“Tenemos que lograr que los procedimientos sean más eficientes”
José Miguel Bueno, subsecretario de Justicia, aborda en esta entrevista algunas de las cuestiones consideradas como imprescindibles por su departamento, como la modernización de la prestación de los servicios, la definición de los procedimientos y el fortalecimiento de conceptos como calidad y experiencia del usuario en los servicios públicos.
El ministro de Justicia ha manifestado en diferentes ocasiones que hay que convertir este difícil momento en una gran oportunidad para modernizar la Administración de Justicia que no podemos desaprovechar. ¿Cómo está contemplando este proceso de transformación desde la Subsecretaría?
La necesidad de modernizar la administración de Justicia y la administración pública era algo que ya estaba en la agenda desde hace tiempo y este equipo ministerial lo tenía fijado entre sus prioridades desde el primer momento. Como en muchas otras organizaciones, en la administración del Estado y en la administración de Justicia, ese proceso se ha acelerado como consecuencia de la pandemia. El confinamiento nos exigió pasar a tramitar electrónicamente muchos procedimientos que hasta ahora, en su totalidad o en buena medida, se tramitaban físicamente. Tenemos que ser capaces de mantener las garantías que todo procedimiento administrativo exige y, a la vez, reducir las cargas de tramitación para la ciudadanía; en definitiva, tenemos que lograr que los procedimientos sean más eficientes.
Descendiendo al plano de los ejemplos, quisiera destacar la modernización y simplificación de las sedes electrónicas, la judicial y la administrativa, que hemos abordado. Estamos revisando conjuntamente con la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia el procedimiento de pago de los salarios de tramitación, que es muy complejo, para reducir retrasos e ineficiencias. Hemos ampliado las posibilidades de la sede electrónica, de forma que ahora la usamos para las convocatorias de personal o para la presentación de solicitudes de indulto, como pude explicar en mi reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados. Aunque no es muy conocido el dato, tramitamos aproximadamente 4.000 expedientes de indulto al año, por lo que la carga de trabajo es intensa en esta unidad del ministerio.
Los registradores continuamos implementando y potenciando procedimientos telemáticos para ofrecer un servicio público cada vez más cercano a la ciudadanía, rápido, sencillo y sin merma de la seguridad jurídica. La última iniciativa ha sido la App del Colegio de Registradores, que utiliza la geolocalización para facilitar la información registral. ¿Qué sugerencias nos haría al respecto?
En primer lugar, quiero darles la enhorabuena. Me parece que se trata de un ejemplo estupendo precisamente de lo que venimos comentando: la necesidad de aplicar la tecnología sin merma de garantía. Dicho de otra manera, la seguridad jurídica y la tecnología no están enfrentadas sino que, muy por el contrario, la transformación digital puede reforzar la seguridad de nuestro sistema institucional y normativo. Ahora bien, siempre tiene que haber un proceso de reflexión previo por parte de las instituciones competentes y los operadores jurídicos implicados: es lo que nosotros abordamos como seguridad jurídica digital en la que notarios y registradores, obviamente, están llamados a desempeñar un papel protagonista.
Esta mejora de procesos redundará necesariamente en un mejor servicio a la ciudadanía y a las empresas, y permitirá crear valor para la sociedad. Debemos alejarnos de pensar en los servicios de manera estática. Creo que esta aplicación es un ejemplo de ello. Si estoy bien informado, esta aplicación facilita el acceso de la ciudadanía a la información registral desde el móvil, permitiendo incluso solicitar nota simple y abonarla desde el dispositivo móvil.
Seguridad jurídica digital y transformación digital del servicio público de justicia son dos proyectos que tienen que ir de la mano para una mejor prestación de servicios públicos y para crear un entorno favorable para la actividad económica del país.
“Seguridad jurídica digital y transformación digital del servicio público de justicia son dos proyectos que tienen que ir de la mano para una mejor prestación de servicios públicos y para crear un entorno favorable para la actividad económica del país”
El pasado 1 de abril, en pleno estado de alarma, pusimos en marcha una nueva página web que ha recibido la certificación de accesibilidad AA que otorga ILUNION Tecnología y Accesibilidad, que avala que se pueda acceder, navegar e interactuar de forma eficaz y autónoma con su site a cualquier persona con discapacidad. El ministro de Justicia ha manifestado que esta podría ser la legislatura del Derecho de la discapacidad. ¿Cuáles son sus objetivos en relación a la accesibilidad de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones a los servicios públicos?
El compromiso del Ministerio con las personas con discapacidad es total. Como conocen ustedes, el pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta Ley supone un cambio radical en el modo de concebir el marco jurídico que afecta a este colectivo. En el sistema hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, predominaba la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad; ahora nos movemos a otro modelo, más de conformidad con estándares internacionales que obligan al Estado español, basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones. Para ello se han regulado en el texto legal las instituciones de apoyo a las personas con discapacidad.
Justicia recibirá 410 millones de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la recuperación económica de la crisis provocada por la COVID-19, que se utilizarán en el marco del protocolo de cogobernanza con las Comunidades Autónomas. ¿Cuáles serán los principales proyectos que se podrán financiar con estos fondos?
Podemos hablar de tres líneas maestras de la planificación estratégica planteada por el Ministerio de Justicia: la potenciación de la transformación digital del servicio público de justicia con innovación y calidad; la transformación del funcionamiento y procedimientos de la Justicia con una serie de leyes procesales y sustantivas; y, por último, las inversiones que queremos hacer de la mano del IDAE para la transformación ecológica y la descarbonización de las sedes judiciales.
En cuanto a los proyectos de digitalización de la Justicia (Transformación Digital), que el Ministerio gestionará en cogobernanza con las Comunidades Autónomas y que son un medio para mejorar la eficiencia del servicio público de justicia, destacaría la digitalización de los órganos judiciales, en relación con la mejora de los sistemas de gestión procesal y sistemas asociados; los proyectos para el desarrollo del expediente judicial electrónico sostenible y la digitalización de las Fiscalías mejorando las aplicaciones del Ministerio Fiscal; los proyectos de interoperabilidad orientada al dato en el ámbito de la administración de Justicia y los sistemas de información para la solución telemática de conflictos; así como los proyectos para la mejora del teletrabajo, entre otros.
Asimismo, hemos de destacar los proyectos de inmediación digital y fe pública digital y el proyecto de transformación del Registro Civil que implantará un modelo de Registro Civil basado en las personas, público y gratuito, íntegramente digital y con plena participación de las Comunidades Autónomas.
Por otro lado, parte de la inversión se canalizará a proyectos de mejora de las infraestructuras y los equipamientos en edificios de juzgados, sedes judiciales, del Instituto Nacional de Toxicología e institutos de medicina legal
Se acaba de iniciar la fase de consulta pública del Anteproyecto de ley orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, llevado a cabo por el Ministerio. Se trata de un paso decisivo para alcanzar el objetivo de un servicio público de la Justicia de Calidad. ¿Cuáles son los aspectos más destacados que contempla este Anteproyecto de ley?
En realidad, el ministerio está trabajando, entre otros proyectos legislativos, en la elaboración y tramitación de tres proyectos de Ley directamente vinculados con el servicio público de justicia. El primero dirigido a la eficiencia procesal, el segundo, a la mejora de la organización judicial, y el tercero enfocado en la transformación digital.
La primera de ellas, la Ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia, es una respuesta directa a la pandemia, orientada a agilizar la actividad de la justicia en términos estructurales. Por ello, introduce reformas de las leyes procesales aumentando la agilidad, celeridad y eficiencia. Se generaliza la celebración de vistas y otro tipo de declaraciones a través de videoconferencia y se regula los sistemas de autentificación e identificación, para reducir el desplazamiento de los ciudadanos y profesionales a las sedes de Juzgados y Tribunales, y evitar la concentración de personas en las oficinas judiciales.
La segunda de ellas, la Ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia a la que usted se refería en su pregunta, abordará la implantación de los Tribunales de Instancia y la Oficina Judicial, haciendo un uso intensivo de la tecnología para prestar un servicio público eficiente y de calidad.
En tercer lugar, la Ley de eficiencia digital del servicio público de justicia establecerá las bases legales de la transformación digital de la administración de justicia.
Asimismo, se abordará una nueva regulación sobre las relaciones digitales de la administración de Justicia con ciudadanos y colectivos profesionales, incluyendo un nuevo régimen de protección de datos adaptado al sector. Por último, la regulación de la seguridad jurídica digital incluirá la fe pública digital de notarios, registradores y letrados de la administración de Justicia, contemplando asimismo las infraestructuras tecnológicas críticas para el normal funcionamiento del servicio público de justicia, con objeto de promover el Estado de Derecho en el nuevo entorno digital.
“La regulación de la seguridad jurídica digital incluirá la fe pública digital de notarios, registradores y letrados de la administración de Justicia con objeto de promover el Estado de Derecho en el nuevo entorno digital”
En breve se aprobará la Ley de medidas de justicia digital y sostenible, que constituye la apuesta del ministerio por la agilización procesal del servicio público. ¿Qué se espera de esta nueva norma y qué papel puede jugar el Registro en esa apuesta?
Ya me he referido en mi anterior respuesta a la Ley de eficiencia del servicio público de justicia. Entrando más en detalle puedo decir que se lleva a cabo una potenciación de los medios no jurisdiccionales de resolución de conflictos. Como han tenido ocasión de reseñar en varias ocasiones tanto el ministro como el secretario de Estado de Justicia, tenemos que hacer un esfuerzo por desjudicializar conflictos en los que se ven inmersos los ciudadanos y que tienen, potencialmente, formas alternativas y adecuadas de resolución.
El servicio público de Justicia debe ser capaz de ofrecer a la ciudadanía la vía más adecuada para gestionar su problema. En unos casos será la vía exclusivamente judicial, pero en muchos otros será la vía consensual la que ofrezca la mejor opción
Y es en este contexto donde cobran especial protagonismo las profesiones jurídicas, especialmente por el papel negociador que puedan asumir, entre otros, los registradores de la propiedad. Por ello, la actuación de la Junta del Colegio de Registradores, en septiembre del 2019, dando rango de vocalía a la mediación y a la conciliación como modo de resolución alternativa de conflictos en la que los registradores deben colaborar es una medida esencial. 
Los registradores estamos preocupados por el posible incremento de procedimientos concursales consecuencia de la crisis económica provocada de la pandemia. ¿Qué opciones baraja el ministerio para evitar su acumulación? ¿Ve conveniente propiciar los acuerdos preconcursales?
Las distintas medidas adoptadas por este Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia y en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, han permitido que, a día de hoy, todavía no se haya producido la acumulación ni el colapso de los Juzgados mercantiles.
Por otra parte, también el pasado mes de julio, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobó el plan de choque para afrontar la litigiosidad postcovid-19, que incluye medidas en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil.
Finalmente, el pasado 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que además de clarificar algunas cuestiones que en la práctica se estaban planteando como polémicas, es un texto que sirve de base para introducir las próximas mejoras necesarias en el ámbito concursal. En efecto, en cuanto a los acuerdos preconcursales, no se trata de una cuestión de oportunidad, sino antes de bien del cumplimiento de la normativa europea. El Ministerio de Justicia ha sido designado como ministerio responsable de la transposición de la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, que apuesta decididamente por evitar los concursos de acreedores impulsando los acuerdos en una fase de temprana, no ya de insolvencia actual o inminente como hasta ahora, sino de previsibilidad de insolvencia. Solo así será posible adoptar soluciones ágiles y eficaces que permitan mantener la actividad y con ello el empleo y el tejido productivo.
El compliance o cumplimiento normativo, es en la actualidad una de las cuestiones más novedosas e incipientes a incorporar en las estrategias de gestión de cualquier organización pública o privada. ¿Cómo se contempla desde el ministerio la internalización de estándares éticos y legales como protocolos de buen gobierno? ¿Qué aportará la adecuada implantación de la cultura del cumplimiento?
Los programas de cumplimiento normativo son fundamentales en cualquier organización pues dada la complejidad de la sociedad actual y, en consecuencia, la mayor complejidad de los ordenamientos jurídicos, contar con protocolos suficientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone. Desde las políticas de la Unión Europea, por otra parte, se está potenciando cada vez más la cultura de cumplimiento, y prueba de ello son iniciativas normativas, directa o indirectamente relacionadas con el compliance, como es el caso de la Directiva UE 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, de cuya trasposición es responsable el Ministerio de Justicia.
En el ámbito de la Administración General del Estado, vinculada por el principio de legalidad conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución, el cumplimiento normativo digamos que va en la propia esencia de la organización.
“La actuación de la Junta del Colegio de Registradores, en septiembre del 2019, dando rango de vocalía a la mediación y a la conciliación es una medida esencial”
Una de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea para la recuperación es la transición medioambiental y para hacerla posible se habla de figuras como los bonos vedes. Teniendo en cuenta que en el Registro se constituyen las garantías sobre inmuebles y nuestra particular vinculación con la riqueza territorial, ¿cómo considera que podemos contribuir a una mayor sostenibilidad?
En toda Europa y también en España se está apostando por un mercado hipotecario verde o sostenible, mediante la introducción de las llamadas hipotecas verdes. La utilización de estos productos es actualmente, sin embargo, residual porque no se trata de un producto maduro.
La contribución a la definición del modelo teniendo en cuenta estos factores puestos de manifiesto por la asociación hipotecaria española por parte de los registradores puede ser la aportación fundamental del colectivo a la consecución de una mayor sostenibilidad.
Por último: ¿Qué nos pide a los registradores en estos momentos inéditos por las dificultades que entrañan?
Creo que estamos trabajando juntos en un clima de colaboración muy adecuado, y continuaremos en esa línea, como no puede ser de otra manera, porque es lo que le debemos a la ciudadanía todas las instituciones que tenemos un papel atribuido en la prestación de servicios públicos. Las consecuencias de la pandemia de la COVID nos están demostrando que los casos de resiliencia se dan solamente cuando existe una red de servidores públicos y de entidades privadas sólidamente tejida. Como hemos dicho a lo largo de la entrevista, modernizar la prestación de los servicios y la definición de los procedimientos y fortalecer conceptos como calidad y experiencia del usuario en los servicios públicos son cuestiones imprescindibles. Y el papel que desempeñáis los registradores, así como otros colectivos vinculados a la seguridad jurídica digital, es absolutamente esencial. Como ha señalado el secretario de Estado en numerosas ocasiones, en el ministerio creemos en la necesidad de definir un modelo de seguridad jurídica digital para el siglo XXI, de carácter incluyente y participativo, por lo que nos vais a tener a vuestro lado durante y después de esta pandemia con la mirada puesta en la ciudadanía y, en particular, en los que peor lo están pasando y a los que más tendremos que ayudar.
