España ha logrado un liderazgo internacional indiscutible en una pieza imprescindible en la vida económica. El sistema registral español completó hace ya casi dos años la digitalización con la entrada en vigor de la Ley 11/2023. Y es un hito indiscutible que llega en un momento altamente delicado por infinidad de factores.

Un hito indiscutible porque los registros son una de las expresiones más evidentes de la seguridad jurídica, plenamente necesaria en una vida económica pujante. Y un hito que llega en el mejor momento por la cantidad de variables que pueden convertirse en los próximos tiempos en factores de inestabilidad en la vida económica y no tan económica.

El panorama nacional se enfrenta a tensiones evidentes basadas en planteamientos ideológicos que se enfrentan a la seguridad jurídica más básica, a la protección de la propiedad privada, a la atracción e implantación de empresas, al derecho a la explotación de propiedades como los inmuebles o las viviendas, al mantenimiento de una estabilidad legislativa que garantice las apuestas empresariales a largo plazo o, ahora y como novedad nada beneficiosa, a un panorama internacional estable y previsible.

Todo parece ponerse en duda en un momento en el que, cuando menos, los registros refuerzan su papel como garantes de los derechos de propiedad y explotación económica, de la transparencia, de la solvencia y de todo cuanto es necesario para contar con unos soportes básicos en la actividad económica.

Sé que puede resultar una metáfora rebuscada la comparativa entre los nuevos y extraños vientos y la vida registral. Pero lo cierto es que justo en estos momentos es cuando más se agradece la existencia de profesionales centrados en seguir manteniendo las verdaderas esencias del progreso, la estabilidad, la tranquilidad, el desarrollo, el crecimiento y la seguridad

España se enfrenta en los próximos tiempos a una necesaria reivindicación de la garantía de los sacrificios personales y empresariales. Ni es admisible que una propiedad privada -fruto del esfuerzo y del trabajo de miles de personas o empresas- sea usurpada y el propietario se encuentre en la tesitura de no poder recuperar su dominio en un tiempo prudencial y rápido, ni resulta asumible que iniciativas empresariales acaben optando por otros destinos ante la sensación de una falta de seguridad jurídica o inestabilidad en nuestro país. El imperio de la ley es el máximo incentivo para cualquiera que desee esforzarse por construir y no por destruir. Y ese mensaje debe defenderse contra viento y marea.

Pero, por desgracia, todo ello pasa por una óptica desenfocada que parece haber olvidado que una economía sólida sólo puede serlo en base a una defensa de la creación de empleo, de la propiedad privada y de la iniciativa privada.

Y no se trata sólo de un panorama nacional. El mundo vive un periodo de auge de extraños planteamientos políticos basados, a un lado y otro del escenario político, en la ruptura de esquemas clásicos que han demostrado su eficacia en la construcción de sociedades prósperas. Planteamientos que recuerdan tiempos pasados, repito, tanto a un lado como al otro del tablero político. Y nada de todo ello resultará fructífero. Ni para la vida económica, ni para cualquier otro tipo de plasmación social.

Sé que puede resultar una metáfora rebuscada la comparativa entre los nuevos y extraños vientos y la vida registral. Pero lo cierto es que justo en estos momentos es cuando más se agradece la existencia de profesionales centrados en seguir manteniendo las verdaderas esencias del progreso, la estabilidad, la tranquilidad, el desarrollo, el crecimiento y la seguridad.

Esta institución, baluarte imprescindible de la seguridad jurídica, permanece, de este modo, en medio de un entorno incierto, como ejemplo puro de certeza. Qué más pedir. Y qué más recomendar como medicina frente al resto. Porque seguro que, cuando en 1768 la pragmática de 31 de enero del Rey Carlos III organizó y reguló los oficios o contadurías de hipotecas como origen del Registro de la Propiedad, pensó más en la estabilidad y la seguridad jurídica que en la puesta en duda de todo como sistema.

Carlos Cuesta