Lo que sucedió aquel 3 de agosto de 2011 lo relata el propio presidente del Gobierno en la época, José Luis Rodríguez Zapatero, en su libro El Dilema: “Fue un día intenso, intensísimo. El Palacio de la Moncloa me pareció más grande que nunca y cuando tarde, por la noche, me quedé solo, sentí por momentos que podía perder la batalla. ¿Pero había alguna manera de que no la perdiera el país?”. El entonces líder socialista estaba abatido. Había convocado elecciones anticipadas, pero en plena precampaña electoral la Eurozona estaba en vía de dejar quebrar a Grecia y se extendía un letal contagio a los otros países del sur altamente endeudados. La prima de riesgo de España había superado ese día los 400 puntos básicos y el riesgo de tener que pedir rescate internacional estaba muy próximo.
Zapatero cruzaba los dedos para que el entonces máximo responsable del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, anunciara al día siguiente que salvaba a España e Italia. Nada de eso ocurrió. Al contrario, Trichet escribió a Zapatero el 5 de agosto resaltando que es España la que se tenía que salvar a sí misma adoptando medidas claras de lucha contra el déficit. Zapatero respondió que lo haría, pero que el BCE debía contribuir “a través de la compra de deuda pública española para estabilizar los mercados”. Ambos cumplieron sus respectivas peticiones. Trichet nunca llegó al nivel de apoyo que sí adoptó un año después su sucesor, Mario Draghi, pero empezó a comprar bonos españoles. Y Zapatero, ordenó un nuevo paquete de medidas de ajuste y, aunque el francés no se lo pidió expresamente, empezó a urdir la última reforma de la Constitución, la del artículo 135.
Se trata de la última gran muestra de espíritu de consenso constitucional y el acuerdo más importante entre los dos principales partidos políticos de España durante la crisis. Tuvo el mérito añadido de que se produjo en plena precampaña electoral con el supremo fin de evitar el rescate y el bochorno internacional del Estado.
Gracias a la reforma, antídoto fundamental en un país que debe el 100% de su PIB, los gobiernos de todo color ya saben cuáles son los límites de sus políticas de gasto y deuda
El entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, asegura que cuando le llamó Zapatero el 17 de agosto para poner en marcha una reforma constitucional que inscribiera para siempre en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria mostró su acuerdo en minutos. El socialista corrobora que el gallego fue “muy receptivo” y en pocos días los equipos negociadores de ambos partidos se pusieron a construir la reforma constitucional que abocó en una nueva redacción del artículo 135. Sus dos primeros artículos son: “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”.
El entonces diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, sostuvo que eso era dar prioridad a los mercados sobre el gasto social, pero el portavoz socialista, el fallecido José Antonio Alonso, le replicó con acierto de que el verdadero peligro para la agenda social era seguir inspirando desconfianza en los mercados. “Las tensiones financieras en toda la Unión Europea han llegado a un límite que, de mantenerse en el tiempo, pondría en riesgo la sostenibilidad del Estado del bienestar“, sentenció Alonso con apoyo de Soraya Sáenz de Santamaría. Basta decir que cada año España destina ¡30.000 millones! a devolver la deuda.
Gracias a la reforma, antídoto fundamental en un país que debe el 100% de su PIB, los gobiernos de todo color ya saben cuáles son los límites de sus políticas de gasto y deuda. Zapatero confiesa que el PSOE le apoyó “más por lealtad que por convicción”. En el día de la votación, el entonces joven diputado Pedro Sánchez, aunque crítico, fue de los que lo hizo a favor, pero otros socialistas se ausentaron en señal de protesta. Finalmente la reforma cosechó 316 abrumadores votos a favor y no fue suficiente para resolver los problemas, pero sí ofreció una señal clara de que la cuarta economía del euro responde con seriedad en los momentos críticos. La Constitución prestó así un nuevo servicio a España.
Carlos Segovia
