“Lo que es bueno para la discapacidad, es bueno para la sociedad”
El director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, analiza en esta entrevista el proyecto puesto en marcha por su departamento para dar a conocer el impacto de la COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas en las personas con discapacidad. También aborda diferentes cuestiones que nos permitan configurar una sociedad más solidaria, más abierta e inclusiva.
Bienvenido a las páginas de la revista del Colegio de Registradores, donde no es ningún desconocido, pues ya el pasado día 29 de julio contamos con su presencia activa en la presentación de la Guía registral en lectura fácil y la Guía registral en Braille. ¿Qué nos falta por hacer en el mundo del derecho para acabar de romper las barreras que hacen difícil a una persona con discapacidad integrarse y poder ejercer plenamente sus derechos?
En primer lugar agradecer al Colegio de Registradores su compromiso firme con la discapacidad. El compromiso de los profesionales del Colegio con los 3,8 de millones de personas con discapacidad es la prueba de la conquista de sus derechos en España y de la sensibilidad de una sociedad con estas personas.
Precisamente el sector del derecho es uno de los más receptivos a la hora de atender las necesidades de las personas con discapacidad. Prueba de ello es el Foro de Justicia y Discapacidad, enmarcado dentro del Consejo General del Poder Judicial. En este espacio de diálogo y debate participamos los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030, el de Justicia, la Fiscalía General de Estado, los Colegios y los Consejos de profesionales del derecho, expertos de la justicia y la discapacidad y por supuesto, la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad: CERMI y Fundación ONCE.
Gracias a este Foro se han impulsado proyectos sumamente importantes en el ámbito del derecho. Estamos siendo testigos de hechos históricos en la defensa y el refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad. Se ha creado la Fiscalía de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, se ha modificado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y se está tramitando la reforma de la legislación civil y procesal, también el Código Penal e incluso de la propia Constitución.
Las personas con discapacidad tendrán mayor libertad en la toma de sus decisiones, podrán ejercer el derecho al voto, no podrán ser esterilizadas sin su consentimiento y lo más importante, serán reconocidas en igualdad de derechos que el resto de la ciudadanía.
Pero aún queda camino por recorrer, nos queda convencer a los profesionales del derecho de que una persona ciega puede ejercer sus funciones como juez o fiscal, queda por comunicar en lectura fácil los derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad, queda por atender de manera específica las necesidades de las personas con discapacidad privadas de libertad, queda por reforzar la vigilancia de los incumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del marco normativo sectorial en España.
Si me lo permite, una pregunta un poco personal. ¿Cómo llega un Ingeniero en Topografía, Geodesia y Cartografía a ser el director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España?
En 2004 aprobé las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Allí desarrollé labores de investigación en el campo de la geofísica, la geodesia y la cartografía, también impartía clases en la universidad sobre estas materias. Un trabajo interesante pero muy alejado de la ciudadanía, de lo social, del servicio público.
Después de un profundo ejercicio introspectivo tuve la necesidad de orientar mi carrera administrativa hacia las personas, hacia la construcción de una sociedad española mejor, más solidaria, más abierta e inclusiva. Tuve la suerte de encontrar plaza en el Real Patronato sobre Discapacidad y adentrarme en este sector tan atractivo como adictivo.
Al principio dudé sobre las aportaciones de un ingeniero a la discapacidad, lo asociaba al terreno de lo asistencial, los cuidados y la protección. Cuando descubrí que en España la discapacidad es la relación de la persona con el entorno -relación sustentada en derechos e igualdades- la duda fue otra: por qué no hay más profesionales de la ingeniería dedicados al desarrollo de entornos solidarios, abiertos, inclusivos, accesibles y sin barreras.
IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA DISCAPACIDAD
Resulta muy interesante el proyecto que ha puesto en marcha la Dirección General que encabeza dirigido a conocer el Impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas en las personas con discapacidad. ¿Qué conclusiones cree que podrán extraerse de este estudio? ¿Qué se persigue con su realización?
El estudio persigue la identificación y el análisis de las principales necesidades y dificultades que están afrontando las personas con discapacidad, sus familiares y su entorno a causa de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en diferentes ámbitos, tales como el empleo, la educación, la salud, los servicios sociales y los derechos básicos. Asimismo, se ha considerado conveniente analizar y reflexionar en torno a las consecuencias socioeconómicas y los retos de futuro que la actual crisis sanitaria tendrá para las personas con discapacidad en cada uno de los ámbitos señalados.
En cuanto a las conclusiones, se ofrecen por cada ámbito analizado, identificando las principales dificultades y necesidades y acompañándolas de una hoja de ruta con las actuaciones o medidas prioritarias a desarrollar para solucionarlas:
En el terreno del empleo, se ha constatado un aumento del desempleo, la precariedad laboral y la dificultad en la reincorporación al mercado laboral, por lo que se propone el fomento de las nuevas tecnologías en el entorno laboral, el teletrabajo y las ayudas públicas a la contratación de personas con discapacidad.
En relación a la educación se ha comprobado una reducción de los apoyos técnicos y humanos, sobre todo para alumnos con necesidades especiales y el aumento del ciberacoso. Por lo que se plantea una mayor inclusión educativa con el uso de las nuevas tecnologías, la extensión de la disponibilidad de equipos informáticos para el alumnado con discapacidad, el fomento de las acciones formativas contra la discriminación de las personas con discapacidad.
Respeto al ámbito de la salud, el estudio confirma un número importante de tratamientos médicos suspendidos, la falta generalizada de acceso a medicamentos y productos ortoprotésicos y un el empeoramiento de la salud física y mental. Por lo tanto, se aconseja revisar los protocolos de atención sanitaria, reforzar los servicios de salud mental y extender los tratamientos médicos en domicilio.
En los servicios sociales, se han observado deficiencias en el ámbito residencial, la escasez de ayudas a domicilio y de asistencia personal y un aumento de la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad, por lo que se recomienda revisar el modelo residencial, reforzando las unidades de convivencia y la asistencia personal y garantizar las prestaciones económicas a grupos vulnerables de personas con discapacidad.
Por último, en cuanto a los derechos básicos, se confirma una debilitación generalizada de los mismos, por lo que se aconseja una mayor concienciación social para mejorar la imagen de las personas con discapacidad, desarrollar una ley de accesibilidad universal y fomentar la participación de las personas con discapacidad en la vida social, cultural y artística.
SITUACIÓN DE LA MUJER Y DE LAS NIÑAS QUE PADECEN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD
Aprovechando esta entrevista quiero traer a colación un tema respecto del que soy especialmente sensible: la situación de la mujer y de las niñas que padecen algún tipo de discapacidad. ¿Cómo les ha afectado la pandemia?
Ser mujer y tener discapacidad lamentablemente supone una doble discriminación. Los datos son evidentes en cualquier sector, por ejemplo, en el empleo, las mujeres con discapacidad sufren discriminación por razón de género, tienen tasas más bajas que los hombres con discapacidad, y discriminación por discapacidad; también tasas más bajas que las mujeres sin discapacidad.
La pandemia las ha hecho aún más vulnerables. Muchas mujeres con discapacidad son cuidadoras, y en confinamiento, además de no recibir atención, han tenido que cumplir con los cuidados a familiares. Lo están dando todo sin recibir nada a cambio.
Muchos servicios dirigidos a la discapacidad han estado cerrados los meses de confinamiento. Además de los servicios terapéuticos y de rehabilitación, también se han reducido aquellos orientados a la atención de víctimas de violencia, a la atención de mujeres y niñas con discapacidad, aumentado tanto la discapacidad como la desprotección.
Por otra parte, como denuncia la Fundación CERMI Mujeres, existe un descrédito social sobre las enfermedades que mayoritariamente sufre la población femenina, solo erradicado a través de la concienciación social y el trabajo en red. Reconocer el trabajo que las entidades sociales de la discapacidad están haciendo en la construcción de un tejido de género y discapacidad sólido, reivindicativo y protagonista de sus decisiones.
“Quizá la Accesibilidad Universal sea el quinto pilar de un Estado de Bienestar y un parámetro más que cuantifique el nivel de desarrollo de una sociedad”
¿Cómo pueden los organismos públicos y la sociedad civil favorecer la plena inclusión de este grupo tan vulnerable?
Lo primero, asumir el paradigma de la discapacidad establecido en la Convención y que afortunadamente en España veníamos desarrollándolo desde la LIONDAU en 2003. Este paradigma establece que la discapacidad es la relación entre las características de la persona (deficiencias y limitaciones) y el entorno en el que se desenvuelve (restricciones).
Según esta relación, un entorno insolidario, exclusivo y segregador acentúa la discapacidad de la persona. En cambio, entornos con bienes, servicios y productos abiertos, diversos e inclusivos atenúan la discapacidad. Y aquí aparece el concepto clave: la Accesibilidad Universal.
En la construcción, la producción o el desarrollo de entornos accesibles participamos toda la sociedad, y quizá con mayor protagonismo las Administraciones Públicas y las empresas privadas de todos los sectores. Los estudios demográficos vaticinan que en un par de décadas viviremos más años, predominará la población mayor de 65 años y gran parte de ella con alguna discapacidad adquirida. Todos necesitamos que la accesibilidad sea el principio del diseño de servicios, bienes y productos. Quizá la Accesibilidad Universal sea el quinto pilar de un Estado de Bienestar y sea un parámetro más que cuantifique el nivel de desarrollo de una sociedad.
Por supuesto, la accesibilidad rompe las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y también mentales, las de mayor prejuicio. La accesibilidad es buena para la discapacidad, y lo que es bueno para la discapacidad, es bueno para la sociedad.
DISCAPACIDAD Y ESCUELA
Creo que la sociedad mira hoy con otros ojos el mundo de la discapacidad, pero hay que seguir avanzando en esa sensibilización que, además, la pandemia ha puesto en peligro. Uno de los lugares más adecuados para hacer crecer esa sensibilidad es la escuela. ¿Qué planes existen en este ámbito?
El artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es claro en cuanto al papel de las escuelas como espacios inclusivos. En ellos, los y las menores con y sin discapacidad han de compartir y convivir en un sistema educativo ordinario y abierto a la diversidad que fomente los valores del respeto, la solidaridad, la sensibilización y la cultura de la discapacidad.
Evidentemente la discapacidad es diversidad, y no todas las discapacidades son igualmente de inclusivas en sistemas educativos ordinarios. Hoy en día existen casos de menores cuya discapacidad supone tal grado de dependencia que precisan recursos tan personales y específicos que impiden su incorporación a sistemas inclusivos. Pero no perdamos la esperanza, hace apenas un par décadas era imposible asumir que menores ciegos concluyeran sus estudios en aulas inclusivas. Hoy, este colectivo presenta tasas de abandono escolar mucho menores que la población sin discapacidad.
En cualquier caso, es triste escuchar a defensores de la Educación Especial justificando el sistema especial frente al inclusivo con argumentos como la falta de solidaridad, de respeto, el acoso y la burla del resto de niñas y niños sobre los que tienen discapacidad. Acusar injustamente a los menores de estas prácticas es obviar la responsabilidad del centro educativo, del profesorado y de las familias, cuando precisamente son las escuelas, los profesionales y los padres los que han de fomentar la cultura de la inclusión y la diversidad.
Para terminar, en un momento como el presente no puedo dejar de preguntarle por su opinión sobre el Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Como apuntaba anteriormente, el Colegio de Registradores, la Dirección General de Políticas de Discapacidad y otros tantos organismos tenemos la fortuna de participar activamente en un momento histórico para los derechos de las personas con discapacidad.
La reforma de la legislación civil y procesal forma parte de esta importante transformación que actualizará algunos principios heredados del Derecho Romano de hace más de 2.000 años, cumpliendo con el artículo 12 de la Convención. La sustitución de la tutela y el establecimiento de apoyos para la toma de decisiones recuperaran la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, garantizando su participación social en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Esta reforma exige la complicidad y la participación de muchos actores: familia, Justicia, Colegios y Consejos del sector del derecho, y por supuesto, la ciudadanía. Con ella, además de cumplir con la Convención en España, construimos una sociedad más justa y participativa. No cabe duda de que, junto con la modificación de la LOREG y la Constitución, esta reforma será recordada y celebrada muchas décadas después de su aprobación.
María del Pilar Rodríguez Álvarez
