Nuestra situación económica es muy problemática. El nivel de vida de los españoles lleva tiempo estancado, el desempleo es el mayor de la UE, las cuentas públicas tienen un desequilibrio que empieza a ser alarmante, y el contexto político no facilita la adopción de reformas de carácter nacional, asumidas por la sociedad, para enfrentar los muchos problemas que nos asaltan.
Pero hay un factor especialmente relevante que deberíamos enfrentar cuanto antes: la falta de seguridad jurídica. Doctores tiene esta revista para definir positivamente lo que es la seguridad jurídica desde un punto de vista estrictamente legal. Como periodista especializada en información económica, a mí me interesa su definición negativa: se trata de evitar la incertidumbre. Este concepto se refiere a la certeza y estabilidad que deben existir en el ordenamiento jurídico de un país, garantizando que las normas sean claras y predecibles. Este principio es esencial para promover la confianza de los ciudadanos, las empresas y los inversores en el sistema legal del país.
Cuando un empresario estudia la posibilidad de crear una empresa, o un inversor internacional busca apostar por un país, o un consumidor quiere comprar algo que se sale de sus hábitos ordinarios, necesita, desde luego, ser amparado por el Estado de Derecho, pero, antes que nada, necesita certeza sobre las consecuencias legales de sus actos. Durante los últimos años, este valor tan importante ha sido dañado, y ha causado un daño enorme a nuestra estructura económica.
El activismo judicial, la abundantísima legislación aprobada durante la pandemia, la vis reguladora que se ha apoderado de nuestros legisladores, y que alcanza ya todos los aspectos de nuestra vida, la existencia de 17 Comunidades Autónomas con cuerpos legislativos propios cuyo incentivo a ampliar sus poderes es irrefrenable, y la intensa actividad regulatoria de los ayuntamientos, ha conseguido que todos los ciudadanos estemos, en algún aspecto de nuestra vida, fuera de la ley… sin siquiera saberlo.
Un problema crítico es la modificación constante de leyes y regulaciones, lo que crea incertidumbre para individuos y empresas. La inestabilidad legislativa dificulta la planificación a largo plazo y la inversión, lo que a su vez puede tener un impacto negativo en la economía.
La seguridad jurídica es un pilar fundamental de cualquier sistema legal y es crucial para garantizar la confianza de los ciudadanos y las empresas en el sistema legal. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos debido a la inestabilidad legislativa, la interpretación inconsistente, los retrasos en el sistema judicial, los cambios retroactivos y los conflictos de competencia
La aplicación inconsistente de las leyes y regulaciones a nivel regional y local puede generar confusión y desigualdad ante la ley, lo que se agrava por la descentralización del poder en España, donde las Comunidades Autónomas tienen competencias legislativas, lo que puede dar lugar a normativas divergentes.
Los largos plazos para la resolución de casos judiciales son un problema persistente. Esto va en contra del principio de seguridad jurídica, ya que las partes involucradas pueden pasar años esperando una decisión judicial, lo que afecta negativamente a sus derechos y expectativas.
En demasiadas ocasiones, se promulgan leyes retroactivas que afectan a situaciones previas. Esto crea incertidumbre y puede socavar la confianza en el sistema legal, ya que los actores económicos, particulares y empresas, pueden ser sorprendidas por cambios inesperados en sus derechos y obligaciones.
La seguridad jurídica es un pilar fundamental de cualquier sistema legal y es crucial para garantizar la confianza de los ciudadanos y las empresas en el sistema legal. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos debido a la inestabilidad legislativa, la interpretación inconsistente, los retrasos en el sistema judicial, los cambios retroactivos y los conflictos de competencia. Abordar estos problemas es esencial para fortalecer el Estado de Derecho y promover un entorno legal más predecible y confiable. No nos jugamos sólo la vigencia de principios sustanciales, sino también nuestro futuro económico. En estos momentos en los que se configura el futuro político español, convendría que, entre las prioridades nacionales se sitúe este asunto crucial.
Pilar García de la Granja
