El Defensor del Pueblo y sus homónimos en las comunidades autónomas tienen un retrato, de fondo gris, cuando no en negro, de las insalvables dificultades de muchos ciudadanos para acceder a servicios que le son exigidos, por el único procedimiento tecnológico. La pandemia ha agravado a límites estratosféricos la dificultad de hacer un trámite público, o también privado, ante un ser humano. La brecha digital se ha ahondado con despiadada crudeza por la pesadilla de la covid-19 y corresponde a los gobernantes, a las administraciones, a las empresas, actuar en función de las necesidades de quienes tienen dificultades totales o parciales para utilizar la conectividad. El lugar donde se resida, la formación, el sexo, y la edad, son los factores determinantes para evaluarlas.
El retorno a la presencialidad toma cuerpo en los sectores privados, a medida que los datos del covid decrecen y la vacunación se extiende en porcentajes muy altos. El ritmo está lejos de ser brioso en las administraciones públicas: Desde la atención primaria del sistema de salud, hasta los ámbitos de solicitud de ayudas y desarrollar trámites para auxilio a la dependencia. ¿Qué pasa en la administración o administraciones?, es la pregunta sin resolver en todas las fases y olas de la pandemia. La atención on line no ha podido ser utilizada para quienes no tienen habilidades para utilizarla, singularmente los más mayores, además del descubrimiento dramático de que no todos los niños han podido seguir las clases telemáticamente por ausencia de ordenadores personales. El esfuerzo realizado ha sido ímprobo, y hay que reconocerlo y alabarlo. Muchos sectores profesionales han dado de sí hasta el límite. No se trata de echar por tierra el esfuerzo individual sino de poner de manifiesto que la pandemia ha desbordado las capacidades de las administraciones. Muchos ciudadanos han sido los damnificados. Hombres y mujeres en tramos de edad avanzada y sin habilidades para la tecnología, se han topado, y la situación se mantiene, con un muro insalvable para realizar trámites en el banco, en el centro de salud, o en los servicios municipales. El sector financiero avanza en su decisión de cerrar oficinas bancarias y derivar todos los trámites a través de sus webs.
El Colegio de Registradores acaba de celebrar en Valladolid su VI congreso nacional con el título “Humanismo y Tecnología” y su decana, María Emilia Adán, enmarcó el núcleo central del debate. Los registradores quieren escuchar a la sociedad “para servirla más y mejor”
¡Cuántas implicaciones supone especialmente para mujeres mayores la imposibilidad de tratar sus asuntos económicos con un empleado de su sucursal! Entre otras, la pérdida de su autonomía y privacidad al tener que depender de otro para manejar sus cuentas. Los empleados de banca lo saben muy bien, sobre todo en localidades pequeñas, en las que han echado el cierre, aunque no exclusivamente.
Las consecuencias negativas para sectores concretos de la sociedad, no pueden impedir el avance constante y el salto a la digitalización global. España, lo necesita especialmente. Apenas son una insignificante china en el zapato. Aun así, la obligación moral colectiva, y, por supuesto, de los poderes públicos obliga a no dejar a nadie en la estacada. El Colegio de Registradores acaba de celebrar en Valladolid su VI congreso nacional con el título “Humanismo y Tecnología” y su decana, María Emilia Adán, enmarcó el núcleo central del debate. Los registradores quieren escuchar a la sociedad “para servirla más y mejor”. “Por eso utilizamos la tecnología pero esta no puede convertirse en un muro o crear una brecha”. Que así sea. Administraciones digitalizadas, con rostro humano y alma.
Anabel Díez
