La justicia es un reflejo de nuestra sociedad. Los operadores jurídicos contamos con un papel clave en su prestación como servicio público básico y como garante de un acceso igualitario para toda la ciudadanía.
La presencia de la mujer en la justicia en España está más que normalizada y se ha nutrido de pequeñas victorias a lo largo de los años. Su participación es más que notable en las profesiones jurídicas, tradicionalmente masculinas, pero los techos de cristal siguen presentes y la paridad no siempre va acompañada de una igualdad efectiva.
Las mujeres son mayoría entre abogados, jueces y procuradores; pero continúan relegadas en los órganos corporativos y en las instancias superiores de la judicatura. Solo 14 de los colegios de abogados en España están encabezados por una mujer; de las 50 audiencias provinciales, 11 las presiden mujeres; y solo 3 están al frente de Tribunales Superiores de Justicia. Esta desigualdad se hace más evidente en los cargos de más alto nivel: de ser alrededor del 60% de titulares de los juzgados, su presencia mengua como presidentas de sala en los Tribunales Superiores de Justicia hasta el 28%; hasta llegar al 18,6% en el Tribunal Supremo, en cuya sala de gobierno finalmente contamos por primera vez con la presencia de dos mujeres.
Esta imagen es el reflejo de la desigualdad que sigue presente en nuestra sociedad. A las puertas del 8 de marzo y del Día Internacional de la Mujer, todos y todas –profesionales, judicatura, órganos del CGPJ y poderes públicos– contamos con el imperativo ético de reivindicar y garantizar la presencia igual y plena de la mujer también en el ámbito de la justicia.
La incorporación de la perspectiva de género en la justicia es fundamental para construir una sociedad libre de discriminación que garantice los derechos del conjunto de la ciudadanía y nos ayude a legislar mejor y a mejorar el diseño de los espacios en los edificios judiciales
Queda un largo camino por recorrer, que pasa por acabar de normalizar de forma plena el ejercicio profesional de mujeres en cuerpos en los que todavía son minoría.
La incorporación de la perspectiva de género en la justicia es fundamental para construir una sociedad libre de discriminación que garantice los derechos del conjunto de la ciudadanía y nos ayude a legislar mejor y a mejorar el diseño de los espacios en los edificios judiciales; creando entornos seguros que evitan la doble victimización y protegen a las víctimas del delito, especialmente a las mujeres. Hemos impulsado la formación especializada para todos los operadores jurídicos y para el personal que trabaja en los juzgados en cuestiones de género, violencia y prevención de la discriminación. Esta aproximación es esencial en todo sistema de justicia democrática. En definitiva, para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Es el momento de reivindicar el valor añadido del liderazgo femenino; que pasa por impulsar el papel de la mujer como agente transformador de la sociedad; también desde las profesiones jurídicas. Este es nuestro compromiso para un futuro de iguales y libre de discriminación.
Ester Capella i Farré
