Frustración autonómica

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La pandemia, una gran tragedia en sí misma, ha puesto a prueba las fortalezas y debilidades del sistema político, del modelo constitucional español, y ha permitido contrastar las flaquezas de una organización territorial, que ha dado lugar al estado de las autonomías, sin una consagración institucional clara puesto que el título VIII C.E., ‘De la organización territorial del Estado’, no describe el modelo sino que entrega las herramientas procesales para construirlo. De hecho, la Carta Magna no contiene el mapa de las autonomías y las competencias de cada comunidad se eligen a la carta entre los repertorios expuestos en los artículos 148 (competencias autonómicas) y 159 (competencias exclusivas del Estado).

Según nuestra ley de leyes, la Sanidad e Higiene son materias en que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias plenas. De hecho, las han asumido, de forma que el Ministerio de Sanidad ha quedado reducido a un “cascarón vacío” que ni siquiera sirve para computar una parcela de poder en los repartos que se efectúan entre partidos (UP no quiso Sanidad al formarse la coalición). Pero como la acometida de la gran pandemia del coronavirus desbordaba el ámbito regional, hubo que decretar el estado de alarma para que la covid-19 fuera abordado integralmente, gracias a un liderazgo único y con todos los recursos necesarios que sólo el Estado es capaz de allegar. Asimismo, la limitación de derechos fundamentales —reunión, movilidad— requería la decisión soberana de las instituciones centrales.

Una vez centralizada la gestión, era necesaria la coordinación, que debía haber correspondido al Senado, la “Cámara de representación territorial” (art.69.1 C.E.). Pero la cámara alta no estaba preparada para tal menester y hubo que recurrir a la conferencia de presidentes, una institución informal ideada por Rodríguez Zapatero, que apenas había sido estrenada y que sí ha servido para poner en sintonía con singular eficacia comunidades autónomas y Estado. Con todo, dicha conferencia no está reglada y su personalidad jurídica es extremadamente débil.

En este marco cooperativo, bajo el control del ministro de Sanidad, Salvador Illa, se realizaron con notable eficacia los procesos de confinamiento y desconfinamiento, hasta domeñar en gran medida la pandemia tras unas semanas de angustiosa sobrecarga sanitaria que han costado muchos miles de muertos. Pero la frivolidad de las fuerzas políticas forzó la terminación prematura del estado de alarma, que el Gobierno prolongó de quince en quince días, y la competencia sobre Sanidad regresó a las comunidades autónomas.

El resultado de esta nueva descentralización a la vista está. Hasta el The New York Times nos ha sacado los colores en portada por la incompetencia de una clase política española que, en su segundo nivel, no ha estado a la altura de los requerimientos. Correspondía a las comunidades fortalecer la asistencia primaria y establecer equipos suficientes de rastreo que detectaran los contagios y aislaran a los infectados. No han sido capaces ni de lo uno ni de lo otro, y los rebrotes, primero ocasionales, se han ido multiplicando. No se ha regresado a los niveles de los peores meses pero sí se ha extendido lo suficiente la enfermedad para sembrar la alarma dentro y fuera del país y arruinar definitivamente la temporada turística.

No parece razonable, a estas alturas, reclamar todavía las responsabilidades objetivas y subjetivas pero sí puede asegurarse que, si en lugar de este desordenado estado de las autonomías, hubiéramos dispuesto de un modelo federal como el que, sin ir más lejos, rige en Alemania, hubiera sido mucho más sencillo dominar al virus, contener los rebrotes y estragar por lo tanto mucho menos la economía nacional.

Cualquier mediano entendedor de lo ocurrido llegaría ahora a la conclusión de que conviene mejorar y consolidar el sistema territorial descentralizado, pero ello requeriría una reforma constitucional que nadie está dispuesto a impulsar. Con problemas en la jefatura del Estado y la resaca de una intentona separatista en Cataluña, la Constitución se ha vuelto pétrea durante bastantes años. Es una mala noticia para quienes pensamos que España tiene arreglo.

Antonio Papell