“Hemos de reivindicar el poder de la buena voluntad”
En su toma de posesión como Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo se fijó como uno de sus principales objetivos poner la institución “al servicio de aquellos que no tienen ni siquiera voz, a los que no llegan ni a quejarse”. En esta entrevista señala que el Defensor del Pueblo “trabaja para toda la ciudadanía, pero tiene que estar especialmente atento a las necesidades de los más vulnerables”.
Su nombramiento contó con el aval de la mayoría de los partidos políticos. En estos momentos de polarización usted es un hombre de consenso. ¿Cómo incide esta circunstancia en el ejercicio de su función?
A mi juicio, la institución que dirijo ha de ser decisiva en la búsqueda de espacios de convivencia, de concordia y de mediación entre el ciudadano y la Administración. No podemos dar por sentado que la discordia gobierne la realidad y de que se asiente la precepción de que oponerse a esa forma de proceder se considere una debilidad. Nunca he creído que la confrontación y la crispación sean la expresión de la integridad y la entereza, todo lo contrario. Creo que hay que tener mucha fortaleza para ser moderado. Desde la posición de Defensor del Pueblo reivindico la importancia de la buena voluntad. Soy consciente de que el diálogo no elude el conflicto, no es ajeno a la controversia y a la existencia de la distancia, la diferencia, la oposición, pero creo que la buena voluntad tiene mucho poder. Hemos de reivindicar el poder de la buena voluntad, la voluntad de buscar el bien común.
Su carrera profesional ha estado ligada a la Universidad como catedrático de Filosofía, y ha ejercido importantes cargos en la vida académica, entre ellos, presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. ¿Qué enseñanza fundamental le ha transmitido la filosofía para su posterior dedicación a la política?
La filosofía ayuda a pensar, a reflexionar, a cuestionar y también a reconocer que hay que escuchar más al otro, al que no piensa como tú. La filosofía forja, si, una manera de acercarse a la vida, a lo que nos sucede a todos cada día y eso es fundamental para quien tenga vocación de servicio público.
En el informe de 2022 del Defensor del Pueblo presentado a las Cortes informa en su estadística que la institución ha recibido un total de 31.077 quejas. ¿Podríamos decir que el Defensor del Pueblo tiene un alto grado de conocimiento entre los ciudadanos? ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden con sus quejas?
Afortunadamente cada vez son más las personas que se acercan a la institución, el número de quejas ha crecido en los últimos años. En los primeros meses de 2023 hemos tramitado ya cerca de 12.000 expedientes.
No hay un único perfil, hay que tener en cuenta que cualquier ciudadano, español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal en España puede acudir al Defensor del Pueblo. Tampoco es un obstáculo residir fuera de España, estar incapacitado legalmente o es-tar internado en un centro de privación de libertad.
La Constitución española subraya que nuestra función es la defensa de los derechos y libertades. Y hemos de responder a todos los que acuden al Defensor del Pueblo con sus quejas y demandas, a cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna.
“La institución actúa proactivamente y sale al encuentro de las realidades en las que los derechos fundamentales puedan llegar a verse comprometidos”
Cuando fue nombrado decía que estaba decidido a ser la voz de los vulnerables. ¿Cree que lo ha conseguido?
El Defensor del Pueblo trabaja para toda la ciudadanía, pero, efectivamente, tiene que estar especialmente atento a las necesidades de los más vulnerables. De ahí que en mi toma de posesión fijara como uno de mis objetivos principales poner la institución también al servicio de aquellos que no tienen ni siquiera voz, a los que no llegan ni a quejarse. El verdadero espejo de una sociedad es cómo trata a los niños, a los mayores, a los más vulnerables, a los más indefensos. Y esto no es un discurso moral sin más, es un discurso de ética pública.
El último Informe Anual de la institución, correspondiente a 2022, muestra el trabajo continuo que se hace para mejorar la eficacia de las ayudas que conforman el denominado “escudo social”, que protegen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Así, tenemos actuaciones relacionadas con la aplicación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es, creo, una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por otra parte, también hemos señalado la necesidad de implementar políticas públicas para incrementar la cobertura del sistema de becas y ayudas de comedor, ajustando la partida presupuestaria a las necesidades sociales y económicas existentes en cada momento y tomando como referencia la tasa de riesgo de pobreza infantil.
Otros ejemplos de nuestro trabajo en este campo es la supervisión que realizamos sobre el sistema de acogida de personas inmigrantes y solicitantes de asilo, o las actuaciones de oficio de inspecciones a, entre otros lugares, centros de menores o residencias de ancianos.
La institución actúa proactivamente y sale al encuentro de las realidades en las que los derechos fundamentales puedan llegar a verse comprometidos. Ese esfuerzo constante de supervisión a las administraciones públicas da también sentido a la institución.
“El verdadero espejo de una sociedad es cómo trata a los niños, a los mayores, a los más vulnerables, a los más indefensos. Y esto no es un discurso moral sin más, es un discurso de ética pública”
Usted es especialmente sensible a las dificultades entre Administración y administrado por la falta de comprensión que se produce en el lenguaje. En el del IX Congreso Internacional de la Lengua Española de Cádiz ha reivindicado el lenguaje del “tú a tú”. ¿Qué pasos son imprescindibles en estos momentos por parte de la administración para lograrlo?
El lenguaje claro forma parte del derecho a comprender y es base de otros muchos derechos fundamentales. Por ello, es necesario impulsar que las administraciones públicas usen un lenguaje claro y accesible para toda la ciudadanía, sin barreras por edad, formación o condicionamientos personales o culturales. En esta línea, hemos firmado un convenio de cooperación con la Real Academia Española. Entre otras cosas, la RAE realizará auditorias para analizar la calidad y claridad del español utilizado en todos los ámbitos de las Administración del Estado, prestará asistencia técnica a las instituciones y crearán un diccionario fácil para mejorar la comprensión del lenguaje administrativo por parte de los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo, al supervisar la Administración, procurará advertir sobre el uso del lenguaje claro por parte de ésta en sus comunicaciones con los ciudadanos, así como en el ámbito de los dispositivos electrónicos utilizados en la gestión de servicios públicos.
En su informe anual también dedica un apartado a las nuevas tecnologías, que a pesar de sus beneficios también generan desigualdades y amplían la brecha digital. ¿Qué replanteamiento habría que hacer en este sentido?
Es necesario asegurar la atención presencial a aquellas personas que tienen dificultades con las nuevas tecnologías por ser especialmente vulnerables ante la llamada brecha digital. Así, son especialmente sensibles a este fenómeno personas mayores o personas residentes en zonas aisladas, o quienes no disponen de herramientas digitales imprescindibles para resolver sus dudas y dar respuestas a sus demandas.
Desde el Defensor del Pueblo nos hemos dirigido a diversos organismos públicos señalando también que la cita previa puede ser una vía preferente de atención a las personas, pero no un requisito absoluto. Por ello, hemos instado a que se impulsen medios alternativos al electrónico para obtener cita previa para el acceso a las oficinas de atención ciudadana o a las oficinas de registro. A lo largo de 2022, hemos realizado actuaciones en este sentido con, entre otros, la Seguridad Social, el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), el Registro Civil Central, los registros civiles de Madrid y de Santiago de Compostela, la Dirección General de Tráfico y las consejerías competentes en materia de procesos de admisión de alumnos, así como ante diversas entidades municipales prestadoras de servicios básicos.
“El lenguaje claro forma parte del derecho a comprender y es base de otros muchos derechos fundamentales. Por ello, es necesario impulsar que las administraciones públicas usen un lenguaje claro y accesible para toda la ciudadanía”
La guerra de Ucrania también ha tenido repercusiones en las actuaciones del Defensor del Pueblo. ¿Qué nos puede decir al respecto?
La guerra está provocando una crisis humanitaria de enorme magnitud, que obliga a atender su repercusión en los derechos humanos de millones de personas, y a trabajar para facilitarles el refugio y la ayuda que precisan. Somos conscientes que se ha hecho un gran esfuerzo desde todas las administraciones, pero es necesario seguir trabajando en la organización de la residencia de ciudadanos ucranianos, en sus derechos a la educación, la sanidad, la vivienda. España es un país de acogida y esta crisis se está prolongando, por lo que seguimos muy de cerca como se resuelven los servicios a tantas personas, muchos menores, que fueron atendidas en primera instancia y que continúan, por circunstancias obvias, en nuestro país.
El Defensor del Pueblo ha recibido por parte del Gobierno una encomienda, a fin de constituir una comisión independiente, con el encargo de elaborar un informe sobre los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica. ¿Cómo están trabajando en este asunto? ¿Tiene también denuncias de otros ámbitos?
El 10 de marzo de 2022 el Congreso de los Diputados aprobó encomendar al Defensor del Pueblo constituir una comisión independiente para elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Asumimos la encomienda y comparecí a petición propia en junio de ese mismo año para explicar cómo íbamos a organizar los trabajos, a través de la creación de una Comisión Asesora, una Unidad de Atención a las Víctimas y un Foro de Asociaciones.
El 5 julio se constituyó la Comisión Asesora con el objetivo de determi-nar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actua-ción para evitar que esto pueda volver a suceder. Esta Comisión, de la que también forman parte la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena, cuenta con personas externas con experiencia en atención a víctimas, con conocimientos en el ámbito jurí-dico, en el de los derechos humanos, en victimología y en la docencia.
Al día siguiente la Unidad de Atención a las Víctimas comenzó a recibir testimonios y desde entonces escuchan a las víctimas de forma presen-cial, telemática o por correo postal.
Actualmente los trabajos avanzan, se siguen recogiendo testimonios y se ha comenzado a redactar el informe cuyo estado de la cuestión se pretende presentar en el Congreso de los Diputados antes de que acabe la legislatura.
La institución Registral se esfuerza día a día en prestar un servicio de calidad a la ciudadanía, en cualquier lugar de España, evitando cualquier tipo de brechas, sean digitales o sean de género. ¿Qué puede decirnos?
La institución Defensor del Pueblo es conocedora de la apuesta del Colegio de Registradores por acercar a los ciudadanos los servicios que ofrece a través de las nuevas tecnologías. Nos consta que están trabajando para facilitar y agilizar los procesos online, a través de la web. Y que esta atención se complementa con la presencial, en la red oficinas existente por todo el país.
