Sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados principalmente con la falta de transparencia de la titularidad real, fue el objetivo de este seminario organizado por el Colegio de Registradores y Transparencia Internacional España.
Terminar con las estructuras corporativas opacas y las empresas fantasma se ha convertido en una prioridad de primer orden en la agenda mundial anticorrupción. Estas estructuras corporativas permiten y fomentan no solo la corrupción, sino también la evasión fiscal, el fraude, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos económicos, provocando consecuencias devastadoras para el Estado de Derecho, la democracia, los ciudadanos y para la integridad de la economía y el sistema financiero. Por este motivo, reforzar la transparencia y el acceso a la información relativa a la propiedad de las empresas resulta esencial para evitar un uso delictivo de las mismas.
En este contexto, el Colegio de Registradores y Transparencia Internacional España celebraron un seminario, financiado por la Comisión Europea en el marco del Proyecto CSABOT, donde se abordaron los principales desafíos en torno al importante papel que juegan los registros de titulares reales centralizados, interoperables, de acceso público y formato abierto como elemento clave para la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude.
El objetivo central del seminario La transparencia de la titularidad real en España: hacia un registro nacional de titulares reales transparente y efectivo, fue el de sensibilizar a los actores de la sociedad civil, a los sectores privado y público, así como a la ciudadanía en general, sobre los riesgos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo relacionados principalmente con la falta de transparencia de la titularidad real.
QUINTA DIRECTIVA
El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, por el cual se transpone, entre otras, la llamada Quinta Directiva (2018/843) contra el blanqueo de capitales, exige que todos los Estados miembro dispongan de un registro público de titulares reales. En este sentido, España se encuentra en una situación de retraso notable con respecto al establecimiento de este registro central y abierto no sólo para autoridades y sujetos obligados sino para toda la ciudadanía. Teniendo en cuenta el Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento (RETIR), el seminario se convirtió en una oportunidad clave para discutir sobre los principales desafíos para una implementación adecuada y transparente del mismo en un momento previo a su creación.
Dado que la implementación y operación de este nuevo registro será un gran reto en el contexto español, durante la jornada se debatió sobre las mejores prácticas, se dieron a conocer las experiencias de otros países europeos en la puesta en marcha de otros registros y se identificaron los principales retos y obstáculos en esta implementación, tanto desde el enfoque del sector público como del sector privado, del tercer sector, de la academia y de los medios de comunicación.
La jornada, que contó con destacados especialistas en la materia, fue presentada por María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores, y David Martínez García, director Ejecutivo de Transparencia Internacional España. María Emilia Adán señaló que esta jornada se organizó “para luchar contra la corrupción, el fraude y, sobre todo, contra el blanqueo de capitales, que al final está detrás de los delitos más graves y más sangrantes de la humanidad”. Una tarea en la que los registradores, continuó diciendo, “venimos trabajando desde hace muchos años, primero a través del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), y desde el año 2018 a través del Registro de Titularidades Reales (RETIR). La decana explicó que tras las Quinta Directiva europea en esta materia, el Ministerio de Justicia decidió crear un registro único en España de titularidades reales para lo que los registradores, dijo, “ofrecemos toda nuestra colaboración”.
Por su parte, Belén Madrazo, registradora de la propiedad y mercantil, subrayó la necesidad de regular “la obligación de presentación para su inscripción de las escrituras públicas o documentos correspondientes de transmisión de participaciones, cuotas o acciones de entidades mercantiles y otras estructuras jurídicas en los registros mercantiles españoles”, a propósito de la actual opacidad de los libros privados de socios y por el intercambio de información y la colaboración entre las diferentes autoridades públicas de la materia.
El seminario se convirtió en una oportunidad clave para discutir sobre los principales desafíos para una implementación adecuada y transparente de este registro en un momento previo a su creación
En los diferentes paneles de expertos se analizaron aspectos como la exigencia de una verificación independiente de los datos del titular real, el reto y la necesidad de interconexión de bases de datos de naturaleza heterogénea, la complejidad de identificación del control indirecto o el importante papel de los registros centralizados, fiables, transparentes e interoperables como elemento clave para la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude y como herramienta fundamental de transparencia corporativa económica y fiscal.
También se llamó la atención sobre la importancia de la prohibición de acciones al portador o, como mínimo, adoptar medidas que permitan la identificación del titular real de las mismas, tales como la exigencia de su conversión en nominativas o que se mantengan en una institución financiera regulada u otro sujeto obligado con deberes de información. Otro aspecto que se discutió fue sobre la posible adopción de un concepto de titular real no estático sino sujeto a ponderación en función de otros criterios a tener en cuenta de cara al peso de su virtualidad y dominio.
El seminario dedicó una mesa redonda al estado del Derecho comparado en la materia que permitió conocer y discutir las experiencias de otros países europeos en la implementación de otros registros y conocer el estado de la aprobación del Real Decreto que permitirá la puesta en funcionamiento del Registro Central en el territorio nacional.
Proyecto CSABOT
Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) es un proyecto que implementa la Acción Preparatoria, el Desarrollo Programático de Capacitación y la Comunicación (Preparatory Action– Capacity Building Programmatic Development and Communication) en el contexto de la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos. Este Proyecto, financiado por la Comisión Europea, está liderado y desarrollado por Transparency International desde su Secretaría internacional (TI-S), en alianza conjunta con Tax Justice Network (TJN), Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime – UCSC) y el Government Transparency Institute (GTI), bajo un contrato con la Unión Europea representada por la Comisión Europea. Las opiniones expresadas son únicamente las de los contratistas y no representan una opinión oficial de la Comisión Europea. Su principal objetivo es fortalecer la capacitación de las diversas organizaciones de la sociedad civil para contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos, impulsando la actual necesidad de establecer Registros públicos de titularidades reales, a través de la promoción y conocimiento sobre los aspectos más importantes que afectan a la titularidad real como herramienta fundamental de transparencia corporativa económica y fiscal.
Este proyecto es una oportunidad clave para promover un mayor y más completo uso de los datos sobre la titularidad real por parte de los actores de la sociedad civil en España, incluyendo las organizaciones no gubernamentales (ONG), periodistas, el mundo académico y los sindicatos. Un mayor compromiso sirve no solo para garantizar que estos actores puedan ejercer una mayor presión para la mejora de los marcos de lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sino también para utilizar los datos sobre la titularidad real para identificar casos de corrupción, evasión fiscal y otros delitos.
