El 4 de diciembre de 1952, los nueve primeros Miembros del Tribunal de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero prestaron juramento en una de las cuatro lenguas oficiales de los seis Estados fundadores. Setenta años después, la Unión Europea cuenta con 27 Estados miembros, 24 lenguas oficiales y una institución jurisdiccional, que, sin ceder un ápice en el cumplimiento de su misión esencial, ha evolucionado a lo largo de su existencia.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que me referiré aquí, por sencillez, simplemente como el Tribunal, integrado por dos órganos jurisdiccionales que suman 94 Miembros, es hoy en un verdadero crisol de culturas, lenguas y tradiciones jurídicas, en el que conviven y se afanan 2.250 personas, 125 de las cuales son de nacionalidad española. Pero no solo han cambiado la composición y el asentamiento del Tribunal, sino también su estructura jurisdiccional y sus competencias.
En efecto, varias modificaciones del Derecho primario contenido en los Tratados han ampliado las competencias de la Unión y, con ellas, las del Tribunal. Al hilo de esta evolución, también ha cambiado la naturaleza de los asuntos, que reflejan en cada momento el estado del Derecho de la Unión y las preocupaciones de la sociedad en los Estados Miembros. Los asuntos sometidos al Tribunal son cada vez más complejos y delicados. Me parece sintomático que hoy estén relacionados a menudo con el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la realización de los valores fundacionales de la Unión.
De manera natural, los dos principales impulsores de la tarea del Tribunal —tanto judicial como institucional— han sido los ciudadanos y la cooperación con los jueces nacionales en el amparo judicial de los derechos de aquellos. Digo natural, porque, ya al resolver su segundo procedimiento prejudicial en 1963, el Tribunal constató que el Derecho comunitario confería a los ciudadanos derechos subjetivos invocables ante el juez nacional. Con sus más de 43.000 resoluciones el Tribunal ha contribuido decisivamente desde entonces a modelar numerosos aspectos de la vida cotidiana de los casi 450 millones de ciudadanos de la Unión. Consciente de esto y fiel a su vocacion, la institución ha fijado como uno de sus objetivos estratégicos, junto con la mejora continua de su eficiencia, la cercanía con los ciudadanos más allá del estricto marco de los procedimientos judiciales y de las relaciones administrativas.
Por lo que respecta a la eficiencia, recordaré, a modo de ejemplo, que, gracias a las múltiples medidas excepcionales de organización de los procedimientos adoptadas ya en las primeras semanas de la reciente pandemia, esta no tuvo un impacto digno de mención sobre el ritmo de tratamiento de los asuntos. Interpretada como una oportunidad, la pandemia constituyó una ocasión de mejora, en particular por lo que respecta a la deliberación de los asuntos en videoconferencia o a la posibilidad ofrecida a las partes de participar en la vista oral por ese mismo medio en caso de necesidad (una iniciativa que la Defensora del Pueblo Europea estimó justo premiar en 2021). Al mismo tiempo, desde el punto de vista estructural, está muy avanzada la reforma legislativa necesaria para que el Tribunal de Justicia delegue en el Tribunal General de la Unión Europea una parte de los asuntos prejudiciales, equilibrando el reparto de la carga de trabajo entre ambos. Además, el Tribunal trabaja desde hace varios años en la innovación tecnológica, tanto por lo que respecta a la gestión integrada de los asuntos como al uso ético y controlado de la inteligencia artificial, no sólo en su interior, sino también en el exterior, aumentando la calidad de los datos que difunde para evitar sesgos en el entrenamiento de las nuevas herramientas del mercado.
Varios proyectos han sido ya realizados y otros están en curso con miras a la cercanía del ciudadano.
Desde el año pasado el Tribunal de Justicia retransmite cada martes en su sitio internet (http://curia.europa.eu) la vista oral de los asuntos más importantes.
El propio sitio internet es objeto de un nuevo diseño que lo convertirá en una herramienta moderna, más fácil de usar y adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad. También para reducir barreras, estamos intentando utilizar, dentro de lo posible, en las sentencias y otros documentos un lenguaje más accesible para el público en general.
Para los más jóvenes organizamos visitas escolares a distancia, que permiten a los alumnos conocer virtualmente los edificios del Tribunal, dialogar con un juez o participar en sesiones interactivas sin salir de clase, y privilegiamos los contenidos visuales con la difusión de breves animaciones que explican su papel y su estructura en un lenguaje sencillo y accesible. Un nuevo canal de comunicación, Curia Web TV, que esperamos poder abrir a finales de año, ofrecerá periódicamente una visión general de la vida cotidiana de la institución y reseñará en términos sencillos la jurisprudencia del momento.
Al mismo tiempo, mantenemos e incrementamos las visitas de delegaciones de alto nivel a los Estados miembros para presentar el Tribunal y conocer de primera mano los puntos de vista de instituciones, juristas y ciudadanos en el ámbito del Derecho de la Unión. Es un complemento muy útil de las visitas presenciales que permiten a los participantes —casi medio millón desde 1968— conocer in situ la historia, la misión y las gentes de la institución.
Como testigo y actor durante más de la mitad del recorrido del Tribunal, al que sirvo — como funcionario, director general y Secretario— desde el momento la adhesión de España en 1986, esa historia, esa misión y esas gentes me fascinan hoy más que nunca: este Tribunal, que ha demostrado una insólita capacidad de combinar evolución y progreso con la fidelidad a su esencia y cometido durante setenta años, se enfrenta hoy, en plena madurez, a retos diversos y complejos. Tanto mejor, pues la experiencia en esta institución me ha enseñado que el reto es la mejor materia prima para inventar y construir el futuro.
Alfredo Calot
