“Hemos logrado garantizar la comunicación de los mandamientos y oficios judiciales a los registros en tiempos que no superan los 60 minutos”
La entrada en vigor de la ley 11/2023 ha supuesto la transformación en la prestación del servicio público registral con la total digitalización de las actuaciones registrales. En este contexto hablamos con Javier Parra, secretario de gobierno del TSJ de la Región de Murcia, primer lugar donde se ha iniciado la implantación de las comunicaciones electrónicas entre los órganos judiciales y los Registros. Para el próximo 9 de julio está prevista su implantación en el resto del territorio competencia del ministerio (Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Melilla, Ceuta y Órganos centrales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo).
Explícame la experiencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en materia de transformación digital. ¿Por qué fue elegido como banco de pruebas en comunicaciones electrónicas con los registros de la propiedad?
El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia cuenta desde 2015 con una Agenda Estratégica para ordenar su actividad y proyectos, de hecho, hoy por hoy es el único tribunal de España que cuenta con un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar sus objetivos. Y un 70% de proyectos recogidos en los planes operativos anuales, en los que se concretan los proyectos a ejecutar ese periodo, vienen relacionados con proyectos de transformación digital de la Administración de Justicia y el impulso de la calidad del dato judicial. Proyectos detrás de los cuales hay destacados grupos de trabajo abiertos en materia tecnológica, en los que participan ingenieros de la Dirección General de Transformación Digital y letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Contábamos ya con algunas experiencias de éxito en la materia y, quizás, esto nos avaló para poner en marcha este proyecto que veníamos acariciando hacía ya varios años. Además, un factor determinante, ha sido la experiencia previa colaborativa de más de una década con el Decanato Autonómico de Registradores de Murcia, con quien los letrados de la Administración de Justicia y jueces del TSJMU han trabajado de forma conjunta en la publicación de manuales de buenas prácticas jurídico-procesales.
Así, de acuerdo al POA 2023, sugerimos a la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio el abrir un grupo de trabajo para permitir comunicaciones electrónicas secularizadas entre juzgados y tribunales y oficinas registrales.
¿En qué ha consistido el proyecto de comunicaciones electrónicas entre las oficinas judiciales de la Región de Murcia y las oficinas registrales?
En un escenario de Justicia digital y con un expediente judicial electrónico (EJE), que en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está asegurando, casi al 99%, la tramitación con papel cero, se imponía el extender todas las comunicaciones en formato igualmente electrónico. Es decir, no solo con los profesionales del derecho, fuerzas y cuerpos de seguridad y administraciones públicas, sino también, con otros profesionales con los que habitualmente nos relacionamos, como son los notarios y, particularmente, los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
Por tanto, el proyecto se centró en materializar las comunicaciones electrónicas bidireccionales, vía sistema de intercambio de registros (SiR) entre oficinas judiciales y registrales.
“Un factor determinante, ha sido la experiencia previa colaborativa de más de una década con el Decanato Autonómico de Registradores de Murcia, con quien los letrados de la Administración de Justicia y jueces del TSJMU han trabajado de forma conjunta en la publicación de manuales de buenas prácticas jurídico-procesales”
¿Cómo se articuló el proyecto y a qué desafíos se ha enfrentado?
Con la experiencia previa que contábamos ya en otras colaboraciones con el Decanato Autonómico de Registradores, creamos un grupo de trabajo interdisciplinar compuesto tanto de registradores de la propiedad y letrados de la Administración de Justicia de una parte, como ingenieros y técnicos, tanto del Ministerio de Justicia, como del Colegio Nacional de Registradores.
El grupo de trabajo se enfrentó durante varios meses a retos en un triple orden: tecnológico, organizativo y procesales/registrales. En el orden técnico era preciso asegurar la plena interoperabilidad de sistemas entre la Administración de Justicia y las oficinas registrales. Además, la interconexión de sistemas debía producirse en tiempos razonables para garantizar la seguridad jurídico registral.
En el apartado organizativo, fue preciso identificar las pautas que aseguraran los mejores flujos de procesos y funcionamiento internos, tanto en las oficinas judiciales, como registrales. En este apartado fue muy beneficioso el concentrar la experiencia de parte de las oficinas judiciales en el Servicio Común Procesal de Ejecución de Murcia (SCPEJ) que dirige la letrada-directora Isabel de Zarandieta Soler.
Por último, en el apartado jurídico procesal, se identificaron las mejores prácticas procesales y registrales que la Secretaría de Gobierno se comprometió a transportarlas a un instrumento normativo interno vinculante para letrados de la Administración de Justicia.
“En el orden técnico era preciso asegurar la plena interoperabilidad de sistemas entre la Administración de Justicia y las oficinas registrales. Además, la interconexión de sistemas debía producirse en tiempos razonables para garantizar la seguridad jurídico registral”
¿Cuáles son los resultados específicos y, en concreto, tu valoración de la colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Murcia?
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ras muchas pruebas de ensayo y error, se ha logrado, por fin, garantizar la comunicación de los mandamientos y oficios judiciales a los registros en tiempos que, por lo general, no superan los 60 minutos.
Se ha consensuado y publicado una instrucción de servicio de la Secretaría de Gobierno de TSJMU que fue suscrita por el secretario coordinador provincial de Justicia de Murcia, Miguel Ángel Soler. Con la entrada en vigor de esa Instrucción, todas las comunicaciones emitidas y recibidas por y en las oficinas judiciales en sus relaciones con los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles deberán producirse -sólo y exclusivamente- por vía electrónica securizada y con rastro pleno de trazabilidad en el sistema de gestión procesal (Minerva/Atenea). La vía electrónica se considera única, desterrando el correo electrónico, papel o fax. Bien es cierto que, excepcionalmente, en los supuestos de imposibilidad técnica objetivada para ser presentados electrónicamente, circunstancia que deberá hacerse constar en el mandamiento (p.ej. caída de los sistemas), los documentos podrán presentarse conforme prescribe el artículo 252.3 de la Ley Hipotecaria.
Además, hemos consensuado una guía práctica operativa. Como resultado final de la experiencia murciana, en el mes de julio se extenderá progresivamente la práctica a la totalidad de las oficinas judiciales y registrales de España.
Por ello, quiero hacer un expreso reconocimiento al compromiso del grupo de trabajo en su totalidad y, de forma particular, al Decanato Autonómico de Registradores de Murcia y al Colegio de Registradores de España, representado en el grupo por el registrador de la propiedad de Rubí, José Soriano Ramírez.
¿Qué opinas de los retos de futuro para la Administración de Justicia en un contexto de continua transformación digital?
La plena interoperabilidad de sistemas de los distintos colectivos del sector Justicia deberá ser pronto una realidad plena en todo el Estado español.
El futuro nos aguarda con un escenario dinámico en el que fedatarios judiciales (LAJ), notariales y registradores deberemos saber materializar nuestras competencias en una nueva cultura que, en el plano jurídico, está transitando del concepto tradicional del documento al concepto del dato.
Comienza la implantación de las comunicaciones electrónicas entre los órganos judiciales y los Registros
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes inició el pasado 2 de julio la implantación de las comunicaciones electrónicas, automáticas y orientadas al dato, entre los órganos judiciales de todo el territorio de Murcia y los Registros de la Propiedad Bienes Muebles y Mercantiles del Estado a través del Sistema de Interconexión de Registros. Para el próximo 9 de julio está prevista su implantación en el resto del territorio ministerio y Asturias.
Con el acceso telemático del documento judicial a los distintos registros jurídicos se garantiza y se da plena eficacia al principio de prioridad, dando preferencia y mejor derecho a los títulos que primero acceden al Registro. Esta forma de presentación permite, además, superar el caduco sistema de telefax, en cumplimiento de la reciente normativa sobre modernización y digitalización de trámites procesales y registrales, impulsada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
El nuevo sistema podrá ser usado para mandamientos de expedición de certificados de títulos, certificaciones de cargas sobre inmuebles y las anotaciones preventivas de embargo o cancelaciones. A su vez, se reciben de manera automática los envíos realizados por los distintos registros, en la oficina judicial, tanto la comunicación registral del asiento de presentación, como la notificación fehaciente del asiento de presentación.
Estos intercambios electrónicos no sólo mejorarán los plazos y la agilidad del servicio público de Justicia, evitando comunicaciones con papel o fax, sino que también mejorarán la seguridad jurídica, asegurando que la llegada a embargos, avisos de actividades posiblemente ilícitas y otras transacciones se hagan de manera inmediata y automática.
José Ramón Sánchez Galindo
