El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el acuerdo por el que se obligaba a los notarios a la remisión del DNI digitalizado de los ciudadanos para su inclusión en un repositorio. Asimismo, se regulaba la grabación centralizada de los índices informatizados relativos a documentación mercantil que afecta a la titularidad real. La resolución judicial, de fecha 1 de octubre, ordena asimismo la destrucción de todos los datos y documentos obtenidos al amparo de este acuerdo.
El acuerdo había sido recurrido por un grupo de notarios y por el Colegio Nacional de Registradores. Según alegaron, el CGN se había extralimitado en sus competencias, imponiendo unas obligaciones inéditas y creando un registro paralelo de actos mercantiles. En este sentido, solicitaban la anulación de este acuerdo y la destrucción certificada de los datos almacenados.
