Es un grandísimo honor para mí como ministra de Justicia recoger este premio Gumersindo de Azcárate que el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y el Decanato autonómico de las y de los registradores de Madrid habéis otorgado al Ministerio de Justicia.
Con este galardón habéis querido reconocer la relevante función del poder ejecutivo y concretamente del Ministerio de Justicia por un motivo que debe enorgullecernos a todos los demócratas, que es la consideración del Ministerio de Justicia como uno de los pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho que se reconoce nada más y nada menos que en el artículo uno de nuestra Constitución. Considerando además nuclear nuestra actuación en la promoción de la seguridad jurídica que consagra el artículo 9 de la carta magna.
Además, viniendo de este colectivo de excelencia, querida decana, los registradores y registradoras españolas, y querida decana autonómica, nos resulta aún más gratificante, desde la humildad, que nuestro trabajo se haya visto recompensado por este reconocimiento. Y no solo el trabajo en esta legislatura, quiero compartir también el premio con mi predecesor en el cargo, el ministro Campo, y también con los ministros y ministras que comprometidos y vocacionales, han venido trabajando en el ministerio.
Gracias queridos compañeros de los registros, y gracias también a los equipos que trabajan en vuestras oficinas, en pequeñas localidades o en ciudades grandes, que fortalecen, desde lo pequeño a lo grande, nuestro sistema de justicia, y en consecuencia, fortalecéis también nuestro Estado de derecho desde cada pequeño espacio que vertebra todo nuestro territorio español.
La satisfacción por este premio se extiende también a todas las personas que trabajan conmigo en el ministerio y de manera muy señalada a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, cuya directora Sofía Puente, que hoy nos acompaña en este acto, día a día, y se lo puedo asegurar, se esfuerza vocacionalmente por mejorar la gestión de los asuntos relacionados con los derechos notariales y registrales. En los últimos meses he tenido la oportunidad de recalcar en numerosas ocasiones que la justicia es un pilar básico del estado social y democrático de derecho, y de subrayar la necesidad de consolidar y defender nuestra democracia.
“Gracias queridos compañeros de los registros, y gracias también a los equipos que trabajan en vuestras oficinas, en pequeñas localidades o en ciudades grandes, que fortalecen, desde lo pequeño a lo grande, nuestro sistema de justicia, y en consecuencia, fortalecéis también nuestro Estado de derecho”
Gumersindo de Azcárate -permítanme que me refiera al protagonista que da nombre a este reconocimiento- fue una personalidad importantísima, como un claro precursor de, precisamente, el Estado social y democrático de derecho. Abordó con profundidad y con certeza la cuestión social desde ángulos complementarios, integrales. Krausista que más que enseñarnos sus pensamientos, desde su obra, nos enseñó a pensar.
Defendió la conciliación de la propiedad privada con la aspiración del bienestar social colectivo, el bienestar humano. Nació en León, estudió Derecho en Oviedo, también en Madrid, trabajó como funcionario del Ministerio de Gracia y Justicia, donde sirvió como letrado primero de la Dirección General de los Registros y del Notariado, a la que ingresó por oposición en 1861; también se dedicó a la vida universitaria, que le reportó sinsabores, más amarguras que otra cosa por el complejo momento político en que vivía, donde algunas libertades habían sido coartadas, como la libertad de cátedra.
También se dedicó con intensidad a la vida política trabajando desde los escaños, desde el Parlamento, en un proyecto coherente, un proyecto independiente con profundas convicciones democráticas que refleja en su obra El régimen parlamentario en la práctica. De su actividad parlamentaria destaca la alta calidad de sus intervenciones tanto en los discursos de hondo contenido ideológico como también en sus protestas contra los atropellos e injusticias cometidos con gentes de la más modesta condición, como se dice en El régimen parlamentario en la práctica. De hecho, fue Don Gumersindo de Azcárate quien impulsó la Ley de la usura en 1908, que sigue vigente hoy en día y cuya idea fundamental era evitar condiciones abusivas que imponían los usureros y lograr una mayor protección del usuario, mayor protección en definitiva, de personas más vulnerables.
Azcárate, dentro de su dimensión social, elevaba su discurso a cuestiones de estado, como la paz, la convivencia, el sano debate ideológico dentro del pluralismo propio de las sociedades democráticas, abogando por la firmeza de las instituciones -donde en los momentos de crisis anidan la crispación y el populismo- que defienden el Estado del bienestar. Él consideraba de este modo que el problema social no es temible allí donde la organización política es a la vez tan firme y tan flexible que ni los empeños atrevidos logran turbar la paz pública ni los propósitos de reforma por trascendental que esta sea. Y también afirmó que la ley debe ser ciegamente respetada y libremente discutida.
Y es que la capacidad de diálogo debe ser una seña de identidad de un gobierno que favorece la política de calidad, una acción pública que sea capaz de escuchar y de canalizar las demandas sociales, de dar respuesta a las nuevas realidades, incluso de anticiparlas. Esto es sinónimo de una política respetuosa y cercana a las personas. Así lo entendemos desde el Gobierno de España, así lo entiendo desde el Ministerio de Justicia, que se empeña por poner la Administración de Justicia a mano de los ciudadanos.
Del pensamiento político de Gumersindo de Azcárate sorprende, como podéis ver, su actualidad. Ya en 1885 hablaba del descrédito del sistema del gobierno, de lo que se aprovechan escépticos y egoístas de un lado y de otro, enemigos de las instituciones. En estos momentos en que la actualidad política se llena demasiadas veces de mucho ruido, de crispación, a mí me gustaría hacer un llamamiento a combatir dialécticamente a esos egoístas y a convencer a los escépticos; a los primeros, con argumentos, y a los segundos, con pruebas, con gestión demostrada. Por ello reivindico el sentido de estado de la política.
Gumersindo de Azcárate se implicó en la creación y organización de la Institución Libre de Enseñanza y participó en su posterior funcionamiento, en su dirección y en su difusión. Hombre defensor de la igualdad, que sostuvo ya en su tesis doctoral que la mujer era capaz de ocupar un lugar social semejante al del hombre y que la educación era la vía para lograr la igualdad de ese acercamiento de los sexos. Tuvo buena maestra. Mantuvo una enorme amistad con Concepción Arenal, con quien compartió curiosidades intelectuales, y su visión reformista, que le llevó a escribir sobre derechos de las mujeres, sobre todo en el ámbito educativo.
“Azcárate, dentro de su dimensión social, elevaba su discurso a cuestiones de estado, como la paz, la convivencia, el sano debate ideológico dentro del pluralismo propio de las sociedades democráticas, abogando por la firmeza de las instituciones”
La igualdad entre hombres y mujeres, la justicia social, la cohesión social y territorial, grandes transformaciones que ya está experimentado España y que forman parte de nuestras líneas de actuación, y el recuerdo de quien ha dado nombre a este premio nos inspira en ese proceso reformista, en ese proceso de transformación que estamos viviendo en la actualidad y del que todos y todas somos testigos privilegiados.
No desaprovechemos esa oportunidad. Desde el departamento que dirijo estamos trabajando para que nuestra justicia avance, para que evolucione al mismo tiempo que lo hace la sociedad española, para alcanzar un servicio público de justicia más accesible, más eficiente, más sostenible, más igualitario.
Y en este cometido son piezas clave las leyes de eficiencia, y quiero dar las gracias al anterior equipo del ministerio, ministro Campo, por ese legado, en cuya tramitación estamos avanzando, dos de las cuales ya están en el Parlamento y una está pendiente de segunda vuelta en el Consejo de ministros. En ellas introducimos medidas para mejorar estructuralmente la organización de los órganos judiciales, también con la figura de los Tribunales de Instancia, dando un nuevo enfoque, un nuevo impulso a la oficina judicial para hacerla más eficiente y más operativa, para servir mejor a los ciudadanos y ser más equitativos a la hora de abordar los asuntos judiciales.
También trabajamos para implantar las modernas oficinas de justicia municipales, que se convertirán en un instrumento idóneo para reducir todas las brechas, brechas territoriales, brechas digitales, generacionales, de discapacidad, económicas…, acercando el servicio público de justicia a los ciudadanos con independencia del lugar en que se habite y con independencia de las condiciones sociales, económicas o personales de quien necesite acceder a un recurso de justicia. También incorporamos medidas para aumentar la eficiencia y la celeridad en la tramitación de los asuntos a través de instrumentos y herramientas procesales, también los medios adecuados de solución de controversias para pasar de la cultura de la imposición o la cultura del conflicto a la cultura del respeto y del acuerdo. Y regulamos la transformación digital de la Administración de Justicia, que ya es una realidad, para convertir nuestro servicio público en un referente de modernización en España y en Europa.
Quiero dar un agradecimiento especial a los registradores, decana, María Emilia, por vuestro trabajo en el ámbito de las medidas para reducir el impacto social y económico que ha generado la crisis de la Guerra en Ucrania, en concreto para que la ejecución de las sanciones a los oligarcas puedan ser más efectivas para evitar que puedan financiar la injusta guerra de Putin. Un compromiso humano desde vuestra responsabilidad, pero también un compromiso con los valores europeos de libertad, de justicia, de igualdad, de seguridad, de solidaridad, de paz, en definitiva.
“Desde el departamento que dirijo estamos trabajando para que nuestra justicia avance, para que evolucione al mismo tiempo que lo hace la sociedad española, para alcanzar un servicio público de justicia más accesible, más eficiente, más sostenible, más igualitario”
La figura de Azcárate puede inspirarnos a los gobernantes públicos, y a mí me inspira, a los hombres y a las mujeres que tenemos la responsabilidad de velar por el respeto a los derechos de la ciudadanía y su ejercicio responsable. Es, en definitiva, lo que estamos haciendo desde el Ministerio, cuando implementamos políticas públicas y cuando aprobamos medidas para no dejar a nadie atrás desde nuestro sector; pero el Ministerio de Justicia no lo haría posible sin todos y todas las profesionales, hombres y mujeres, de todo el sector justicia, pero también, de los ciudadanos, que con su participación en los procedimientos nos ayudan a mejorar en la respuesta institucional.
Me gustaría finalizar reivindicando como Gumersindo de Azcárate una sociedad plural e inclusiva en la que se acepte la diversidad de ideas, de opiniones, de creencias…, debemos preservar estos valores que forman ya parte de nuestro acerbo, de nuestro sistema, defenderlos de cualquier amenaza. Ante cualquier tipo de afrenta el Estado social y democrático de derecho es la respuesta y es la garantía de nuestra paz social.
