«La existencia del Registro elimina conflictividad y genera desarrollo económico»
Economista sénior del Banco de Francia y del Banco de España y abogado, Juan S. Mora-Sanguinetti nos habla en esta entrevista a título personal, no en representación de las instituciones para las que trabaja. En ella analiza la trascendencia que tiene un sistema judicial eficaz para el desarrollo económico de un país.
Desde una formación y perspectiva económica, ¿cómo se llega a plantear alguien estudiar las consecuencias económicas de la seguridad jurídica?
Por formación de base soy jurista, me colegié en el Colegio de Abogados de Madrid. Pero es cierto que luego he seguido mi perspectiva más de análisis y de investigación económica, doctorándome en economía y aprobando mi oposición al Banco de España.
¿Por qué merece la pena estudiar la importancia del Derecho desde el punto de vista económico? Porque es esencial. El análisis económico moderno nos dice que en el muy largo plazo no hay desarrollo económico sin calidad institucional. En otras palabras, no hay desarrollo económico, no hay evidencia de que ningún país pueda llegar a ser un país desarrollado, si no tiene instituciones sólidas que den fiabilidad. Hablamos, por ejemplo, de la calidad de las instituciones de ejecución, hablamos de la calidad de cómo funciona el Registro como institución preventiva a la conflictividad.
Y en el caso de España, ¿es un país en el que podemos decir que somos muy litigiosos, o estamos en la media de los países de Europa?
Es sin duda una pregunta muy importante. A la hora de acercarnos con este interés por averiguar la calidad de nuestras instituciones, por qué son tan importantes para el desarrollo económico, uno de los elementos primordiales que puede explicar por qué funcionan de la manera que funcionan, es conocer si el país es o no conflictivo. Y al estudiar a todos los países desarrollados en el contexto de un proyecto de la OCDE en París, observamos que España es un país extremadamente litigioso, concretamente en los momentos de recesión. Sabemos que, en la etapa de la gran recesión, hablamos de los años 2008 a 2013, España fue estadísticamente el tercer o cuarto país más litigioso de toda la OCDE, es decir, de todo el club de países de mercado democráticos, ya sea en relación con su población o en relación con su riqueza. En otras palabras, nuestras instituciones, nuestros profesionales, nuestro marco jurídico se enfrentan al reto de tener que responder a una conflictividad muy elevada y esto pone sin duda en peligro las posibilidades de que los procedimientos sean ágiles.
En las estadísticas que elaboramos en el Colegio de Registradores hemos constatado que la litigiosidad sobre la titularidad de las fincas inscritas es, sin embargo, muy baja. ¿Se pueden desglosar campos en los cuales la litigiosidad no sea tan elevada y eso puede tener alguna razón?
Es posible desglosar parcialmente los datos españoles en cuanto a la litigiosidad por materias. Sin embargo, es mucho más complicado realizar esa diferenciación para los datos internacionales. En el caso anterior, por ejemplo, en el que hacía referencia a la gran litigiosidad observada en España durante la «gran recesión» en comparación con el resto de países de la OCDE, la medida se refiere a todos los casos «civiles» en conjunto. El motivo es que es necesario llegar a una medida comparable entre sistemas jurídicos. La medida de la OCDE incluye también lo que se consideraría «civil» en otros países como Italia, es decir, engloba la conflictividad de la jurisdicción social.
El ineficaz funcionamiento de las instituciones jurídicas al final sí tiene un coste entonces en la economía del país, en el Producto Interior Bruto, y esa es una de las cuestiones que has estudiado.
Efectivamente, el funcionamiento de las instituciones jurídicas tiene un gran impacto económico. Según Douglass North, en el muy largo plazo, el principal elemento de desarrollo de un país es su fiabilidad, su seguridad jurídica. Si esa afirmación es cierta, y yo creo que lo es, deberíamos observar múltiples manifestaciones concretas en la sociedad y economía españolas. He dedicado muchos años a estudiar esas relaciones y, efectivamente, se pueden observar muchos impactos.
Tomando el ejemplo de la conflictividad (de la conflictividad no mitigada gracias al registro), lo que podría considerarse una buena medición de falta de seguridad jurídica, hemos llegado a saber que cada punto más de “inseguridad” (un punto más de congestión judicial) se traduce, por ejemplo, en Madrid, en la pérdida de 3.400 viviendas en alquiler. Esto nos daría para alojar a todos los estudiantes de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Por su lado, Barcelona pierde 3.100 viviendas en alquiler. También sabemos que, si consiguiéramos como país empujar nuestro nivel de seguridad jurídica al mejor estándar posible dentro de España, podríamos lograr, por ejemplo, que la tasa de entrada de emprendedores fuera entre un cinco por ciento y un siete por ciento superior. Esto significaría tener más servicios, más bienes disponibles, más competencia, más ideas frescas, es bienestar para los ciudadanos. La mejora de la seguridad jurídica también implica disponer de más crédito.
“No hay desarrollo económico, no hay evidencia de que ningún país pueda llegar a ser un país desarrollado, si no tiene instituciones sólidas que den fiabilidad”
¿La situación en España es homogénea o tenemos entre las distintas provincias diferencias relevantes a la hora de ver cuál es nuestra situación desde el punto de vista de la gestión de la Justicia?
Observados los datos, uno de los grandes problemas de la Justicia es que, si bien es un poder central del Estado, hay una gran diversidad regional o incluso provincial en cuanto a su eficacia. Hay una España muy congestionada y una España poco congestionada. Hay una España que está por encima de la media internacional en cuanto a ineficacia y una España que está mejor que la media europea. ¿En qué lugares y en qué provincias normalmente existe esta gran congestión judicial? Pues precisamente en la España más poblada. Murcia, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, están mucho más congestionadas que Castilla y León, Navarra, País Vasco, Galicia o Asturias. Es un tema que, a nivel estadístico, la población usualmente no conoce. Se suele hablar “mal” de la Justicia en España y de la calidad de nuestras instituciones sin reparar en los datos. Las estadísticas nos dicen que, de forma global, a pesar de algunas afirmaciones que se escuchan, estamos en la media internacional. Sin embargo, esa media esconde regiones o provincias en problemas y otras regiones o provincias en una buena situación.
Esto nos lleva a que existan diversos factores digamos externos que inciden en la eficacia de la Justicia. Y uno de esos factores que hay que pensar que es más externo que interno es la producción normativa. ¿El exceso de normas tiene una incidencia también directa sobre la propia gestión de la Justicia? ¿Los datos nos pueden confirmar esto?
España es un país que, grosso modo, ha publicado cerca de 400.000 normas nuevas desde el inicio del actual periodo democrático. El ritmo aprobador de normas, a nivel global (de todas las administraciones en conjunto) es de cerca de 12.000 normas nuevas cada año, de las cuales cerca del 70 por ciento son normas regionales. Esto hace que nuestro propio sistema pueda tener, en muchas ocasiones, riesgos de fragmentación. Aparte de ello, sabemos que este marco normativo, utilizando indicadores objetivos, está empeorando en cuanto a la calidad de su redacción. La relación entre las normas, además, es compleja, difícil de utilizar incluso para los profesionales del Derecho. Las características de este marco normativo, en general, está dificultando o enlenteciendo los procedimientos judiciales a través de múltiples factores, y sabemos también que el mayor volumen normativo está dificultando la entrada de empresas.
“Si consiguiéramos como país empujar nuestro nivel de seguridad jurídica al mejor estándar posible dentro de España, podríamos lograr, por ejemplo, que la tasa de entrada de emprendedores fuera entre un cinco por ciento y un siete por ciento superior”
Como registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, ¿en qué medida nuestra actuación incide en que la gestión de la Justicia sea adecuada y tenga una repercusión económica positiva?
La labor del Registro es primordial. Tiene una labor central a la hora de prevenir posibles conflictos y el atoramiento de otros procedimientos. Al eliminar conflictividad, genera desarrollo económico futuro como hemos comentado. El Registro da seguridad a las transacciones, mejorando el funcionamiento de los mercados y de los procedimientos ligados a la actividad de las empresas y de los ciudadanos.
Cuando se crearon los registros de la propiedad se decía que donde se abría un Registro se cerraba un Juzgado. Aunque no sea exactamente así, se puede concluir que sí que existe una relación entre conflictividad y gestión registral.
Yo apoyaría esa afirmación. Entiendo que, en este sentido, un país podría pasar del lado “malo” al lado “bueno” precisamente teniendo instituciones registrales sólidas que eviten que el país sea empujado a tener una alta litigiosidad.
José Miguel Tabarés
