El mes de diciembre, es el mes de nuestra Constitución, se inicia con la celebración de su aprobación por la ciudadanía, mediante el referéndum del 6 de diciembre, y finaliza con su publicación en el BOE, el día 29.
El artículo 9 nos sujeta, como funcionarios públicos y como ciudadanos, a su observancia, junto al resto del Ordenamiento Jurídico. Garantiza la seguridad jurídica, a la que como Institución servimos, pero es su artículo 10 quien dota de sentido nuestra función al determinar cómo debemos ejercer el servicio público que tenemos encomendado. Los registradores apostamos por la dignidad de la persona, por el libre desarrollo de su personalidad (facilitando el ejercicio de los derechos de los que es titular), pero siempre con respeto a la ley y a los derechos de los demás (los terceros frente a los que se pronuncian los asientos registrales).
Esta misión sólo es posible en el seno de una sociedad inclusiva, en la que la ciudadanía pueda ejercitar en pie de igualdad sus derechos, protegiendo como un valor su diversidad. Esta es una meta hacia la que seguimos caminando, que constituye nuestro horizonte último.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, nos ha concedido el premio de este año 2020, en la categoría Acción Social. Lo recibimos con emoción, con humildad, sabedores de que queda mucho por hacer, a la par que supone una renovación de nuestro compromiso por un servicio público accesible. El honor de recibirlo se acrecienta al compartirlo con el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, CEADAC, emblemático por su servicio a las personas y familias y profesionales que viven la realidad de esta discapacidad.
La revista recoge las intervenciones del presidente del CERMI, Luis Cayo, y del director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, sociedad civil y administración pública, ambos unen sus anhelos por una mayor integración de calidad.
En las Cortes, a propuesta del Ministerio de Justicia, se está debatiendo el proyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Nos consta el esfuerzo de todos los grupos políticos por lograr un marco jurídico adecuado para que cualquier persona pueda ejercitar sus derechos accediendo en igualdad de condiciones a la seguridad jurídica que proporciona la institución registral. Procede recordar que desde que en 1861, se creó el llamado “libro de incapacitados”, el legislador ha ido fortaleciéndolo en sucesivas reformas legislativas, así como evolucionándolo mediante su adaptación a las tecnologías más punteras.
En el año 2019, CERMI reconoció a nuestro compañero Antonio Pau, en la categoría de “Investigación Social y Científica”, por su indudable compromiso con la discapacidad. Pero las diferencias que impiden una sociedad inclusiva, no sólo se deben a la discapacidad física o cognitiva, sino también a ser capaces de aunar el pensamiento discrepante con la mayoría o con quienes ejercen el poder en la sociedad, por ello hoy nos fijamos en los “herejes” reflexionando tanto sobre su papel histórico, como sobre la disidencia en el mundo actual. La discrepancia es un valor que nos hace a todos más humanos. Como decía Antonio Machado: “¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela”.
“Desde que en 1861 se creó el hoy conocido como Libro único informatizado de situaciones de la persona, el legislador ha ido fortaleciéndolo en sucesivas reformas legislativas, así como evolucionándolo mediante su adaptación a las tecnologías más punteras”
Esa sociedad inclusiva a la que todos aspiramos, incluye la diversidad de pensamiento, la diversidad de capacidades, y la diversidad de relación con el medio en que nos movemos. Los derechos de los ciudadanos de la España rural son los mismos que los de la España vaciada. El próximo Congreso de Registradores a celebrar en Valladolid los días 10 y 11 de junio, versará sobre la España vaciada. Os invitamos a uniros a esta reflexión desde todas las perspectivas que condicionan un desarrollo sostenible (economía, sociedad, medio ambiente).
En este Congreso también estudiaremos -como hacemos también en este número de la revista-, la necesaria transformación digital, porque si algo ha puesto de relieve la pandemia ocasionada por el COVID-19, es que la tecnología no puede convertirse en una nueva brecha que aliente un desarrollo a dos velocidades. La Carta de derechos digitales de la ciudadanía, debe fundarse en el artículo 10 de la Constitución Española, elaborándose desde la centralidad de la persona si perseguimos que suponga un paso más hacia la plena inclusión.
Los registradores creemos que la apuesta por el carácter inclusivo de la sociedad, debe ser, como señala Rebeca Grynspan, global aunque con conexión local. El Premio Gumersindo de Azcárate en su X edición, fue recogido por la Secretaria General Iberoamericana, que reiteradamente ha señalado su apuesta por un nuevo orden mundial, en el que Iberoamérica participe desde “el poder de los valores, de la narrativa, de lo intangible. Y también desde la cooperación”.
Una sociedad inclusiva, necesita del derecho para que tome cuerpo, pero sin el impulso de todos y cada uno de nosotros no será posible.
