Parece una maldición. Como en tantas otras ocasiones, vemos lo que pasa y añoramos lo que debió haber pasado. Observamos los primeros resultados de la gestión del Gobierno de los fondos europeos. Comprobamos que miles de empresas españolas podrían estar reactivándose, creando puestos de trabajo y desarrollando proyectos con una financiación europea que es extraordinaria, tanto por su cuantía, como por las condiciones en las que se ofrece. Sin embargo, sólo ven cómo se incrementan sus costes, cómo se complica la regulación que les afecta, cómo sobre ellas se vierten tormentas con problemas en vez de las ayudas y los auxilios que necesitan.
La creación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia llegó a los españoles como una noticia que suscitaba la mayor de las esperanzas, tanto para las administraciones públicas como para las empresas, ante el amplio abanico de oportunidades que ofrecía para dinamizar la economía. Un año después sabemos que los fondos no están llegando a sus destinatarios, que su nivel de ejecución es ridículo, y que muy pocas empresas -básicamente las grandes- cuentan con ellos para salir del pozo en el que esta crisis les ha metido. La gestión de los fondos está generando una gran desesperanza.
El único objetivo de estas ayudas era colaborar en la recuperación económica, tras una situación inédita. Los errores en el “desgobierno” de los fondos europeos son los que explican el nulo efecto que están teniendo en la recuperación económica.
Son muchas las empresas que llevan largos meses esperando la llegada de los fondos europeos. Para la inmensa mayoría suponen la mera supervivencia. Para otras, la posibilidad de crecer. Para todas, el cumplimiento de una promesa que creyeron, más por venir de Bruselas que de Madrid
Hay que destacar, en primer lugar, que el Gobierno está siendo lento. Las ayudas no llegan. Se ha marcado unos objetivos que no ha cumplido, mientras parece que no pasa nada. Los presupuestos Generales del Estado de 2021 incluían una dotación de 24.000 millones de euros que se correspondían con los fondos europeos. A fecha de hoy, se ha ejecutado el 45%, es decir, sólo se han pagado 11.000 millones, que justo coincide con lo que se ha transferido a las CC.AA. De esa cantidad, se estima que se hayan gastado cerca de 1.500 millones, siendo optimista. Para el Gobierno de Pedro Sánchez es fácil volcar en las autonomías el peso de la mala ejecución. Pero lo que no hace es detallar que la mayor parte de los 11.000 millones de las CC.AA. se han transferido en los dos últimos meses del año, y su ejecución precisa de un tiempo de tramitación cuyo plazo acaba de comenzar.
No hay que olvidar que España va a recibir 70.000 millones en total, de los que el Estado va a gestionar directamente 50.000 millones. Si con los primeros 11.000 millones se está observando tanta torpeza, lo que queda por llegar no es muy esperanzador.
Son muchas las empresas que llevan largos meses esperando la llegada de los fondos europeos. Para la inmensa mayoría suponen la mera supervivencia. Para otras, la posibilidad de crecer. Para todas, el cumplimiento de una promesa que creyeron, más por venir de Bruselas que de Madrid. Cada día de retraso o de espera es un drama. El Gobierno, en su desgobierno de los fondos, ha activado el botón de pausa a una sociedad que no puede permitirse esperar ni un minuto. El entorno económico no ayuda. La inflación que parece haberse instalado entre nosotros, el raquítico crecimiento de nuestra economía, y la diarrea legislativa de la coalición que nos gobierna, dirigida a obstaculizar la actividad empresarial, son factores que hacen todo más difícil. Son las empresas, las generadoras de empleo, las que se resienten, ante el estupor de las administraciones regionales a las que el Gobierno quiere dejar sin margen de maniobra.
Ha sido un mal comienzo. Haría bien el Gobierno en intentar lo que hasta ahora no ha sabido ni ha querido hacer: rectificar, asesorarse con los mejores y asegurarse de que lo que se haga desde ahora tenga alguna utilidad para ayudar a las grandes necesitadas en esta situación: las empresas.
Pilar García de la Granja
