“Es necesaria una cultura de las soluciones extrajudiciales”
El Pacto de Estado por la Justicia no solo es posible, sino que resulta imprescindible, afirma en esta entrevista Enrique López. Para el secretario de Justicia e Interior del Partido Popular y actual consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, una de las medidas más urgentes es “trabajar en reformas útiles para que existan más y mejores fórmulas alternativas en la resolución de los conflictos”.
El 28 de mayo de 2001 se suscribió por PP y PSOE el Pacto Estatal por la Justicia. 19 años después hay unanimidad en que es necesario un nuevo pacto entre todas las fuerzas del arco parlamentario, así como con los profesionales que la servimos. ¿Es posible? ¿Cuáles debieran ser sus líneas principales?
La Justicia es una de las cuestiones centrales de una democracia. La forma en que se administra, organiza y gestiona resulta una cuestión esencial para un Estado de Derecho. Es evidente que un asunto de esta naturaleza debería quedar fuera del terreno de la lucha partidista. Creo que, al menos, deberían existir unas bases en las que no interfiriese el ruido ideológico.
El Pacto de Estado no solo es posible, sino que resulta imprescindible, y deberíamos poder asentarlo sobre algunas ideas esenciales, como la necesidad de fortalecer la imagen de independencia del poder judicial, para que la percepción social se corresponda fielmente con la independencia y profesionalidad de los jueces españoles. En segundo lugar, ese pacto de Estado debería dotar a nuestra Justicia de los instrumentos más adecuados para que se convierta en una maquinaria perfectamente engrasada que ayude a resolver conflictos y a restaurar derechos con mayor eficacia y eficiencia.
“Contamos con cuerpos como el de registradores, magníficamente preparados para ayudar en una labor tan importante como la solución extrajudicial de conflictos”
El Plan Justicia 2030, que condensa los objetivos del Gobierno en materia de Justicia para la transformación del servicio público en los próximos años, ¿podría ser el nuevo Pacto por la Justicia?
En general, creo que no se puede establecer, en un mundo tan cambiante, una agenda a diez años vista, mucho menos en un ámbito como el de la Justicia. Un Pacto de Estado tiene que tomar como punto de partida un folio en blanco en el que la primera labor sea tener en cuenta todo lo bueno que ya tenemos, diferenciando claramente las fortalezas de nuestro sistema judicial de sus debilidades. Un folio en blanco sobre el que tendríamos que trabajar los principales partidos políticos, especialmente aquellos llamados a gobernar, y todos los estamentos y operadores del mundo de la Justicia.
El COVID-19 va a tener unos efectos indeseados en la economía. A su juicio, ¿deberían ser revisados algunos puntos del Plan 2030 por los acontecimientos derivados esta crisis?
Creo que una crisis tan global y de tanto alcance vital, social y económico como la que ha provocado esta pandemia nos va a obligar a todos a revisar muchas cosas, en todos los ámbitos. El Covid ha afectado a todos los sectores y ha incidido enormemente en el ámbito de la Justicia, donde a los problemas endémicos se ha sumado el efecto del parón por el confinamiento y el aumento exponencial de la conflictividad. Creo que es una situación que demanda de todos nosotros que dediquemos los mayores esfuerzos para que el servicio público de la Justicia pueda recuperarse. Y creo que hemos de ahondar, de manera muy especial, en los métodos que permiten la resolución de los conflictos al margen de los tribunales, especialmente la mediación y el arbitraje, donde tenemos mucho terreno por recorrer, porque es necesaria una cultura de las soluciones extrajudiciales en nuestra sociedad, también entre los operadores jurídicos. Creo que, en este contexto, la creación del Observatorio de Justicia y Competitividad, en el seno de la Comunidad de Madrid, es un gran paso adelante en esta dirección.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha supuesto un enorme desafío mundial. Ningún sector económico ha sido indiferente a esa nueva realidad y la Justicia ha tenido que crear un cuerpo normativo de urgencia. ¿Cómo valora en sentido general la actuación de la Justicia para dar soporte normativo en la pandemia? ¿Qué medidas han venido para consolidarse?
La legislación de urgencia impulsada por el Gobierno de la nación no ha sido el mejor ejemplo de calidad normativa. En el ámbito de la Justicia se han sucedido varios reales decretos, con solapamientos, que han provocado un batiburrillo normativo y que el Congreso tramite en estos momentos hasta tres proyectos legislativos bastante similares.
En cuanto a las medidas, creo que las ha habido muy positivas, como el paso de gigante que se ha dado en relación al uso de los instrumentos tecnológicos. Creo que vienen para quedarse, para lo cual tenemos que trabajar todos con rigor en el mantenimiento de las máximas garantías en todos los asuntos y procedimientos. Ahora bien, sería bueno que todos tuviésemos muy claro que estas herramientas digitales no vienen a sustituir, sino a complementar.
“Las herramientas digitales no vienen a sustituir, sino a complementar”
La digitalización y la tramitación on line es hoy una exigencia del ciudadano, un medio que no debe implicar una merma de sus derechos. ¿Cómo cree que debe acometerse?
Me parece que esa es la pregunta y el debate fundamental. Creo que la respuesta ha de consistir en considerar a la tecnología como un instrumento, nunca como un fin en sí misma. Le pongo un ejemplo de actuación que podríamos acometer en el futuro: todos coincidimos en que tenemos que ir a un sistema en el que se produzcan menos juicios orales, que debemos procurar que sigan siendo, de forma preferente, presenciales. Sin embargo, en todos los procedimientos y momentos previos se pueden introducir las comunicaciones telemáticas, lo que reducirá y facilitará trámites, sin duda.
Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles fueron declarados durante el estado de alarma servicio público esencial, por lo que no han interrumpido en ningún momento su mandato de servicio público. ¿Cómo valora la labor llevada a cabo por la Institución Registral?
La valoro de una manera extraordinariamente positiva. Y agradezco mucho a todos los profesionales que han mantenido este servicio funcionando durante los peores momentos del confinamiento. Quiero destacar que el Colegio Nacional de Registradores lleva haciendo un esfuerzo titánico en relación a la digitalización y extensión del uso de la tecnología desde hace ya muchos años. Esa preparación previa ha sido la fortaleza fundamental sobre la que ha pivotado una respuesta tan eficaz en un momento tan exigente. Creo que ustedes son un ejemplo a seguir.
Los registradores hemos propuesto al ministerio distintas medidas para la resolución extrajudicial de conflictos, especialmente en el ámbito concursal. ¿Cree que estas medidas pueden ser efectivas en una sociedad tan judicializada como la española?
Estoy convencido de ello. De hecho, sus propuestas van a ser estudiadas en el Observatorio de Justicia y Competitividad de la Comunidad de Madrid, que quiere poner el foco sobre estos asuntos. Creemos que unas propuestas que emanan de un colectivo profesional de primera referencia merecen ser estudiadas y, en su caso, aplicadas, porque consideramos que constituyen un acervo basado en la experiencia y en el compromiso. Hoy por hoy, la implantación de una cultura de la mediación tiene que ser uno de los caminos para mejorar la justicia y creo que hemos de recorrerlo de la mano de los profesionales con mayor experiencia en la materia.
El Consejo General del Poder Judicial ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de aumentar los supuestos de jurisdicción voluntaria a cargo de los registradores. ¿Cree que es una medida positiva?
Cualquier iniciativa que tienda a descargar a los tribunales tiene que ser bien recibida. En este sentido, creo que la labor que pueden realizar los registradores, los notarios y en general los fedatarios públicos va a resultar esencial para, desde la máxima seguridad jurídica, reducir la litigiosidad y la carga de asuntos en las distintas jurisdicciones. Mi confianza para esta tarea en profesionales como los registradores es absoluta.
Ante la llamada “España vaciada” existe el peligro de una Justicia a dos velocidades. ¿Qué medidas contempla el PP en materia de Justicia en estas zonas de España?
Mire, frente al fenómeno del reto demográfico y la despoblación, el único partido que en España ha sabido coger el toro por los cuernos ha sido el Partido Popular. Lo demuestra en las Comunidades Autónomas que gobierna y lo puso de manifiesto durante el último Gobierno de Mariano Rajoy, donde se creó el Comisionado del Gobierno para afrontar este reto demográfico. Un órgano que desgraciadamente ha sido eliminado por el Gobierno de Sánchez en enero de este año 2020. En el ámbito de la Justicia, tengo muy claro que España no se puede permitir que el factor poblacional rompa con la igualdad en el acceso al servicio público judicial, que me parece esencial. Creemos que es el momento para ahondar en la figura del Juez de Paz, que debemos potenciar precisamente en esas zonas de España con riesgos demográficos, y también es un terreno abonado para que las nuevas tecnologías nos ayuden a salvar las distancias.
Septiembre supone el inicio del Año Judicial y, con él, de todas las profesiones jurídicas. Un año marcado por la necesidad de acometer la reconstrucción de todos los servicios públicos y de la economía. ¿Qué reformas de la Justicia considera urgentes?
Efectivamente, como he señalado en alguna otra ocasión, el Covid ha llevado a la Justicia, un sector con dolencias crónicas, a la UCI. Toca que entre todos los que tenemos responsabilidades seamos capaces de bajarla a planta y conseguir cuanto antes el alta y ponerla a máximo rendimiento, si se me permite la comparación. Me pregunta usted por las reformas más urgentes, y yo, por continuar con el hilo de toda esta entrevista, me atrevo a insistir en que lo más urgente es trabajar en reformas útiles para que existan más y mejores fórmulas alternativas en la resolución de los conflictos. En España existe un exceso de judicialización, que no se da en países de nuestro entorno, y que no debemos aceptar como algo inexorable. Creo que descargar a la Justicia del innecesariamente elevado número de asuntos ha de ser el primer objetivo que debemos marcarnos todos. Para esto, evidentemente, necesitamos un cambio cultural y hacer un esfuerzo de gestión. Afortunadamente, contamos con cuerpos como el de registradores, magníficamente preparados para ayudar en una labor tan importante como la solución extrajudicial de conflictos, tan necesaria para conseguir una Justicia mejor.
