La Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea, conocida como Directiva de herramientas digitales, que entró en vigor el pasado 13 de mayo, ha supuesto la transformación en la prestación del servicio público registral con la total digitalización de los Registros, ganando en transparencia, agilidad y eficiencia. De la digitalización de la Justicia y del papel de la seguridad jurídica en el futuro de Europa hablamos con Lola Villar, Almudena Darías y Ruth Álvarez, consejeras de la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER).
Lola Villar es consejera coordinadora de Justicia en la REPER. Ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado en 2001 y posteriormente ha desempeñado diferentes responsabilidades dentro de la Administración general del Estado. En 2009 se incorporó al Ministerio del Interior, donde estuvo destinada seis años, “una etapa enriquecedora, con un trabajo muy variado que abarca tanto los aspectos consultivos de diversas materias, como la coordinación de los aspectos contenciosos que afecten al Ministerio”, comenta.
En 2019 llegó a Bruselas para realizar en la REPER funciones de coordinación de los demás consejeros y de los asuntos de la Consejería, y de ser el principal interlocutor con el Ministerio de Justicia. Además del seguimiento de los asuntos civiles, coordinó los asuntos en materias de derecho penal, derechos fundamentales, justicia electrónica y las habituales referidas a los Consejos de Ministros de Justicia.
Villar señala que siempre había tenido especial interés por los asuntos internacionales, colaborando previamente con la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y siendo miembro del Comité de Asuntos Legales de la Unión Europea de Radiodifusión. Sin embargo, “tenía especial curiosidad por poder participar en la negociación de los instrumentos legislativos de la Unión Europea, ya que el contacto con los mismos siempre llegaba a mis manos en una fase posterior, bien en la de transposición, o en algunas ocasiones con motivo de la incoación de procedimientos de infracción”. Poder participar en la fase previa de negociación del instrumento legislativo, representando los intereses de tu país, señala, “es fascinante y te permite una apertura de miras al proceso interno que de otro modo sería difícil de obtener”.
Desde su incorporación a la REPER le ha tocado vivir acontecimientos históricos. Ha formado parte de la representación de España durante la legislatura europea más fructífera de la historia en cuanto a número de expedientes legislativos, le ha tocado vivir la reacción de Europa al drama de COVID-19, la invasión de Ucrania y la presidencia española del consejo. En este sentido recuerda que la etapa de la pandemia fue muy convulsa, “en la que la maquinaria de la Unión Europea no podía quedarse atrás y que implicó una labor vertiginosa en todos los campos afectados a fin de lograr una respuesta sólida jurídicamente y coherente”.
Respecto a la presidencia española manifiesta que profesionalmente ha supuesto un salto cualitativo en el desarrollo de su carrera. “Entras en contacto profesional intenso con todas las instituciones, Consejo y sus Estados miembros, Comisión y Parlamento, y llegas a conocer los entresijos y dificultades que entrañan estas negociaciones desde el punto de vista de cada actor e incrementas el manejo de herramientas y técnicas de negociación a fin de lograr los objetivos que el Consejo te ha asignado”. Y destaca que “la valoración que nos ha llegado de los demás Estados miembros ha sido la de una presidencia transparente, honesta, que compartía la información, de modo completo y en tiempo, y muy tenaz e implicada en el logro de objetivos, que ha buscado y ha logrado el consenso”.
“El principio de seguridad jurídica, que persigue garantizar que las situaciones y relaciones jurídicas regidas por el Derecho de la UE sigan siendo previsibles, es uno de los pilares clave que guía toda nuestra actuación” Lola Villar
Sobre el papel de la seguridad jurídica en el futuro de Europa, y en particular el papel de los registradores españoles en él, la consejera coordinadora resalta que “el principio de seguridad jurídica, que persigue garantizar que las situaciones y relaciones jurídicas regidas por el Derecho de la UE sigan siendo previsibles, es uno de los pilares clave que guía toda nuestra actuación”. En este sentido indica que las instituciones europeas “apuestan, en el marco del mercado único, por una digitalización creciente”, y en este marco de digitalización exponencial, y con toda la actividad legislativa desplegada en los últimos años, “queda patente que el papel de los registros no es que sea importante, deviene en esencial e imprescindible”.
Villar resalta que “frente a los países que siguen el modelo anglosajón de registro meramente declarativo, la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de los Estados principales siguen criterios similares al español, de un registro robusto y sólido. Es el caso de Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Países Bajos, República Checa o Luxemburgo, entre otros, que, constituyen las dos terceras partes de la población de la UE. Esta prevalencia por un sistema registral robusto se ha visto en la reciente negociación de la directiva referida al incremento y mejora del uso de las herramientas digitales, en particular, el ámbito del control preventivo que persigue el refuerzo del mismo. El papel de los registradores aquí es clave y esencial, y genera un refuerzo de la seguridad jurídica que hace que se eleve la confianza en nuestras empresas en el marco de las relaciones transfronterizas”.
ESTRATEGIA DE JUSTICIA ELECTRÓNICA 2024-2028
Funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2007, Almudena Darias ha desarrollado la mayor parte de su labor profesional en el Ministerio de Justicia, ocupando el puesto de consejera técnica en la Subdirección General de Asuntos de la UE y Organismos Internacionales del Ministerio de Justicia, donde participó en la organización de la Presidencia española del Consejo de la UE de 2010. En el año 2021 llegó como consejera a la REPER, y acaba de participar activamente en la quinta presidencia española del Consejo de Europa que concluyó en diciembre del pasado año. Al respecto comenta que “ha sido mi segunda Presidencia española del Consejo de la UE, pero ambas experiencias apenas son comparables. Aunque desde Madrid hay mucha implicación, es en Bruselas donde se vive realmente el día a día”. En este sentido afirma que la participación en la Presidencia española “ha sido una experiencia intensa, vertiginosa, por momentos, estresante, pero, sin duda emocionante, una vivencia única. Y creo que hemos logrado importantes logros como Presidencia en general y, en materia de Justicia, en particular”.
Como consejera ha contribuido decisivamente a que se cierren acuerdos en varios expedientes legislativos en materia de digitalización de la justicia, como el paquete de digitalización (Reglamento y Directiva de digitalización de la cooperación judicial transfronteriza y acceso a la Justicia), que no llegó del todo cerrado a la Presidencia española. Una vez cerrado, señala, “nos centramos en la redacción y negociación de la nueva Estrategia de Justicia electrónica 2024-2028, y también llevó tiempo y esfuerzo la organización de la Conferencia sobre digitalización que tuvo lugar en octubre en Madrid y que resultó todo un éxito. Finalmente, se dedicó una sesión de trabajo del Grupo e-Justice a compartir experiencias sobre inteligencia artificial aplicada a la Justicia, en la que los sistemas españoles suscitaron un gran interés por parte de la Comisión y de otros países”.
Respecto a las las principales líneas de futuro de la digitalización de los sistemas judiciales, Darias comenta que “la nueva Estrategia pretende guiar la transformación digital en el ámbito de la justicia a escala de la UE. En este sentido, marca los objetivos estratégicos de mejorar el acceso a la justicia digital, reforzar la cooperación judicial digital, aumentar la eficacia de la justicia digital y promover una justicia digital innovadora”. Estos objetivos, afirma, “contribuyen a la accesibilidad general y a la eficacia de la justicia y se desglosan, a su vez, en objetivos operativos, en ámbitos más concretos, que servirán de base para la selección general de los futuros proyectos relacionados con la Justicia en línea”.
“Gracias a vuestra continua disposición para colaborar y compartir conocimientos se ha enriquecido enormemente nuestro trabajo y se ha facilitado el logro de objetivos comunes con resultados tangibles en los proyectos europeos.” Almudena Darias
Sobre los efectos colaterales que puede tener la digitalización, Darias destaca que “es un elemento que hemos tenido muy en cuenta en la elaboración de la Estrategia e-Justice, pero también en los trabajos del Grupo de Derechos Fundamentales. Precisamente, las Conclusiones del Consejo que adoptamos bajos Presidencia española inciden en la conveniencia de mejorar la capacitación de los ciudadanos para que puedan disfrutar de un ejercicio pleno de sus derechos, tanto en el mundo offline como online, al tiempo que se les facilita el acceso a los medios necesarios para ello, con la vista puesta, precisamente, en la reducción de esa brecha digital”. También se insiste igualmente “en la necesidad de trabajar en la construcción de un espacio digital seguro para la completa protección e implementación de los derechos fundamentales”.
En relación con el trabajo realizado durante este tiempo con los registradores españoles y el papel que tienen en el futuro de Europa, la consejera resalta que “el futuro de los registradores de la propiedad y mercantiles en la UE, se presenta como un horizonte en transformación, impulsado por tendencias tecnológicas, sociales y regulatorias. No hay por tanto transformación o avance en la UE, si no va de la mano de la transformación de los servicios que prestan los registradores. Gracias a vuestra continua disposición para colaborar y compartir conocimientos se ha enriquecido enormemente nuestro trabajo y se ha facilitado el logro de objetivos comunes con resultados tangibles en los proyectos europeos”.
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES LEGISLATIVOS
Ruth Álvarez ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado en 2009, siendo su primer destino la Abogacía del Estado de Barcelona, “una gran escuela, de práctica jurídica pero también de las llamadas soft skills que tan útiles me han resultado luego”, señala. En 2022 se incorporó como refuerzo a la REPER de cara a la presidencia española del Consejo.
“Desde la Universidad me interesó mucho el Derecho de la Unión Europea. En 2020, decidí, junto con mi familia, dar el paso y conocer de primera mano cómo funcionan las instituciones y la maquinaria del proceso legislativo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeo. Empecé en la Comisión Europea, como Experta Nacional Destacada. Aproximándose la Presidencia española, me dieron la oportunidad de reforzar el equipo de Justicia como consejera y no lo dudé. La REPER es uno de los mejores lugares en los que un servidor público puede desempeñar su trabajo. Cuando vives la experiencia de Bruselas, adquieres conciencia de la importancia de estar presente como Estado en el proceso legislativo. Seguir todo el proceso desde su inicio, es una labor muy gratificante a nivel personal y profesional, y de gran importancia para los intereses nacionales y de la UE”. Comenta que comenzó la Presidencia con gran respeto y sentido de responsabilidad, con ‘miedo’ a no dar la talla o no ser capaz de desempeñar tan importante labor. “A veces nos ponemos límites a nosotros mismos, y hay que romperlos y atreverse, porque se puede con trabajo, equipo, respeto y transparencia. La mejor recompensa, el cariño y reconocimiento final de todos con los que hemos trabajado, de la Comisión, de otras Delegaciones y del Parlamento. No se puede pedir más”, afirma Álvarez.
“Vuestra labor es esencial para garantizar el respeto y adecuado ejercicio de los derechos fundamentales en el movimiento transfronterizo de ciudadanos de la UE y fomentar la integración y el mercado interior en el ámbito del Derecho de sociedades.” Ruth Álvarez
Como consejera tuvo un papel muy activo durante la Presidencia y contribuyó decisivamente a que se cerraran acuerdos en varios expedientes legislativos que se están tramitando en el ámbito de Derecho Civil, y en la propuesta de Directiva de ampliación y mejora del uso de herramientas y procesos digitales del grupo de Derecho de Sociedades. En este sentido señala que “junto con mi compañera y consejera coordinadora Lola Villar, conseguimos cerrar las negociaciones con el Parlamento en dos instrumentos: la Directiva relativa a la protección de quienes llevan a cabo actos de participación pública frente a demandas o procesos abusivos y la Directiva de Responsabilidad civil por productos defectuosos, que, pese a su nombre poco atractivo, tendrá con su transposición gran importancia, para consumidores y operadores económicos, ya que adapta el régimen de responsabilidad civil existente a los productos de la economía circular y de la era digital, entre ellos el software y la Inteligencia Artificial”.
Respecto a la colaboración mantenida con los registradores Ruth Álvarez, que próximamente continuará su periplo europeo como experta nacional destacada en el Servicio Jurídico de la Comisión, afirma que “como aplicadores y destinatarios de las normas, el trabajo que desarrolláis en Bruselas es clave y lo será cada vez más en el futuro. Vuestra labor es, por tanto, esencial para garantizar el respeto y adecuado ejercicio de los derechos fundamentales en el movimiento transfronterizo de ciudadanos de la UE y fomentar la integración y el mercado interior en el ámbito del Derecho de sociedades”.
Por Enrique Maside, vocal de Asuntos Europeos y Dulce Calvo, directora de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores
