Vivimos días de alto protagonismo del Poder Judicial. Un protagonismo con dos facetas muy distintas. La primera, absolutamente elogiable: la de la actuación sin matices y con firmeza de jueces convencidos de la enorme relevancia de su función, la de defender la misma Justicia, la ley, el Estado de derecho y, con todo ello, la misma democracia. Y una segunda, nada encomiable: la del ataque permanente a las actuaciones, capacidad y hasta independencia de esos mismos jueces, que, en absoluto deberían estar expuestos a un ataque así porque rebela el desafío al pilar más básico del Estado de derecho.

El judicial es uno de los tres poderes fundamentales y clásicos de cualquier Estado democrático. Su función no es otra que la de garantizar la justicia, proteger los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y asegurar que las normas jurídicas que soportan la convivencia y la lucha contra los delitos -la corrupción, por supuesto, está entre ellos- se apliquen de manera imparcial, uniforme y efectiva. Y eso es justo lo que lo convierte en un pilar indispensable del Estado de derecho y de la democracia. Dicho de otra manera: un ataque al poder judicial es, sin matices, un ataque a los pilares del Estado de derecho y de la democracia.

El Estado de derecho, por su parte, exige que todas las personas, instituciones y autoridades —incluidos los gobernantes y sus socios— estén sometidos a la ley. Al imperio de la ley. A una misma ley general para todos. Sin un Poder Judicial independiente, fuerte y eficaz, esta exigencia se desvanece y, con ella, la misma democracia. Friedrich Hayek afirmó que “una sociedad libre necesita que el poder del Gobierno sea limitado por leyes generales, conocidas y fijas”, y ello sólo es posible si existe un Poder Judicial con fuerza e independencia para hacer cumplir esa limitación y su papel de contrapoder sin interferencias, ni ataques, ni obstáculos. 

El Estado de derecho, por su parte, exige que todas las personas, instituciones y autoridades —incluidos los gobernantes y sus socios— estén sometidos a la ley. Al imperio de la ley. A una misma ley general para todos. Sin un Poder Judicial independiente, fuerte y eficaz, esta exigencia se desvanece y, con ella, la misma democracia

No se trata sólo de que el Poder Judicial sea una garantía de la aplicación de las leyes. Se trata de que tenga capacidad real para ser un verdadero contrapeso institucional que limite el poder y vele por su ejercicio legítimo.

Hoy nos enfrentamos a populismos, extremismos, falsas apariencias democráticas que esconden regímenes dudosamente respetuosos con la libertad humana. Y es que la democracia no se agota en el ejercicio del voto: necesita de instituciones fuertes que blinden el respeto a las reglas del juego democrático y la protección de los derechos, aunque sean minoritarios, frente a posibles mayorías abusivas y contrarias al mismo sentido de la Justicia. 

Alexis de Tocqueville dijo que “el Poder Judicial es, de todos los poderes políticos, el más oculto, pero también el más temible. Nadie puede despreciarlo sin arriesgarse a destruir la libertad misma”. Porque esa misma Justicia es la garantía máxima de la defensa de los derechos y libertades de cualquiera, hasta el más débil, frente a cualquier otro, hasta el más poderoso. Y Montesquieu advirtió con acierto de que “todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de principales, o de nobles, o del pueblo, ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las disputas de los particulares”.

Porque sólo desde la independencia judicial es posible construir una fortaleza democrática capaz de arrinconar al populismo. Deslegitimar a los jueces, invadir su esfera de competencias o someterlos al deseo político es simple y llanamente un ataque a la arquitectura misma del Estado democrático.

“La justicia no puede sobrevivir sin instituciones que la respalden, y esas instituciones deben ser capaces de resistir al poder arbitrario”, resumió Karl Popper. El Poder Judicial es esa barrera.

Carlos Cuesta