El servicio de conciliación y mediación puede ser muy útil para acercarse a la gente, a sus problemas, para darles una solución que sea menos traumática que los procesos judiciales, y a la vez, más rápida. Todo lo que sean actividades sociales, actividades en el ámbito público, servirán para acercar el Colegio a la sociedad y dar a conocer su potencial. Desde la Conselleria de Justicia colaboraremos con ellos en jornadas abiertas a los ciudadanos, que faciliten el conocimiento, y sobre todo el reconocimiento, de su trabajo.
“Los registradores tienen un nivel de conocimiento técnico muy elevado, y eso los hace unos actores muy preparados para poder ayudar a resolver muchos conflictos”
¿Qué papel tienen que jugar las Administraciones y en particular la de Justicia en el equilibrio positivo en verso las desigualdades que todavía hoy sufren determinados colectivos femeninos?
Es importante que las mujeres estemos más presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Seguimos estando infrarrepresentadas. No puede ser, por ejemplo, que las mujeres casi no tengamos voz ni voto en los consejos de dirección de las empresas. Extrapolado en el marco de la Administración Pública, hacen falta más liderazgos femeninos. Y es cierto que hemos avanzado mucho, no olvidemos cuál era el punto de partida. Pero nos queda mucho camino por recorrer. Las Administraciones tenemos que ser referencia y, por lo tanto, tenemos que liderar este cambio de modelo. Un modelo esencialmente masculino, hecho por hombres y para hombres, que evidentemente tiene su reflejo en la Administración de Justicia. Desde siempre, la judicatura ha estado formada sobre todo por hombres. Es una tendencia que ha ido cambiado, sí; pero no olvidemos que las mujeres acostumbramos a encontrarnos más obstáculos y barreras para acceder a la carrera judicial, y, lo más importante, para promocionarnos. Las cargas y cuidados familiares, un rol que se nos ha atribuido siempre a las mujeres, y las dificultades de conciliación, no ayudan. No hay paridad en las altas instancias judiciales: ni en el Tribunal Constitucional, ni en el Tribunal Supremo. Si queremos una justicia con perspectiva de género, una justicia sensible con los colectivos más vulnerables, es imperativo garantizar la mirada, y, sobre todo, la voz de las mujeres.
¿Cuál cree que es la hoja de ruta para construir una sociedad más igualitaria?
Situar a las personas en el centro de las políticas públicas. Esta es la piedra angular. Para ello es imprescindible un compromiso ideológico firme y, evidentemente, recursos económicos. Y sabemos que los recursos económicos no son todos los que querríamos. En estos años de pandemia hemos visto cómo han aflorado las desigualdades sociales; muchas ya existían y otras han sido fruto directo de la crisis sanitaria. La pandemia de Covid ha mostrado la gran vulnerabilidad humana, la cara más oscura de la desigualdad, y también las deficiencias del sistema. Hace falta una hoja de ruta que ponga en el centro de las políticas públicas, sobre todo y en especial, a las personas vulnerables, las que más han sufrido y sufren, darles respuestas reales, efectivas y factibles a sus problemas. Problemas que van desde la salud mental, el habitacional, el económico o, en el caso de los presos y jóvenes penados, también la reinserción y la rehabilitación. No obstante, hacen falta equilibrios. Primero, porque, como decía, los recursos económicos son limitados. Y segundo, porque entran en juego otros derechos que tampoco podemos vulnerar. Los derechos de los propietarios de inmuebles, por ejemplo. Hablar, debatir, colaborar y consensuar para tomar decisiones realistas y equilibradas: éste es el baluarte que nos tiene que permitir acercarnos hacia una sociedad más justa y más igualitaria.
¿Cómo valora el papel de los registradores dentro del cuerpo jurídico?
Los registradores de la propiedad tienen un papel imprescindible en muchos aspectos del ámbito jurídico. Todo lo que tiene que ver con la propiedad, especialmente. Tienen un alto grado de preparación técnica. Nos consta que trabajan con unos niveles muy altos de eficiencia, lo cual da seguridad jurídica a las operaciones que se hacen con ellos: nos dan esta garantía jurídica, que es importantísima. Además, y esto quizás sea lo más desconocido, un firme compromiso para aportar su granito de arena para que las leyes -especialmente las del Código Civil de Cataluña- sean mejores. Por lo tanto, desde la Consejería de Justicia, especialmente desde la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación, valoramos mucho el poder colaborar con ellos.
¿Cree que la celebración del Día Internacional de la Mujer es un estímulo para mejorar todavía más el ámbito de la igualdad?
El Día Internacional de la Mujer es una cita obligada, un altavoz muy potente, un día simbólico, un día en que la reivindicación por la igualdad es visible en todas las plazas, pueblos y ciudades. Esta unidad en las calles y en las instituciones es un estímulo que da mucha fuerza para seguir trabajando a diario. Porque, evidentemente, trabajar por la igualdad de género y contra las violencias machistas tiene que ser un compromiso del día a día. Y nosotros adoptamos este compromiso desde todos los ámbitos de actuación de la Conselleria que encabezo. Destinaremos 11’5 MEUR a políticas transversales de género, pasando por el ámbito de la Administración de Justicia, pero también de la ejecución penal, de los asuntos religiosos y de la recuperación de la memoria democrática. Es un deber para con las mujeres, que hemos sido históricamente las grandes olvidadas.
