Los cien números que cumple la revista Registradores de España nos permiten asomarnos a más de veinte años de nuestra historia reciente y constatar los esfuerzos de las instituciones en general, y de quienes desempeñan la función registral en particular, por mejorar la arquitectura jurídica de nuestro país en un ámbito esencial como el de la fe pública.
Han sido muchos los avances para que el principio de seguridad jurídica, que consagra el artículo 9 de nuestra Constitución, sea una realidad más accesible y universal. Y en ese empeño, sin duda, los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España han sido y siguen siendo una pieza clave para acercar a la ciudadanía instrumentos efectivos para el ejercicio de sus derechos.
Este verbo, acercar, condensa a la perfección esa labor. Las oficinas de los diferentes registros se despliegan por todo el territorio, desde pequeños municipios a grandes ciudades. Y contribuyen decididamente a la cohesión territorial, la eliminación de brechas y barreras, y garantizar la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, vivan donde vivan.
Esta publicación no solo ha permitido acercar la actividad de los registros a la sociedad y a los órganos directivos y departamentos de los distintos niveles administrativos del estado. También ha tenido una participación activa en los diferentes debates, reformas y cambios normativos operados en su ámbito de actuación.
El mayor acierto de Registradores de España ha sido la búsqueda constante de vasos comunicantes con la actualidad en general. Sus páginas han salido siempre al encuentro de muchos otros sectores profesionales y de personalidades de la política, la ciencia, la cultura, la economía, la justicia o la universidad. Con ello, han sabido proyectar la sensibilidad social y la conciencia del mundo en que vivimos de un colectivo imprescindible para tantos quehaceres cotidianos y para nuestra vitalidad democrática.
Esa vocación constante de apertura a la sociedad es la que ha venido impulsando al Colegio de Registradores de España en la concesión, desde 2007 –y junto al Decanato Autonómico de los Registradores de Madrid– del premio Gumersindo de Azcárate, con el que se reconoce el compromiso de personas o entidades con la promoción del Estado social y democrático de derecho. La inspiración de este galardón en uno de los más importantes juristas de la España contemporánea y referencia indiscutible del pensamiento krausista, es toda una declaración de intenciones de esa forma de entender vuestro papel en la sociedad, lejos de cualquier tentación endogámica.
Ese espíritu abierto de Registradores de España es, a su vez, una interpelación constante y necesaria a quienes, desde el ejercicio de nuestras responsabilidades, tenemos el deber de seguir profundizando en una agenda de reformas con las que avanzar en calidad democrática y adaptación de nuestro marco normativo a una realidad tan cambiante como la actual.
A ese fin obedece la reciente modernización de la Ley Concursal, ya en vigor, que establece mecanismos más ágiles y flexibles para minimizar la destrucción de tejido productivo y facilitar el mantenimiento de empresas viables.
Así es en muchos otros casos, como la futura Ley de Eficiencia Procesal –cuya tramitación parlamentaria encara su recta final–, que recoge la apuesta de los registradores por potenciar los medios extrajudiciales de resolución de conflictos y abrirá más la Justicia civil y mercantil a la ciudadanía.
Como dijo el propio Gumersindo de Azcárate, «La ley debe ser ciegamente respetada y libremente discutida». Es el momento de reconocer a Registradores de España su compromiso con esa doble noción de respeto y libertad con que concibe su servicio a la sociedad y las instituciones.
En esos términos, comparto con quienes hacen posible esta publicación mi más sincera felicitación por su labor y el anhelo de que continúe siendo una voz de referencia, no sólo en defensa de una actividad esencial en cualquier estado de derecho, sino en el debate general sobre políticas públicas y modernización de la administración española.
Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno de España
